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@arpassv
Varias organizaciones sociales y sindicales se manifestaron esta mañana contra la decisión del Juez Primero de Instrucción de procesar a los querellantes de ISD y FESPAD en el “Caso Flores”. Las organizaciones también criticaron la actuación del Fiscal General y exigieron su destitución.
A las protestas de hoy se sumarán muchas más en los próximos días. Organizaciones de derechos humanos, ed sickness académicas, shop ambientalistas, de mujeres, de medios alternativos, juveniles y comunitarias se movilizarán levantando las banderas de la depuración del Sistema Judicial, la elección de un Fiscal independiente y el combate contra la corrupción.
Sin proponérselo, el Juez Levis Italmir Orellana y el Fiscal Luis Martínez han propiciado una indignación creciente en diversos sectores ciudadanos ahora convencidos de que el país no puede democratizarse manteniendo un sistema judicial corrupto y una fiscalía negligente.
Entre las acciones que preparan las organizaciones sociales está la presentación de sendos recursos para exigir al pleno de la Corte Suprema de Justicia la destitución del juez Orellana y a la Sala Constitucional declarar inconstitucional la elección del Fiscal Martínez por falta de idoneidad e independencia.
La Corte plena tiene en su poder cinco expedientes disciplinarios del Juez Orellana y la Sala destituyó a magistrados de la Corte de Cuentas, un presidente del Tribunal Supremo Electoral y dos presidentes de la mismísima Corte Suprema de Justicia por supuesta falta de idoneidad e independencia. La petición de anular la elección del Fiscal Martínez por los mismos motivos pondrá a prueba la integridad de la Sala.
Propuestas sobre la depuración judicial y el compromiso de elegir a un fiscal general decente, serán ahora dos exigencias centrales de las organizaciones ciudadanas para los partidos políticos y candidatos/as a diputados/as que buscan conseguir un curul legislativo en las elecciones del 1º de marzo próximo.
La censura, amenazas y persecución política del Juez Orellana y del Fiscal Martínez contra ISD y FESPAD también ya son del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para éstas y otras instancias internacionales, los atropellos contra los querellantes de las organizaciones sociales constituyen violación a la libertad de expresión y atentado contra defensores de derechos humanos.
