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Gloria Silvia Orellana
Redacción DiarioCoLatino
Omar Serrano, vicerrector de proyección social de la UCA, manifestó que gran parte de la población está en contra de la minería metálica en el país. No sólo por sus implicaciones en la contaminación del agua y otros bienes naturales, sino también por el conflicto social que genera y la muerte que conlleva esta industria extractiva.
Con el lema: “Ni Responsable Ni Verde: La Minería Metálica más Inviable que Nunca”, diversas organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, iglesias históricas y academia, reiteraron su postura contra la pretensión presidencial de derogar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.
“Que el presidente diga que esto va, bueno, cuando alguien pide confianza es que no tiene pruebas que sustenten que la minería es viable”, consideró Serrano.
“Que la minería se haya prohibido en el 2017 no es una tontería es un logro porque El Salvador ha sido un ejemplo en el mundo por la situación particular de nuestro territorio. Además la población está en contra porque agravaría esta situación que tenemos”, agregó.
Serrano añadió que la minería metálica en El Salvador no es viable por la situación medioambiental que arrastra desde hace más de una década, por ser el segundo país más deteriorado ambientalmente después de Haití y estar al borde del estrés hídrico por no contar con agua suficiente en calidad y cantidad para atender a toda la población.
“El 90% del territorio salvadoreño han dicho especialistas, es territorio en riesgo y en ese territorio vulnerable vive el 94.5% de la población. Y en esta situación que está el país implementar minería metálica es darle un tiro de gracia a nuestro ambiente”, alegó.
“Y sabemos que ningún proyecto económico, político y social es viable, sino es viable al medio ambiente, probablemente, el señor presidente no esté bien informado”, indicó Serrano.
El académico explicó que existen otros países que han prohibido la minería en el mundo, las que estaban definidas en modalidades distintas, como en Costa Rica, que en el año 2010 prohibió la minería en la modalidad a cielo abierto.
Otros países con minería alrededor del mundo como Filipinas, Australia, Alemania, señaló Serrano, han puesto serias restricciones a la explotación minera por los daños ambientales y la violación a los derechos humanos que representa esta industria.
“Nosotros ya tenemos cinco ambientalistas asesinados de la lucha anterior, cuando estábamos luchando por la prohibición de la minería (2009), y ahora estamos aquí para decirle al presidente que vamos a seguir luchando”, afirmó.
“Hay estudios e investigaciones que determinan que en la relación costo-beneficio, la minería será más perjudicial para el país que beneficiosa. Claro, habrá beneficiarios pero a un selecto grupo, y dejará destrucción en las comunidades en donde se explotan los minerales”, argumentó Serrano.
Más de 50 proyectos mineros en frontera salvadoreña
Pedro Cabezas, representante de ACAFREMIN, indicó que pese al “discurso positivo” del presidente sobre la minería metálica, debe tener en cuenta los 12 años de lucha social que precedieron para que fuera prohibida en el territorio nacional.
“Lo que no menciona o no le han informado al presidente, que también en la frontera de El Salvador tenemos más de 50 proyectos mineros entre Guatemala y Honduras. Y que en un momento se derogue la ley de prohibición del país, estos proyectos pueden acelerar su operación”, expresó.
“Y debido a la posición geográfica que nosotros tenemos en relación a estos dos países vendrá directamente a El Salvador, toda esa agua contaminada. Y no sólo tendremos la contaminación generada por la minería en el país, sino también la contaminación generada por la industria minera de los otros dos países”, acotó Cabezas.
Sobre el proyecto minero Cerro Blanco, en Asunción Mita, Guatemala, dijo que por 15 años han luchado por detener ese proyecto industrializado y que se ha logrado hasta el momento.
“Hay una empresa, la Aura Minerals, que adquirió este proyecto Cerro Blanco, y esta misma empresa adquirió otro proyecto en Honduras en, Azacualpa, desplazando a toda la población y han dinamitado los cementerios para abrir las galerías de la mina, persiguiendo ambientalistas con la mayoría en el exilio”, compartió Cabezas.
Toda mina contamina no existe la minería verde
Claudia Rodríguez, integrante del colectivo Mujeres Ambientalistas de El Salvador y el Movimiento Ecofeminista, reafirmó que la población se encuentra en una situación de crisis ambiental por los diversos proyectos extractivos que están impactando el medio ambiente.
“Esto se está llevando la vida de las poblaciones, qué herencia podemos dejarle a nuestras futuras generaciones y la niñez y adolescencia actual. No podemos permitir que haya más proyectos que siguen violentando nuestros derechos”, manifestó
“Desde nuestra perspectiva hemos visto un deterioro de nuestros derechos de la población y no se puede permitir a un gobierno y gobiernos internacionales invadir a otros países y violentar nuestros derechos con estos proyectos extractivos”, acotó Rodríguez.
Minería metálica más inviable que nunca en el país
“La zona norte del país, Santa Ana, Cabañas, Chalatenango, Morazán y La Unión, donde se encuentran los yacimientos de oro, es una de las áreas más frágiles en relación al agua”, expresó VIdalina Morales, presidenta de ADES Santa Marta.
“Estos lugares requieren mayor atención, porque es allí donde nacen y fluyen muchos de los ríos tributarios del río Lempa, que drena cerca de dos terceras partes del territorio nacional y es la arteria principal de la que depende no sólo el abastecimiento de agua potable, también generación de energía eléctrica”, reiteró.
“La explotación de oro es una industria extractiva a gran escala que requiere grandes espacios territoriales, y afecta áreas densamente pobladas. El Salvador posee 286.6 personas por kilómetro cuadrado, en una extensión de 21 kilómetros cuadrados”, agregó.
El Movimiento social invitó al presidente Nayib Bukele a “no ceder a las presiones e intereses de las empresas mineras que buscan explotar el oro que no será de beneficio a sectores empobrecidos de El Salvador, sino para proteger intereses de países ricos.
Reiteran el llamado a mantener la prohibición de la minería metálica para proteger la poca biodiversidad que posee el país, así como evitar más contaminación al río Lempa, que se constituye en la principal fuente de agua para millones de familias salvadoreñas.
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