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Gloria Silvia Orellana
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“Nuestra reacción es completamente de rechazo a esta apelación de la Fiscalía General de la República, porque no tiene razón de ser a partir de la resolución del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque Cabañas, que fue claro, al plantear que no existe delito que perseguir”, dijo Alfredo Leiva, integrante de la directiva de ADES Santa Marta.
La Comunidad Santa Marta y ADES señalan la actitud de la Fiscalía General de la República (FGR), de “impedir que prevalezca la legalidad y la justicia para los líderes comunitarios”, quienes fueron sobreseídos el pasado 18 de octubre por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas.
“La Fiscalía, con esa actitud, lo que hace es prolongar el proceso, pero sabemos que otros tribunales que actúan de forma seria y apegada a derecho, también les van a denegar este proceso de apelación”, manifestó Leiva.
FGR un instrumento del Sistema Autoritario
Celia Medrano, experta en derechos humanos y migración, en su reacción a la apelación de la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque a favor de los cinco ambientalistas de Santa Marta, Cabañas, señaló que esto es parte de un sistema autoritario.
“La Fiscalía General de la República es parte e instrumento de aplicación para ser utilizada en lo que conocemos como la doctrina del derecho penal del enemigo (castigo a una persona sin cometer un delito, sólo por pretensión de peligrosidad del indiciado)”, expresó.
“El caso contra los ambientalistas de Santa Marta, puede ser una lección de lucha que desnuda la intencionalidad del régimen de instrumentalizar a las instituciones y a la ley misma para beneficio del enriquecimiento de algunos pocos”, indicó Medrano.
Para la experta en derechos humanos, el caso Santa Marta evidencia también una serie de las “verdaderas intenciones de los actuales grupos de poder”, y por consiguiente se debía denunciar cualquier intento de represión a la población civil organizada.
“La Fiscalía, como instancia al servicio de los actuales grupos del poder, esos que son los mismos que siempre se han enriquecido y siguen enriqueciéndose, que siguen cooptando al Estado para ello, son los que continúan atacando y criminalizando a defensores”, reiteró.
“Ahora, con la lucha de los ambientalistas de Santa Marta, que han sido criminalizados, representa un peligroso precedente para el régimen autoritario, cuando la lucha social funciona y esa lucha por la vida prevalecerá”, acotó Medrano.
Foto Diario Co Latino/archivo.
Retorno de minería metálica
Para el experto académico en agua, salud y minería, Andrés McKinley, la interposición de la apelación fiscal sólo muestra el “odio” que el fiscal Rodolfo Delgado tiene contra las personas que han dedicado parte de sus vidas a defender los recursos naturales de El Salvador.
“Defender el medio ambiente es defender el futuro de este país y para la gente que vive ahora y las que vendrán. Sólo puedo expresar que esto es un odio, el que no tiene nada que ver con una actitud profesional”, afirmó.
“Este odio y falta de aprecio es también para tantas organizaciones y personas que dentro y fuera del país estamos pendientes de este caso, que evidenció las debilidades de la fiscalía, sus fallas en el caso y sin reconocer la amenaza para el medio ambiente y el futuro de El Salvador, por la minería”, indicó McKinley.
En cuanto al recurso agua, McKinley aclaró que el país continúa en una crisis grave del recurso hídrico en cuanto a cantidad, calidad y acceso, que los ríos actualmente se están secando, los acuíferos mantienen bajos niveles y las aguas superficiales están contaminadas.
Fiscalía será denunciada ante la CIDH
Alejandro Díaz, del equipo jurídico de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, manifestó que esperan de la Cámara Penal de Cojutepeque, que ha recibido la apelación de la Fiscalía General de la República, ratifique la resolución y absolución emitida por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque.
“Nosotros como Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” estaremos informando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tiene conocimiento de este caso, debido a que estas personas defensoras están siendo perseguidas y criminalizadas por su defensa del agua, medio ambiente y territorio”, indicó.
“Se ha denunciado sobre este caso la falta de imparcialidad por parte de la Fiscalía General de la República, así como su investigación, la instrumentalización de los casos ocurridos durante el conflicto armado y la falta de seriedad en pruebas de dicha investigación. Y todo este trasfondo tiene a la reactivación minera en El Salvador”, apuntó Díaz.
Cámara deberá resolver a favor de la justicia
Oscar Morales, abogado de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, externó el rechazo contra el recurso presentado por la Fiscalía General de la República, en el caso de los cinco ambientalistas, tras afirmar que ya fueron absueltos por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque.
“Creemos que este caso ha sido resuelto y declarado en firme, con la absolución de los cinco ambientalistas. Y este recurso responde más a una persecución política que tiene en el fondo la clara intención de criminalizar a personas defensoras de derechos humanos”, alegó.
“Pretenden enviar un mensaje a todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos que el Estado perseguirá y encarcelará a todo aquél que se atreva a defender derechos sociales, ambientales, económicos y culturales”, argumentó Morales.
Por lo anterior, Morales exigió, en nombre de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, que la Cámara declare la absolución a los cinco ambientalistas de la comunidad Santa Marta, aceptando que la resolución del Tribunal de Sentencia cuenta con el respaldo jurídico y garantías que la misma ley permite.
“La sentencia se basa en la prescripción de la acción penal, es decir, que ésta no debió ni iniciarse, tal como lo establece el artículo 32 del Código Procesal Penal vigente, que establece las formas y las causas por las que se extinguirá la acción penal”, consideró Morales.
Jueces deben proceder apegados a derecho
Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, opinó que la fiscalía, con su recurso de apelación, deja en claro la existencia de una “actitud de prepotencia”, al mencionar los señalamientos que hizo el ente fiscal en su escrito presentado ante la Cámara Penal de Cojutepeque.
“Llama la atención, sin duda que cuando hay mujeres que toman decisiones valientes (Tribunal de Sentencia), siempre habrá quienes las descalifiquen, y precisamente este grupo de fiscales pretenden eso, al poner en duda las experticias de las juezas al tomar la decisión de liberar a los ambientalistas”, expresó.
“La Fiscalía, ante su incapacidad de sustentar el caso, ha tenido que recurrir a un grupo de pruebas que al final no fueron aceptadas. Porque el tribunal no las consideró pertinentes y esto es lo que argumentan contra ellas. Claro, al no lograr nada con su primera argumentación, presentaron otras pruebas que no fueron admitidas por estar fuera de tiempo”, añadió López.
López hizo hincapié que la persona que sirvió de testigo no estuvo, ni en el lugar señalado ni en las fechas que ocurrió el hecho. Y consideró, que la Fiscalía sólo tiene la intención de retrasar la sentencia emitida, más que contar con argumentos y pruebas fehacientes.
“La Fiscalía pretende retrasar la liberación definitiva de los compañeros, cuando quedó en evidencia que no tenían pruebas suficientes para seguir el proceso. Hasta el mismo Juzgado de Paz pudo haber resuelto que no había una causa que seguir, pero llegamos hasta el Tribunal de Sentencia, que comprobó que no había pruebas suficientes y los absolvió”, reafirmó López.
La comunidad Santa Marta y ADES, junto a organizaciones de derechos humanos, alertaron a la población y la Comunidad Internacional, sobre este intento de la Fiscalía de instrumentalizar al “sistema judicial”, con el fin de perseguir al activismo ambiental, la manipulación de la justicia restaurativa y transicional, y criminalizar a los defensores ambientales, quienes han advertido sobre los “graves peligros del extractivismo minero”.
