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Gloria Silvia Orellana
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“Nuestra movilización reclama no sólo la reivindicación de nuestros derechos, sino también denuncia los cinco años de atropellos, y el fin de 32 años de democracia participativa”, dijo Brenda Menjívar, del Movimiento Ampliado LGBTI+ El Salvador (MALES).
“Este junio, las poblaciones LGBT+ nos movilizamos en la “Marcha del Orgullo”, para celebrar nuestras identidades y formas de existir. Y también vemos una oportunidad para reafirmar nuestra existencia y dignidad, en un mundo que a menudo nos niega ambas”, agregó Menjívar.
El Movimiento Ampliado LGBTI+ El Salvador (MALES), convocaron a todas las organizaciones que reivindican derechos humanos, a sumarse a la causa de la población LGBTI+ que como otros sectores sociales ambientalistas, mujeres, juventud, feministas, suelen enfrentar los impactos de regímenes antidemocráticos.
Asimismo, anunciaron que realizarán la “Marcha del Orgullo” el sábado 29 de junio, a la una de la tarde. Antes harán una concentración entre el Bulevar Los Héroes y la Calle Gabriela Mistral, luego un recorrido por la Vía Olímpica y la Alameda Enrique Araujo hacia la Plaza Divino Salvador del Mundo.
“La solidaridad es nuestro llamado a la acción, una invitación a unirnos para enfrentar las injusticias. Marchamos por nuestros derechos como personas LGBTI+ por la vendedora desalojada del centro histórico, la madre que lucha por su hijo detenido arbitrariamente y para denunciar el alto costo de la vida y la violencia a nuestra población”, sostuvo Menjívar.
Cinco años de retrocesos en Derechos Humanos
Wendy Castillo expresó que este último quinquenio ha sido “duro para todas la población”, constituidos por “minorías” como las y los sexo género disidentes, juventudes, personas adultos mayores, indígenas o personas con discapacidad.
“Es que parece que en estos cinco años, quieren deshacerse de estas poblaciones que somos parte de esta sociedad. Las diferencias son buenas y lo único que deberíamos tener en igualdad de condiciones, son los derechos humanos, lo que precisamente hemos carecido en estos cinco años”, manifestó.
“Han sido tiempos difíciles, antes contábamos con una ventanilla en el Minsiterio de Educación, para las poblaciones sexo género disidentes, y teníamos opotunidad de llegar también al Ministerio de Trabajo, para optar a la bolsa de trabajos, cosa que actualmente es mucho más difícil”, sostuvo Castillo.
En cuanto a la relación con la institucionalidad del Estado Wendy Castillo señaló que diversos espacios y nexos como el Ministerio de Salud (MINSAL), en donde participaron anteriormente en la creación de políticas inclusivas, así como protocolos de atención a personas LGBT se cerraron.
También se han cerrado los espacios compartidos como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), un espacio de interlocución entre la población LGBTI. Y el Ministerio de Justicia, con quienes realizaron acercamientos importantes a fin de garantizar los derechos de las personas LGBT.
“Contábamos con una Dirección de Diversidad Sexual, en la Secretaría de Inclusión Social, -que si bien es cierto-, no era vinculante a ninguna ley, pero ese espacio dio alternativas para conversar con Casa Presidencial y tener políticas inclusivas como el decreto Ejecutivo 56, para evitar la discriminación por orientación sexual o su indentidad de género”, reseñó Castillo.
“Los retrocesos han sido muchos y después de todo lo que hemos luchado. Aclaro, porque ningún derecho humano que tenemos ha sido regalado. Nuestras marchas del Orgullo, ahora son más multitudinarias, porque van sus familias, estamos en todas partes y profesiones, pero ahora regresamos al tiempo al temor de decir quienes somos y eso no es justo”, reiteró Castillo.
Régimen de Excepción y el impacto en la población
Gónzalo Montano, activista de Movimiento Ampliado LGBTI+ El Salvador (MALES), agregó que el trabajo que como organizaciones de sociedad civil realizan es transparente, amplio y de cara a la población, en la búsqueda de equiparar y garantizar los derechos de todos y todas.
“Nuestro trabajo trata de minimizar la brecha de desigualdad que existe en grupos vulnerables, mujeres, población LGBTI, juventudes y otros. Y basados en ese principio de derechos humanos y disminución de las desigualdades que existen trabajamos con la población LGBTI, que nos dicen que muchas medidas aplicadas les están afectando”, enfatizó.
“Una de las medidas más duras ha sido el régimen de excepción, que ha tenido un impacto diferenciado en las poblaciones como la LGBTI, a los que han vulnerado derechos y que hemos denunciado a nivel nacional e internacional algunas condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran y el retroceso de derechos humanos”, sostuvo Montano.
Montano agregó que este “retroceso en materia de derechos humanos con la población LGBTI “ incluye el sector salud, educación y trabajo, que consideró una “invisibilización” de los derechos fundamentales a sus “identidades y orientación sexual”, cuyo protocolos aunque mínimos permitían a esta población la inclusión y protección de sus identidades, así como el trato digno.
“Las organizaciones que tenemos un trabajo de defensa de derechos humanos denunciamos que con estas medidas lo que están haciendo es generar una sensación de inseguridad en la población. De no sentirse bienvenido en los espacios públicos de atención como salud, educación y trabajo, y esto es un aspecto de discriminación y representa directamente una brecha de desigualdad”, reafirmó Montano.
¿Medicina Amarga para quiénes?
Karla Guevara, vocera del Movimiento Ampliado LGBTI+ El Salvador, aclaró públicamente que como organizaciones de la sociedad civil, “no somos partidos políticos y no somos oposición”, por el contrario, la agenda de trabajo de MALES está enfocada en la defensa de derechos humanos y les preocupa la falta de garantías que el Estado debería amparar.
“Sí, nos preocupa que el discurso haya sido -medicina amarga para la economía-, y digo, ¿Para quién es esta medicina amarga realmente?, ¿Va a seguir siendo para las personas más empobrecidas en este país?, eso es lo que realmente nos preocupa”, dijo.
“Sabemos que la transformación social debe ser primero para las grandes mayorías, pero estamos viendo un desplazamiento forzado de la economía en el Centro Histórico de San Salvador, dejando sin medios de vida a la gente. Y en las zonas turísticas del país, en donde la gente tenía sus medios de vida, la pobreza está en aumento y aumenta también la extrema pobreza”, expresó Guevara.
Para la activista, el anuncio de la “medicina amarga en economía” se debería aplicar a las grandes empresas que calificó de minorías con alto poder económico. Y con estos recursos financieros que obtenga el Estado salvadoreño pueda invertir en programas sociales.
“Si la medicina amarga es aumentar el IVA (impuesto del valor agregado), eso va afectar a las grandes mayorías de inmediato y no a las grandes empresas. Esa es realmente nuestra preocupación y por esto estamos acá, es la única medicina amarga que esperaríamos”, puntualizó Guevara.
