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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En el Mes de la No Violencia contra las Mujeres y la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas en El Salvador, diversos colectivos de mujeres feministas y transfeministas, exhortaron públicamente al Estado salvadoreño el cese de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.
Keyla Cáceres, de la Asamblea Feminista, expresó: en medio de graves retrocesos de derechos humanos, sobre todo en un contexto en donde este gobierno ha dejado claro que la niñez y las mujeres no somos la prioridad, han optado por elevar sus voces para exigir los derechos de la población femenina que es la mayoría (53%) en El Salvador.
“Este día 1 de noviembre estamos en medio de una tormenta (Pilar), y sabemos la necesidad que existe de garantizar que los albergues y todo lo relacionado a la prevención frente a estos desastres meteorológicos, también, cuenten con un enfoque de género, y sabemos que es difícil”, manifestó.
Para Keyla Cáceres, las pruebas de exclusión son contundentes, y se pueden visualizar desde los presupuestos en programas sociales que en los últimos años y el actual. “Las mujeres no estamos dentro de las prioridades”, situación que eleva la vulnerabilidad junto a la inobservancia de los derechos anteriormente alcanzados sobre una vida libre de violencia, dijo.
En el pronunciamiento denominado “Unidas, Resistiendo y Avanzando”, fue apoyado por la Asamblea Feminista, la Resistencia Feminista, el Movimiento de Mujeres con Discapacidad, Organizaciones Transfeministas, la Alianza de Mujeres Rurales y feministas independientes, quienes también anunciaron la realización del XV Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, entre el 22 al 25 de noviembre del presente año.
“Este día queremos inaugurar el mes de noviembre dejando a luz pública ciertas demandas que el movimiento de mujeres feministas hemos traído a lo largo de años y seguimos manteniendo hasta la fecha, con la situación de las niñas, adolescentes y mujeres en este país”, dijo.
“Como la mayoría de la población se ha enterado, en los últimos meses se ha incrementado la violencia contra las mujeres, contra las adolescentes. Y ha sido notable en la discusión pública que quienes han actuado contra los derechos de ellas son agentes uniformados de la Policía Nacional Civil (PNC) y militares de la Fuerza Armada (FAES”, denunció Cáceres.
Cáceres reiteró que el movimiento feminista se opone a que los militares estén a cargo de la seguridad pública, “porque no es su deber”, además de señalar que este actuar ha provocado en los 18 meses del régimen de excepción, decidan de manera “arbitraria” quién es o no culpable, dejando un “saldo de víctimas de violencia sexual, agresiones directas de acoso sexual y violencia por el hecho de ser mujeres”, por parte de los uniformados del ejército.
“En los casos de violencia sexual se contabilizan 5 mil 203 en el primer trimestre del presente año. Hay más denuncias de violencia sexual en donde se involucra a policías y militares. Circuló recientemente una noticia de una agresión sexual de una adolescente y fue desmentido por parte de la PNC, pero no podemos dejar de creer en esa denuncia como los abusos en comunidades del Bajo Lempa”, alegó Cáceres.
“El caso de Mizata mostró públicamente que tienen toda una articulación para encubrir los hechos y quedar impunes. No solo con complicidad del gobierno, si no, también, actúan otros entes como las municipalidades, y al final sabemos que todo se controla a partir de CAPRES”, dijo.
A lo anterior se suman los “feminicidios” de mujeres y niñez, que según el Observatorio Somos Ellas, hasta el 27 de octubre han contabilizado 41 feminicidios, que contrasta con los reportes oficiales de “cero homicidios”, en el marco del régimen de excepción.
En cuanto a la situación de los derechos de las mujeres en el área rural, Breni Herrera, de la Alianza por la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Rurales, dijo que ellas no se encuentran alejadas de esta realidad de discriminación y violencia.
“Las mujeres rurales son altamente violentadas en muchos ámbitos como el económico, tenemos un incremento del 25% del costo de la Canasta Básica, con respecto al 2019. Además, están siendo borradas de la base de datos del MAG, como mujeres productoras que significa exclusión de programas o proyectos que las beneficien como población campesina”, afirmó.
“El MARN sigue otorgando permisos ambientales sin un estudio de impacto ambiental, a costa de los territorios de ellas. Sólo entre junio de 2022 a mayo 2023, otorgaron alrededor de 1,339 permisos ambientales que afecta a las mujeres rurales que ocupan estas tierras no como propietarias, sino en alquiler o muchas de ellas siendo colonos”, acotó Herrera.
Delia Cornejo, de la Asamblea Feminista y FEDIM, manifestó que a 18 meses del régimen de excepción, organizaciones defensoras de derechos han acompañado a más de 5 mil 775 víctimas de graves violaciones de sus derechos humanos de los cuales: 4 mil 840 son hombres; 887 son mujeres, 21 mujeres trans, 4 hombres trans y 43 personas defensoras de derechos, respectivamente.
“Lo agravante es que el 75% de estos casos de violencia, la Policía Nacional Civil es el principal agresor. Y el 54.54% vulneraciones contra jóvenes entre 19 a 30 años de edad. El régimen de excepción ha exacerbado el acoso y violencia sexual debido a la presencia militar y policial en las comunidades”, reiteró.
“La PNC y el ejército no nos cuidan, hoy como en el pasado acosan, violan y matan, y los casos de víctimas que se hacen públicas no son las únicas, existe una larga lista de feminicidios cometidos a manos de agentes policiales y militares. Por esto exigimos que se retiren los cuerpos militares de las calles, comunidades e instituciones públicas, porque la seguridad ciudadana no es parte de sus funciones”, reafirmó Cornejo.
“Las mujeres trans también estamos en el ojo del huracán, ya que el Estado de El Salvador sigue en deuda con nosotras con la Ley de Identidad de Género”, expresó Shelcy Gallardo, de la Asociación Aspidh Arcoiris Trans, al comentar que sin esta normativa que les identifique sus derechos seguirán siendo vulnerados.
“Las personas trans somos invisibilizadas a través de este gobierno, ya que si bien es cierto existe una sentencia de la Sala de lo Constitucional para la Asamblea Legislativa, para que legisle, estos no la examinaron y solo la mandaron al archivo”, indicó.
“La Asamblea Legislativa está en desacato con las mujeres trans, ya que llevan 252 días sin cumplir esta sentencia -queremos esta ley-, para tener acceso al trabajo, la salud, vivienda digna, porque ahora vivimos en un país que se dice seguro, pero las vulneraciones a mujeres trans siguen siendo una realidad”, señaló Gallardo.
Gallardo mencionó que cuando las mujeres trans son detenidas y son trasladadas a centros de detención o bartolinas les violentan sus derechos como su nombre, y son tratadas como hombres. “Allí les cortan el cabello y se les niega sus medicamentos, ya sea de VIH o tratamientos hormonales, procesos que habíamos logrado y se han perdido por el régimen de excepción”, manifestó Gallardo.
Sara García, integrante de la Asamblea Feminista y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, reafirmó que la violencia de Estado contra las mujeres con la penalización absoluta del aborto sigue condenando de manera inocente a la mujer salvadoreña.
“Denunciamos todas las violencias que ocurren cuando un Estado como el salvadoreño sigue perpetuando una ley injusta, ahora estamos a la espera de un fallo de la Corte IDH, que será histórico en el Caso de Beatriz, que hace 10 años conmovió al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional, al conocer la historia de una mujer que se atrevió a desafiar al sistema de salud y judicial para salvar su vida”, recordó García.
