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Ana María Vásquez
@DiarioCoLatino
Durante la asamblea anual del Movimiento de Víctimas de Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC) se destacó que uno de los principales logros es haber contribuido en la aprobación de una ley contra la minería metálica en El Salvador.
Silvia Quiroa, directora ejecutiva de CESTA y vicepresidenta de Amigos de la Tierra Internacional, señaló que a lo largo de estos 10 años el MOVIAC ha estado con sus miembros y aliados generando procesos de denuncia y discusión, lo que permitió que diferentes sectores del país se incorporaran al debate y a la presión social para que la Asamblea Legislativa aprobara en 2017 una ley para evitar la explotación de metales en el país.
También recordó particularmente la lucha de las comunidades del Bajo Lempa que junto al MOVIAC se unificaron para exigir la instalación de bordas y evitar las descargas sin control que hacía una de las principales presas hidroeléctricas de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), ya que contribuían a las inundaciones en la zona.
“Al final se ha logrado que las comunidades estén capacitadas y organizadas para atender este fenómeno de manera más efectiva”, recalcó Quiroa.
Uno de los temas que tuvo amplia discusión y debate por diferentes sectores sociales del país fue la ley de agua y la amenaza de que sea privatizada, en este sentido el MOVIAC plantea una institucionalidad que sea eficiente y garantice el derecho humano al agua de todas las personas.
Por tanto, el organismo rector del bien hídrico debe ser una instancia de carácter público, a la cual se le pueda exigir que vele por el bien común y garantice que todas las personas puedan disponer del agua que necesitan para vivir. Se propone que ese organismo rector sea parte del Órgano Ejecutivo, en la forma de un Vice Ministerio del Agua, adscrito al MARN.
La propuesta del MOVIAC junto con la de otras organizaciones ha sido analizada y tomada en cuenta en la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, sin embargo, ante la coyuntura electoral que se tiene, la ley sigue estancada en dicha comisión, por lo que la lucha del MOVIAC es seguir exigiendo una ley de carácter público.
Asimismo, los representantes del MOVIAC externaron que en el país la realidad de inseguridad alimentaria tiene a su base la imposición de políticas neoliberales, la firma de Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y otros países, así como abrir el territorio al comercio internacional agrícola, eliminando todo tipo de protección a la producción nacional, y se promueve el monocultivo de caña de azúcar con métodos altamente perjudiciales de producción, afectando al medioambiente y a la salud pública.
Por otro lado, el uso indiscriminado de agrotóxicos está matando a la población campesina, en 2015 resultaron intoxicadas por exposición a agroquímicos 1 mil 114 personas.
Según el Instituto Nacional de Salud, los niños, niñas y mujeres, son mayormente afectados, 763 mujeres fallecieron de la enfermedad renal crónica en el 2017. Por lo que la lucha de MOVIAC es exigir que se prohíba el riego aéreo y la quema, así como frenar la expansión del monocultivo de caña de azúcar.
Igualmente, no se pueden obviar los impactos que el cambio climático ocasiona y se están haciendo sentir en todo el mundo. En los últimos años el país ha soportado fuertes inundaciones y severas sequías, todo eso como consecuencia del incremento de la temperatura de la atmósfera del planeta en un poco más de 1 0C.
De continuar esta tendencia el incremento de temperatura a finales de siglo podría llegar a ser más de 5 0C, y colocar al planeta en una posición que solo podría albergar a menos de mil millones de personas, o sea, el 10 % de la población que debería existir en esos tiempos.
