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Gloria Silvia Orellana
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La Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES), junto a las organizaciones sociales, solicitó a los magistrados de la Cámara Penal y la Sala de lo Penal que agilicen el estudio de los recursos interpuestos y resuelvan cuanto antes.
“Seguir negando la libertad de los ambientalistas podría presentar nuevos retrasos del proceso judicial”, dijo Alfredo Leiva, directivo de ADES.
La Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES), junto a las organizaciones sociales que respalda solidariamente la causa de los activistas ambientales de Cabañas, reiteraron en un nuevo pronunciamiento terminar el proceso judicial, que consideran “injusto”, porque constituye la criminalización y persecución de personas defensoras de derechos humanos.
El proceso judicial contra los ambientalistas lleva ya 18 meses. Los ambientalistas injustamente procesados son Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, quienes se encuentran en arresto domiciliar, pero antes estuvieron en prisión más de un año.
Los familiares de los ambientalistas expresaron su preocupación por la falta de resolución de las dos apelaciones presentadas por su equipo defensor desde hace dos meses.
“Nuestra preocupación es por ambas apelaciones presentadas ante la Cámara Penal de Cojutepeque, con el fin de revertir la decisión del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque que mandó a los líderes comunitarios a vista pública, a pesar de la falta de pruebas contra ellos”, manifestaron los direcitos de ADES..
“Sobre una de estas apelaciones, la referida por la Cámara (de lo Penal) , decidió enviarla a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, argumentando -que ya antes- se había pronunciado sobre los aspectos planteados por la defensa. Y de la otra apelación aún no conocemos ninguna decisión”, explicó Leiva.
Como organizaciones sociales reiteraron su petición de liberar a los cinco ambientalistas, quienes están enfrentando la “criminalización del movimiento social” por su trabajo frente a la prohibición de la minería metálica en Cabañas, un proyecto extractivista a gran escala que llevó al país a un litigio internacional contra una minera
Ambientalistas vulnerados en el derecho a la salud
Los familiares de los ambientalistas denunciaron el deterioro de la salud de los cinco, por la falta de cumplimiento de la resolución del Juzgado de Instrucción, que al otorgar el arresto domiciliar, la Policía Nacional Civil no ha llegado para trasladar a los defensores al centro hospitalario.
Peter Nataren, vicepresidente de la Cooperativa Santa Marta indicó que denunciaban este atropello al derecho a la salud de sus compañeros que padecen enfermedades crónicas, y necesitan de un control médico constante e integral.
“Tenemos el caso de uno de ellos, que ya por su avanzada enfermedad crónica, ahora necesita una intervención quirúrgica. Y de esto se le ha avisado a la policía para que llegue y los traslade al hospital, pero no aparece. Esto nos preocupa grandemente”, expresó.
“El Estado no está cumpliendo con la resolución que tuvieron que ser efectivas desde el momento que salieron de prisión hace varios meses por lo que no se ha podido hacer ese traslado a los hospitales. Tenemos 3 ó 4 de ellos con una salud deteriorada rápidamente por sus enfermedades crónicas y no tenemos la respuesta que necesitamos”, manifestó Nataren.
Milton Rivas, familiar de uno de los ambientalistas, manifestó que desde la resolución para que ellos pasaran al arresto domiciliario, sólo una vez, los llevaron al hospital donde confirma que sólo les tomaron la temperatura y sin mayor atención levantaron el acta que habían cumplido con la atención médica.
“Ellos no tuvieron una evaluación general de su estado o exámenes específicos como de sangre que son básicos, no hicieron nada de eso, la evaluación casi fue visual. Entonces a estas alturas se ve la necesidad que ellos salgan para que sean atendidos de forma integra”, manifestó.
“Como familias estamos pendientes de la salud de ellos, y por nuestros medios llevar asistencia médica al hogar pero no es suficiente. Necesitamos que sean atendidos en un hospital especializado, como el compañero que necesita una operaciónquirúrgica”, sostuvo Rivas.
Estado de excepción y la criminalización del movimiento social
“Quisiera hacer un llamado a los jueces de nuestro país, para que apliquen el derecho, que apliquen la ley como debe de ser sin manipularla. Y hacer un llamado también al gobierno a los órganos auxiliares a que cumplan sus funciones como le corresponde”, abogó Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal “María Julia Hernández”.
“A los jueces -les digo-, que no traten de alargar estos procesos, y que cumplan con el debido proceso, y esto es un llamado también a la Sala de lo Penal (CSJ), que ocupen lo que aprendieron en la universidad, de como valorar la prueba en los procesos judiciales y hacer la sana crítica y hacer sus valoraciones como corresponde. Sin dejarse sorprender y tampoco hacerlo con intención para condenar a estos líderes”, sostuvo.
Para el director de Tutela Legal MJH, el caso tiene que pasar a instancias internacionales, por el incumplimiento de la Policía Nacional Civil, en acatar la resolución judicial.
Pidió que el gobierno evite llevar a una situación de “fatalidad” a estos defensores ambientales, tras hacer referencia de las 300 personas fallecidas en manos del Estado, y que han sido reportadas por organizaciones de derechos humanos, sobre estos últimos años.
“Sabemos que no existe prueba directa en el proceso de los compañeros de Santa Marta, incluso, les recuerdo a los jueces que algún día responderán por los actos que están cometiendo en este momento”, manifestó Mauricio.
Ausencia de instancias del Estado
El doctor Rafael Paz Narvaez, del Movimiento Universitario Pensamiento Crítico, señaló, como situación crítica, no sólo la forma en que se ha desarrollado y evolucionado el caso de los ambientalistas de Cabañas, y el silencio cómplice de otras instancias.
“La forma en que el gobierno actual ha instrumentalizado a otras instancias del Estado salvadoreño en función de abrir espacios a intereses económicos y políticos muy particulares. Se suma la ausencia de instancias como la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, y del gremio de jueces que no se pronuncian ante las enormes irregularidades que plagan este proceso en particular”, argumentó.
“Esta instrumentalización de las instancias del Estado salvadoreño obedece a un proyecto de desmantelar a largo plazo la convivencia política con características democráticas que hemos tenido en las últimas décadas”, advirtió Paz.
Similar lectura realizó la doctora Mirna Perla, del Colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya Sanabria”, quien afirmó que ante este momento de irregularidades judiciales que vive El Salvador, las organizaciones sociales les tocará “fortalecerse” para unir enfrentar este tipo de arbitrariedades frente a las demandas sociales que defienden.
“Estamos aquí para exigir a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que emita un fallo inmediatamente en relación a la instancia que va a conocer o quiénes serán llamados en la apelación, que la defensa ha presentado en favor de los líderes de la Comunidad Santa Marta”, mencionó.
“El problema del agua es uno de los problemas más importantes que el país tiene, porque podemos vivir sin cámaras, celulares o luz eléctrica, pero no podemos sobrevivir sin agua y con calidad. Y es precisamente, este derecho al agua que relaciona a muchos sectores por ser importante y fundamental y por esto los ambientalistas de Cabañas, están siendo objeto de la represión del Estado en este momento” puntualizó Perla,
