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Barcelona/AFP/PL/dpa
Miles de estudiantes en huelga salieron este jueves a las calles de Barcelona, como parte de la «movilización permanente» de los separatistas catalanes, a tres días del referéndum de independencia prohibido por la justicia española.
Envueltos muchos de ellos en la bandera independentista y a gritos de «¡votaremos!» e «¡independencia!», unos 10.000 marchaban por la Gran Vía de las Cortes Catalanas, una de las principales arterias de la ciudad, constataron reporteros de la AFP.
Los estudiantes de secundaria y universidad, llamados a la huelga este jueves, tratan de defender así la celebración de la consulta, contra la que el gobierno y la justicia española han desplegado un amplio dispositivo legal y policial con el fin de impedirla.
«La mayoría de la gente joven es independentista, y si no lo es, se ha vuelto independentista después de ver lo que ha hecho España en estas últimas semanas», aseveró en declaraciones a AFP Aina González, una estudiante de 16 años.
«Si una cantidad de gente tan grande como hay hoy en Cataluña quiere separarse del país, hay que dejarles votar», añadió Pau Cabrinety, de 15 años.
La movilización estudiantil podría traducirse en la ocupación de colegios que podrían servir para la votación del domingo. La consulta tiene profundamente dividida a la sociedad catalana entre secesionistas y partidarios de seguir en España, y se ha convertido en una de las mayores crisis políticas que ha vivido el país en las últimas décadas.
«Este reférendum no soluciona, es más un problema, porque confronta a esos dos colectivos de Cataluña», declaró Alex Ramos, vicepresidente de la asociación Sociedad Civil Catalana (SCC), opuesta a la secesión.
Llamamiento a la calma
La justicia ha ordenado a la policía regional, los Mossos d’Esquadra, precintar esos colegios a más tardar el viernes por la noche, pero estos se muestran reticentes y han advertido del «riesgo» de disturbios que entrañaría la aplicación de esa orden.
El ministerio del Interior quiso por ello enviar este jueves un mensaje de tranquilidad. «Si se cumple lo que establece la juez, que es que no se puedan abrir esos colegios, no tiene por qué haber una respuesta violenta por parte de nadie, y confío en que sea así», dijo a la prensa en Barcelona el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
El funcionario participó por cuenta del gobierno español en una junta de seguridad con cuerpos policiales y encabezada por el presidente del gobierno catalán, el independentista Carles Puigdemont.
Nieto explicó que el líder catalán se negó a suspender referendo, y el propio consejero regional de Interior, Joaquim Forn, reiteró que «no pararemos la convocatoria del referéndum».
No obstante, tanto Nieto como Forn coincidieron en la necesidad de preservar la «convivencia» desde las autoridades y los cuerpos policiales.
En los últimos días, y para impedir el referendo, miles de refuerzos de Guardia Civil y Policía Nacional fueron desplegados por el gobierno español en Cataluña, lo que ha sido denunciado por los separatistas como una medida «represora».
Los representantes de sindicatos de policía comparecieron en Barcelona este jueves para asegurar que su presencia en la región es «en defensa de la ley y en apoyo a jueces y fiscales», y no para «perseguir ideas, urnas o papeletas».
El domingo «va a ser un día pacífico, ni la policía española ni la catalana son policías represoras. Nosotros no venimos en pie de guerra, venimos a que sea un día en que se cumpla la ley», declaró Mónica Gracia, secretaria general del Sindicato Unificado de Policía.
El Banco de España advierte
Por su lado, el Banco de España advirtió en su informe trimestral de los «riesgos» que entraña la tensión política en Cataluña.
«En el plano interno, las tensiones políticas en Cataluña podrían afectar eventualmente a la confianza de los agentes y a sus decisiones de gasto y condiciones de financiación», indicó la institución en su informe trimestral, en el que mantuvo sus previsiones de crecimiento para 2017 (3,1%).
Las reacciones a la consulta se sucedían desde otros ámbitos, y este jueves fue el turno del futbolista catalán Gerard Piqué, defensa del FC Barcelona, que se posicionó a favor de poder votar el 1 de octubre.
«Desde hoy y hasta el domingo nos expresaremos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantamos alto y fuerte. #Votaremos», escribió el jugador azulgrana en su cuenta de Twitter oficial.
Acusan a gobierno español de violentar crisis territorial en Cataluña
La agrupación antiausteridad Podemos acusó hoy aquí al gobierno español de recurrir a la fuerza para resolver la grave crisis territorial en Cataluña, cuyas autoridades celebrarán el domingo un referendo independentista prohibido por la justicia.
En declaraciones a la prensa, la portavoz del grupo parlamentario Unidos Podemos, Irene Montero, advirtió sobre una fractura irreparable en Cataluña y España si el ejecutivo de Mariano Rajoy persiste en solucionar ‘a lo bestia’ el conflicto en esa región.
Montero expresó su preocupación por lo que consideró una desproporcionada judicialización del diferendo secesionista en la citada comunidad autónoma por parte de la administración conservadora de Rajoy.
En línea con lo manifestado este miércoles por el líder de su partido, Pablo Iglesias, la diputada confió en que el 1 de octubre no ocurra ninguna desgracia ante la intención del poder central de zanjar la situación a base de ‘mamporrazos’.
A juicio del secretario general de la tercera fuerza política de esta nación europea, el derechista Partido Popular (PP), liderado por el presidente del Gobierno, está alentando una solución que pasa por las balas de goma, los porrazos y los cañones de agua.
Iglesias aludió a la decisión del gubernamental Palacio de La Moncloa (sede del ejecutivo español) de reforzar la presencia policial en Cataluña, con el envío de numerosos efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado para impedir la consulta de autodeterminación.
El PP puede estar muy cerca de cometer un error histórico el domingo que cueste muy caro a Cataluña y a España, advirtieron los dos dirigentes de la llamada formación morada, favorable al derecho a decidir de los ciudadanos de ese territorio del noreste del país.
Para la agrupación de izquierda, la salida sigue siendo un referéndum pactado y con garantías, lo cual es claramente viable y compatible con la Constitución y el ordenamiento jurídico, que permiten consultas por territorios, aseveró.
Lo que faltan no son leyes sino voluntad política, insistió Montero en diálogo con periodistas en los pasillos de la Cámara baja.
Hacer desaparecer la política y dejar la solución a los tribunales y a la Fiscalía General es un error histórico que puede tener consecuencias irreparables, remarcó.
En opinión de Unidos Podemos, que no comparte la realización del escrutinio unilateral aprobado por los partidos separatistas catalanes -mayoritarios en el parlamento regional- lo sensato es permitir una votación acordada con el gobierno central.
Eso es lo que quieren la mayoría de los catalanes, decidir en las urnas el tipo de relación que quieren con España, concluyó.
El Partido Socialista Obrero Español, que hasta ahora respaldó la ofensiva de La Moncloa para frenar el referendo unilateral, llamó hoy a Rajoy a abrir vías de diálogo con la Generalitat (gobierno autonómico) para evitar una mayor confrontación social.
Quedan cuatro días y eso es muchísimo tiempo en política para impedir que se produzca ese temido enfrentamiento, advirtió Margarita Robles, portavoz parlamentaria de la primera fuerza de la oposición.
Las entidades civiles que impulsan el secesionismo
Detrás de las grandes manifestaciones independentistas celebradas en Cataluña en los últimos cinco años hay dos organizaciones civiles cuyo objetivo es la secesión de la región: la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.
Ambas han dado un impulso en la calle al proceso separatista capitaneado por el Gobierno de la región española, de 7,5 millones de habitantes, aunque se consideran «completamente independientes», según aseguran sus responsables.
«Siempre hemos estado marcando el paso. La ANC fue la primera que puso sobre la mesa la propuesta de un referéndum (…) y vamos a celebrarlo. Ése es nuestro peso», explicó hace unos días la «número dos» de la entidad, Natàlia Esteve, en un encuentro con periodistas.
«Si gana el ‘no’ en el referéndum, nosotros no dejaremos nuestro trabajo, seguiremos luchando para que algún día se vuelva a producir una mayoría social en Cataluña que dé apoyo a la celebración de otro referéndum», dijo Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural.
Tanto Òmnium Cultural como la ANC están financiadas con recursos privados y aportaciones de sus socios.
Òmnium, con una historia de medio siglo, se define como una entidad «al servicio de la lengua, la cultura y el país». Cuenta con unos 70.000 miembros y con un presupuesto ordinario anual de 4,5 millones de euros, que puede incrementarse en función de los acontecimientos.
El presupuesto de la ANC, que surgió a partir de 2011, es aproximadamente la mitad y cuenta con medio millar de asambleas repartidas por el territorio catalán. Al frente de esta organización está Jordi Sànchez, quien en 2015 sucedió a Carme Forcadell, actual presidenta del Parlamento catalán.
«La ANC es un ‘lobby político’, un grupo de presión política que tiene el objetivo de que se creen las circunstancias idóneas para que Cataluña sea un Estado independiente. Nuestro compromiso es movilizar a la gente», explicó Natalia Esteve.
En las últimas semanas, la actividad de ambas entidades se ha disparado, con actos a favor de la independencia y en contra de las decisiones del Gobierno español y de la Justicia contra el referéndum unilateral convocado para el próximo domingo.
«Lo que estamos debatiendo no es la declaración unilateral de independencia. Estamos debatiendo el derecho a votar. El derecho a que las urnas escuchen a la ciudadanía», dijo hace unos días a dpa el presidente de la ANC, Jordi Sànchez.
