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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Se sigue confirmando que Eugenio es víctima de una persecución política, ante su valentía de declarar en el caso de los luchadores contra la minería de Santa Marta, y por una venganza personal por haberle hecho pagar por el daño que nos hizo al mentir sobre nuestra familia”, dijo Steffany Ayala, esposa del líder opositor Eugenio Chicas.
Chicas fue capturado el jueves 13 de febrero cuando venía de dejar a su hijo en el colegio. Chicas fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), tras un cuestionado proceso judicial, según opinión de abogados y representantes de movimientos populares.
Steffany Ayala relató que su esposo proviene de una familia que ejerció la lucha social por los cambios, y como él también se incorporó siendo un joven durante el conflicto armado de los años ochenta.
“En la guerra fue herido cinco veces en combate, y capturado en dos ocasiones, y en la primera fue desaparecido y torturado. Fue funcionario desde 1994, cuando fue electo por primera vez a la Asamblea Legislativa. En su vida asumió todos sus cargos con rigor técnico y transparencia”, afirmó Ayala.
Ayala recordó que, en octubre de 2017, el actual presidente Nayib Bukele, en ese entonces alcalde de San Salvador, en una entrevista matutina acusó a Eugenio Chicas de violentar a su esposa. Por lo que presentó una demanda por “calumnia”.
Y en marzo de 2019, el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla dio la razón a Eugenio Chicas, y ganó su demanda por difamación, por lo que el entonces presidente electo fue obligado a pagar 50 mil dólares como indemnización, así como pedir disculpas.
“En 2017 fue calumniado en televisión nacional por alguien, que sólo quería desviar la atención de acusaciones por violencia de género, tal como lo reconoció el hoy presidente Nayib Bukele, en una reunión privada en septiembre de 2018, y que consta en grabación publicada por un medio de comunicación en 2019”, señaló Ayala.
“Tal como se lo hicimos saber ese día con firmeza, de seguir ese proceso, porque se trataba de nuestra dignidad, de nuestras vidas aún y cuando sabíamos que era una persona poderosa en el manejo de los medios y la manipulación”, acotó Ayala.
Del mismo modo, recordó la petición de su esposo al mandatario a someterse a un “examen de antidoping” (2019), cuando estaba consolidando su primer período presidencial.
“La persecución se hizo evidente cuando Eugenio fue citado dos veces a la Asamblea Legislativa en 2021 y 2022, enfrentó un proceso administrativo, ante PROBIDAD, en 2022. Y un proceso ante la Cámara de lo Civil por un supuesto enriquecimiento ilícito desde 2023”, sostuvo.
“La sentencia emitida finalmente en noviembre de 2024, fue apelada ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otras cosas por no haberse tenido en cuenta ni siquiera los 50 mil dólares que Bukele le entregó a Eugenio”, alegó Ayala.
La Sala de lo Civil, el pasado 5 febrero, les informó que dos de sus tres magistrados “se excusaron de ser parte en el proceso“, alegando que habían conocido del caso previamente en corte plena. Así que estaban esperando el proceso de la Corte Suprema para el nombramiento de otros magistrados para conocer el caso, 9 días después lo capturan.
“Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, esa es la máxima que aplica en El Salvador el presidente de la república. La justicia no puede tener como objetivo la venganza y tampoco puede ser utilizada para destruir a la gente y sus seres queridos”, manifestó.
“A Eugenio se le han suspendido sus derechos constitucionales y lo que confirma es que el régimen de excepción es para callar voces disidentes. Y no sólo para combatir maras y pandillas. Basta de tantos atropellos a nuestro hijo, a nuestra familia, que es víctima de la represión estatal. No hay ni una tan sola prueba de que Eugenio haya tocado un solo centavo del Estado salvadoreño”, reiteró Ayala.
Persecución política para callar al movimiento popular
Marisela Ramírez, dirigente del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, expresó que como movimiento popular acompañan la “situación que enfrenta la familia de Eugenio Chicas y el propio Eugenio”, al considerar que la captura fue claramente una “acción arbitraria e ilegal” por parte del Estado salvadoreño.
“Como Bloque vamos a seguir denunciando este tipo de acciones de parte del gobierno que no son nada más que persecución política. Hacemos un llamado a nivel nacional e internacional sobre esta situación. Eugenio es uno más que se suma a la lista de esta arremetida del gobierno en contra de quienes señalan en repetidas ocasiones los graves retrocesos que ahora sufre nuestro país”, argumentó.
“Están siendo impactados sobre todo los sectores populares y Eugenio ha sido un revolucionario, una persona con bastante claridad en tanto la perspectiva política de construir un país mejor para los sectores más empobrecidos. Y este gobierno está actuando de manera arbitraria y por venganza”, indicó Ramírez.
El BRP exigió la “libertad de Eugenio Chicas”, tras agregar que era imposible tener un “juicio justo en el actual sistema judicial, cooptado por el Ejecutivo», que incide en las decisiones de jueces y magistrados.
“Este gobierno se basa en la ilegalidad, y es por eso que la Asamblea Legislativa y el órgano Judicial en muchos de los casos han fallado de manera arbitraria e ilegal. No podemos confiar en un proceso transparente como ya hemos señalado por la falta de sustento legal”, reafirmó.
“A Eugenio le están aplicando medidas que no corresponden a sus casos. Le han suspendido sus derechos fundamentales en un proceso que no debería de ser así, y están violando el derecho de Eugenio de tener un proceso debidamente establecido”, aseguró Ramírez.
Eugenio Chicas testigo clave en Caso de Ambientalistas
Peter Nataren, de la comunidad Santa Marta, y miembro del equipo de defensa los cinco ambientalistas de la Comunidad Santa Marta y ADES, manifestó que la captura de Eugenio Chicas está relacionada a la participación que ha tenido en la defensa de sus compañeros.
“Su participación en octubre 2024 fue muy importante en el juicio contra los cinco compañeros, en donde el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, compuesto por 3 juezas, dejaron en libertad absoluta a los ambientalistas de Cabañas”, reseñó.
“Y el proceso se vuelve abrir tras una maniobra de la Fiscalía General de la República y la participación de dos magistrados de la Cámara de Cojutepeque, al final vemos una tendencia más clara de persecución contra ellos y ahora se suma la captura de Eugenio que ha sido un testigo clave”, acotó Nataren.
Eugenio Chicas estuvo presente también el pasado 3 de febrero, ya que participaría por la defensa en la nueva audiencia abierta por el Tribunal de San Vicente, y que iba a realizarse en el centro integrado de Ciudad Delgado, San Salvador.
“Lamentamos y rechazamos categóricamente la detención de Eugenio, porque esto también afecta el proceso de nuestros compañeros, que ha sido reprogramado para abril entre 9 al 11. Y esto no va garantizar el testimonio de Eugenio como testigo según lo que vemos”, manifestó.
“Hay una maniobra muy oscura en este proceso también en un momento en donde constatamos una persecución clara hacia muchos miembros de la RN (Resistencia Nacional) justo ahora. Sabemos que la Fiscalía tiene un proceso en sus manos para detener a otros miembros de la RN, a quienes quieren acusar del atentado en FENASTRAS (octubre 1989), entonces, hay una persecución contra quienes fueron líderes de la RN”, expresó Nataren.
Sobre la declaración que hizo en el caso de los cinco ambientalistas de Cabañas, Eugenio Chicas manifestó “que estuvo con ellos en Chalatenango y Guazapa en esos tiempos en los que la Fiscalía los acusa de un caso de la guerra”, indicó Nataren.
Eugenio Chicas, conocido en la exguerrilla como Marcos Jiménez, en tanto miembro de la dirección de la RN-FMLN, fue responsables de los ambientalistas acusados de un crimen que no cometieron y nunca estuvieron en el lugar que dice la fiscalía.
“Eugenio ha tenido una participación más clave y pensamos que la Fiscalía está jugando una maniobra muy sucia al apartarlo de este proceso”, indicó.
Sobre el sistema judicial Peter Nataren opinó que en el país se vive un momento en que es “imposible creer en el sistema de justicia”, al señalar que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, están bajo un control total del Ejecutivo.
“Vamos hacia un proceso dictatorial y de persecución que será cada día más abierto contra aquellos que opinen en contra de este gobierno inconstitucional y no es de sorprendernos que este tipo de casos seguirán sucediendo”, puntualizó Nataren.
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