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Gloria Silvia Orellana
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“Seguimos acompañando, a los compañeros y le pedimos a la Fiscalía General de la República, que tenga la decencia de retirar los cargos, dado que en todo este proceso que lleva más de 22 meses, no han podido sostener las pruebas y muchos menos construir un caso”, expresó Alfredo Leiva, líder comunitario y miembro de ADES.
En las afueras del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas, en el cuarto día de la Vista Pública contra Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, detenidos y encausados desde el 11 de enero de 2023, por la Fiscalía General de la República, el movimiento social sigue exigiendo el cese de la criminalización y la manipulación de la justicia en el país.
“El equipo de la defensa nos ha informado de la Audiencia, que van a presentar ya el análisis de las pruebas documentales y testimoniales y se van hacer alegatos finales. Y que será el día de mañana (hoy martes) que darán la resolución final y que esperamos que sea absolutaria”, indicó Leiva.
“A partir de eso, les pedimos a la Fiscalía que retire los cargos y de esa manera las juezas (Tribunal) puedan decidir retirar los cargos y den una absolución para los compañeros, este día como ya les informabamos esa es la tónica”, agregó Leiva.
Somos testigos de la persecución política
Morena Murillo, del Foro Nacional de Salud (FNS), afirmó que continuarán acompañando a la comunidad Santa Marta y la asociación ADES a través de la solidaridad para sus pares ambientalistas que enfrentan un proceso jurídico, que calificó de “persecución política” de parte de la Fiscalía, y que a 21 meses de ese proceso no han podido comprobar ningún delito contra los defensores del medio ambiente.
“Todo este tiempo que hemos estado acompañando, y ahora que continúan los alegatos y las conclusiones finales, estamos aquí, siendo testigos que esto es una persecución política, a partir de que ellos (gobierno) buscan reactivar la minería y tenemos a la Fiscalía inventando delitos y manipulando la justicia para no liberarlos”, argumentó.
“Si bien pudo existir ese delito que la Fiscalía menciona, pero no pueden concluir que nuestros compañeros lo cometieron porque no hay pruebas que los señalen ni han encontrado a la persona que asesinaron ni pruebas de que los compañeros hayan participado. Es un delito impuesto y son otros los que están detrás de esta acusación”, sostuvo Murillo.
Un caso manipulado por intereses económicos
“Si la Fiscalía no ha podido confirmar al respecto los delitos imputados, es evidente la manipulación en la que han caído”, dijo Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
López también pidió a las juezas que integran el Tribunal de Sentencia, que administren justicia, respetando el Estado de Derecho y la independencia de poderes.
“Esperamos que luego de los alegatos finales o mañana a más tardar, sean puestos en libertad nuestros compañeros, porque no hay pruebas que los incriminen. Desde el principio todo ha sido una farsa y evidencia que hay intereses económicos”, resaltó.
Peregrinación por los valores de la verdad y la vida
Miguel Ventura, del Equipo Pastoral de las Comunidades de Base “Segundo Montes”, reiteró que la presencia de las organizaciones sociales ante el Tribunal de Sentencia, la considera una “peregrinación” por el ánimo de defender “valores y principios”.
“Esta sociedad nuestra necesita realmente referentes que amen la justicia, la verdad, la dignidad y, por tanto, los recursos naturales. Y venimos a peregrinar porque -en ellos-, está la verdad, la justicia y la visión de un pueblo con justicia y libertad”, expresó.
“Quiero decirles, en esta última fase (proceso judicial) que se hacen presentes para que reflexionemos. Los dos proyectos que existen en El Salvador, el proyecto del pueblo y el proyecto de la oligarquía. En donde se verá la grandeza que hay en este pueblo que no se pone de rodillas”, manifestó Ventura.
Asimismo, hizo un llamado a las organizaciones internacionales y organismos de derechos humanos regionales, a estar atentos en la defensa de los cinco ambientalistas que han sido criminalizados por expresar la defensa de los bienes naturales en sus territorios.
Ventura calificó el sistema judicial salvadoreño como “hipócrita”, al comparar la acusación que han desarrollado en el caso ADES – Santa Marta, frente a la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, cometida por miembros del ejército y el Alto Mando, contra la población civil en diciembre de 1981.
“Tenemos en Morazán la masacre más grande de América Latina y los actores intelectuales de esa masacre están en libertad. Y si es cierto que hay justicia en este país ¿por qué? se protege a los asesinos convictos, que les han probado ser autores de esas masacres. En este momento -no cabe duda-, se ejerce una campaña gubernamental de querer condenar a personas defensoras”, puntualizó Ventura.
