Movimiento popular cierra filas por la libertad de los cinco ambientalistas

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Un amplio número de organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, academia e iglesias históricas, cerró filas en apoyo a los defensores comunitarios: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega. Las organizaciones reiteraron la exigencia de que se pongan en libertad.

“Estoy aquí como aporte de la Comunidad Internacional, con un mensaje tanto para el gobierno como pueblo salvadoreño, que el mundo tiene en estos momentos sus ojos puestos sobre El Salvador”, manifestó, Andres McKinley, experto en Desarrollo Sostenible, de nacionalidad estadounidense.

“Así como, también los ojos de la Comunidad Internacional estuvieron sobre El Salvador en 2017, cuando este país se unió para pasar una Ley de Prohibición de Minería Metálica, a la industria más nociva al medio ambiente en nuestro planeta. Y la comunidad de Santa Marta es conocida como los impulsores más importantes de esa iniciativa”, recordó.

Desde este martes hasta el jueves 10 de octubre, los cinco ambientalistas enfrentan la Vista Pública en el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque.

El movimiento social ha criticado y señalado a la Fiscalía General de la República, de haber acusado a los cinco defensores de Santa Marta, por casi 22 meses, sin contar con pruebas contundentes y plagado de debilidad probatoria.

“Ahora, una vez más los ojos del mundo están sobre El Salvador, para ver qué pasa con cinco defensores de recursos naturales más que todo del agua en este país. Acusados injustamente de un crimen del que no existe ninguna evidencia, llevándonos a muchos a concluir que este es un caso más de persecución de defensores del medio ambiente”, alegó Mckinley.

“A nivel personal, puedo opinar como persona involucrada en el tema de desarrollo sostenible, he podido visitar proyectos mineros en Estados Unidos, en toda Centroamérica, y en la mayoría de países en África y Asia. Y no he encontrado en todo ese trajín ningún proyecto minero que traiga bienestar a las poblaciones cercanas o a los países que la permiten”, añadió.

Detención, criminalización y persecución en El Salvador

Alejandro Henríquez, integrante del Foro del Agua, reiteró la solidaridad con los cinco defensores ambientalistas de Santa Marta, a los que consideró “personas que se han entregado por entero a la lucha por la vida en todos los territorios” al recordar su labor social por la defensa del agua, en San Isidro Cabañas.

“Sin duda, la detención, criminalización, persecución y acoso de los compañeros de Santa Marta, se da en un contexto en donde la política ambiental de El Salvador, no es más que una política basada en el economicismo y desarrollismo, que impone la muerte sobre la vida, porque como hemos dicho la minería es sinónimo de muerte”, afirmó.

Todo lo que está ocurriendo en El Salvador son indicios, y nos da certeza de que quieren dar apertura a la minería metálica. En el 2023 se aprobó un presupuesto para la evaluación de la minería metálica. Y crearon una Dirección de Hidrocarburos y Minas. Y en el primer mandato de (Nayib) Bukele, el país ingresó al Foro Intergubernamental de Minería”, reseñó Henríquez.

La captura de los cinco ambientalistas de Cabañas se dio en un contexto de la nueva política del gobierno, que evidencia el irrespeto a la Ley Ambiental, como quitar trabas de investigación a los proyectos presentados por inversionistas y ceder a los permisos ambientales.

“Cuando ellos (gobierno), dicen quitemos trabas se refieren efectivamente a restarle derechos a la gente, cuando dicen desburocratizar, significa pasar por encima de las comunidades con el fin de satisfacer intereses económicos. Y en este caso, las élites y empresas que están relacionadas con la minería metalica”, agregó Henríquez.

Movimiento social preocupado por frágil sistema de justicia

Morena Murillo, del Foro Nacional de Salud, expresó la “preocupación” que el caso de los ambientalistas de Cabañas no haya sido desestimado por los tribunales de justicias, pese a la evidente “debilidad probatoria”, al referirse al papel que ha desempeñado la Fiscalía General de la República, en este caso de personas defensoras.

“Han basado la acusación en el relato contradictorio de un sospechoso testigo protegido, que primero declaró que presenció los hechos y después dijo que le contaron lo sucedido. Y la defensa legal de los ambientalistas ha demorado que no existen pruebas reales de la existencia de los delitos imputados ni la participación de los detenidos en el cometimiento”, argumentó.

“Igual preocupación nos provoca la presencia de empressas mineras en el país y confirmada por una reciente investigación periodística. Ya que esto puede ser el trasfondo o el verdadero motivo de la captura y judicialización de nuestros compañeros, porque ellos, ya habían denunciando y alertado sobre las intenciones gubernamentales sobre la minería”, reiteró Murillo.

Las Iglesias acompañan el espíritu de justicia 

El reverendo Santiago Rodríguez, de las Iglesias históricas y la Comisión de Liturgia de la Caminata Ecológica, reiteró que en la “Declaratoria Pastoral”, como religiosos reconocen que “hay un espíritu de justicia que clama libertad” e hizo un llamado a recordar a los mártires por la defensa del medio ambiente.

“El martirio de Marcelo, el martirio de Ramiro, el martirio de Dora Sorto, de Juan Durán, de Felicita Echeverría, sangres derramadas que eran personas de San Isidro, Cabañas. Y ahora los cinco detenidos están siguiendo fielmente ese testimonio de estos defensores”, reflexiona. “Lo que pedimos es justicia, que se siga un proceso apegado a derechos y que se resuelva en favor de todo un clamor de las familias, comunidades y el movimiento social que ha dado testimonio a lo largo de los años que nuestro principal interés es cuidar los bienes naturales”, exhortó Rodríguez.

Comunidad Santa Marta y ADES esperan absolución 

Alfredo Leiva, líder comunitario e integrante de ADES, extendió una invitación al pueblo salvadoreño y la Comunidad Internacional a “estar atentos de lo que pueda ocurrir los días 8, 9 y 10 de octubre”. En el proceso de Vista Pública de los defensores de Cabañas.

“Nosotros le pedimos al pueblo salvadoreño a informarse bien, a no dejarse manipular, a pesar que en el contexto que vivimos se recurre mucho a la mentira y eso pues, nos deja que seamos engañados fácilmente; el llamado es a informarse”, acotó.

“Es por esto que hemos tenido acciones sostenidas a lo largo de estos 23 meses para ir creando ese nivel de comprensión y hacer un juicio más acertado. Estamos en la recta final de este proceso y esperamos que la Vista Pública, el último evento para el cierre del caso, esperamos una absolución y les den la libertad. De no ser así, -aclaramos-, detrás de esa decisión condenatoria estarían esferas de poder del país. Hacemos nuestro llamado al sistema de justicia a trabajar apegado a derecho”, concluyó Leiva.