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Población de la Comunidad de Santa Marta, miembros del movimiento social y abogados de los defensores de derechos ambientales se pronuncian ante la criminalización de la sociedad civil organizada. Foto Diario CoLatino /Gloria Orellana

Movimiento social denuncia la criminalización de personas defensoras

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

La Fiscalía está acusando a estas personas con puros supuestos”, dijo Alejandro Henríquez, integrante del Foro del Agua, luego de escuchar las declaraciones del fiscal del caso presentando el contenido del requerimiento fiscal, que llevó a la detención de los defensores ambientalistas de ADES y personas de la comunidad Santa Marta, Victoria, Cabañas.

Es decir, la Fiscalía no tiene una investigación robusta, no hay pruebas idóneas o pertinentes que logren sustentar el requerimiento fiscal”, señaló Henríquez.

El fiscal a cargo del caso de Santa Marta ADES afirmó que se les acusaba de asesinar a María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, irrumpiendo supuestamente en su hogar, privándola de libertad y posteriormente la asesinaron.

En la etapa inicial solo nos basta (a la Fiscalía) tener indicios de la participación y comisión de hechos delictivos y tenemos una partida de defunción que refiere la hora y causa de muerte de la occisa María Inés y los familiares de ella que han colaborado con la investigación”, dijo el Fiscal.

Henríquez, explicó que la “falla” en el requerimiento que ha presentado la Fiscalía es que está sustentando el caso “en meras posibilidades”, al considerar que no existe una probabilidad cercana a la “certeza” que efectivamente exista una víctima del delito de asesinato.

Porque la prueba idónea para presentar una prueba del delito de asesinato de una persona es la autopsia, y que exista un cuerpo, que no lo hay, solo existe un testimonio de una persona y la partida de defunción, como lo dijo la Fiscalía en su video. No hay una certeza que exista un homicidio e incluso la misma Fiscalía sostiene que es un posible homicidio”, acotó Henríquez.

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