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Organizaciones sociales desafiaron una vez más al gobierno inconstitucional que preside Nayib Bukele, y salieron a las calles a rechazar el proyecto de presupuesto general de la nación para el año 2025, porque es lesivo a los intereses de la nación y, por ende, a los intereses populares.
El sábado por la mañana, los sectores populares desarrollaron la “segunda marcha blanca”, para exigir un presupuesto 2025 que abarque, principalmente, las áreas de salud y educación, pero también el irrestricto respeto a los derechos humanos y, por supuesto, los temas del escalafón para los empleados de salud y educación.
Decimos que los manifestantes desafiaron al gobierno inconstitucional de Bukele, porque, tras la primera marcha blanca desarrollada el 19 de octubre del presente año, Bukele ordenó el despido de los empleados públicos que participaron en la marcha.
Idalia Zúniga, secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño, fue una de las despedidas, junto a centenares de trabajadores del área de salud y educación. Algunos, incluso, fueron despedidos sin haber participado en la marcha.
En esta segunda marcha, Zúniga denunció que los despidos en el ramo de Educación han continuado. “Respeto a los trabajadores, presupuesto justo, no al recorte en sector salud y educación, libertad para los inocentes capturados”, fueron algunas frases que los salvadoreños expresaron en la marcha.
La marcha salió desde la Plaza Divino Salvador del Mundo hasta el centro histórico de San Salvador.
La demanda de las organizaciones fue un presupuesto justo y equilibrado, que atienda las necesidades de los sectores pobres y vulnerables del país. Al respecto, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular propuso, con el mismo monto presentado a finales de septiembre por el ejecutivo a la Asamblea Legislativa, un presupuesto alternativo, en el que las áreas sociales reciben el mayor porcentaje de lo presupuestado para el próximo año.
El proyecto de Presupuesto para el 2025 asciende a $9,663 millones de dólares, los cuales serían financiados en un 87% por ingresos tributarios y el 13% restante con desembolsos de préstamos internacionales contratados en años anteriores. Este año, por cierto, hasta este lunes 25 de noviembre, la Asamblea Legislativa le ha aprobado deuda pública por más de dos mil 500 millones de dólares.
De los tres órganos fundamentales del Estado, el Ejecutivo es el que tiene mayor presupuesto, el cual tendrá $5,311,539,519. La Presidencia de la República ha solicitado $139,667,868; el Ministerio de Hacienda con $93,410,868; el Ministerio de Relaciones Exteriores con $45,492,968; el Ministerio de la Defensa Nacional con $314,363,162; el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial con $283,677,604; el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con $589,044,103; el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con $1,535,787,204; el Ministerio de Salud con $1,170,381,939; el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con $14,913,784; el Ministerio de Cultura con $27,549,131; el Ministerio de Vivienda con $11,214,177; ramo de Desarrollo Local con $37,334,019; ramo de Economía con $75,210,044; ramo de Agricultura y Ganadería con $91,452,842; ramo de Obras Públicas y de Transporte con $724,749,632; ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales con $15,792,564; ramo de Turismo con $41,508,610.
Es de hacer notar que al ministerio de Salud le reducen cerca de 150 millones de dólares con respecto al presupuesto de 2024, entre los recortes al Ministerio y a los hospitales. Mientras que al ministerio de Educación le reducen $60.4 millones. Al presupuesto de la Fuerza Armada le aumentan $53 millones. Defensa, en el presente año fiscal, presenta $261.4 millones, y para el 2025 proyecta $314.3 millones. Mientras lo presupuestado para el pago de la deuda externa es de $2,784.66, equivalente al 28.8% del presupuesto general.
El Proyecto de Presupuesto también contempla más de 11 mil plazas menos respecto a 2024, según los documentos alojados en el Portal de Transparencia Fiscal. En total serán 11,176 plazas menos en las instituciones del Estado, empresas públicas e instituciones descentralizadas. Por esta amenaza, más los despidos ocurridos en este año y años anteriores del gobierno de Bukele es que los salvadoreños, aglutinados en diversas organizaciones populares, salieron a marchar. Son 9,312 plazas en el Gobierno central que serán recortadas, según el documento nombrado “Plazas a tiempo completo por sistema de pago”. En las empresas públicas se le suman otras 111 plazas menos y 1,753 de las instituciones descentralizadas, esto en comparación con el Presupuesto 2024 aprobado el año pasado.
Los motivos para protestar y salir a marchar sobran, y el pueblo debe unirse cada vez que sea convocado para estas actividades patrióticas.
