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Gloria Silvia Orellana
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Los señalamientos sobre retrocesos en materia de derechos humanos por parte del movimiento social, sindicatos y movimientos populares, se complementan con la ausencia del diálogo de la población con el poder gubernamental.
Los informes de diversos sectores de la sociedad civil organizada dan cuenta de los serios retrocesos en materia de seguridad pública en el contexto de un régimen de excepción, así como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Asimismo, el derecho a la Justicia Transicional, el derecho de las personas a defender derechos humanos, los derechos de la niñez, mujeres y población LGBTIQ+ y la educación superior, entre otros.
Seguridad y Régimen de Excepción
La bancada oficialista de Nuevas Ideas, aprobó la 33a prórroga del régimen de excepción que estará vigente hasta el 5 de enero de 2025, medida que diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado como un “retroceso” en materia de derechos humanos
Más de 300 muertes de personas detenidas en el régimen de excepción, demuestran la institucionalización de la violación de los derechos humanos, aseguran las organizaciones.
Sólo el Socorro Jurídico Humanitario ha denunciado, que unas 300 personas adultas han ocurrido dentro de los centros penales de: Mariona, Izalco, Apanteos, Quezaltepeque, Granja de Zacatecoluca y bartolinas. Mientras, alegan la falta de disposición oficial de ese registro porque tiene reserva total.
Asimismo, la Plataforma por la Seguridad Ciudadana y organizaciones que trabajan en el tema de seguridad, han reiterado en sus declaraciones durante el año 2024 que el estado de excepción, al suspender garantías constitucionales y la aprobación de una serie de “reformas” a cuerpos legales, se visualiza que son contrarias a los estándares internacionales”. Lo que ha provocado la detención de más de 82 mil personas en el país.
Medio Ambiente: Minería Metálica y Agua
No bastó la lucha de 12 años de comunidades y organizaciones ambientalistas y la iglesia por aprobar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador. Este 23 de diciembre, el partido oficialista Nuevas Ideas dio sus 57 votos para la Ley General de Minería Metálica, dejando en grave riesgo el medio ambiente y el agua en el país.
El Salvador es el segundo país más deteriorado y deforestado solo después de Haití, yque se encuentra al borde del “estrés hídrico”, han argumentado diversas organizaciones en resistencia a la derogatoria de la Ley de Prohibición de la Minería, que costó la vida de 9 ambientalistas en el año 2009, pero no fueron escuchados pese a los llamados de una “mesa de diálogo” .
La población salvadoreña tiene el derecho a un medio ambiente sano reconocido como derecho humano en Tratados Internacionales, y que es respaldado por la Constitución de la República. No obstante, ahora se encuentra en un contexto de “crisis” frente a la industria minera, la industria de la construcción inmobiliaria y monocultivos que atentan contra el derecho humano al agua, en su acceso, consumo humano y saneamiento.
A este escenario se suma la “minería transfronteriza”, así como sus aguas. El Colectivo Ecologista Madre Selva, de Guatemala, mantiene una la lucha contra el proyecto minero a cielo abierto de “Cerro Blanco”. Esa lucha es todavía un desafío para miles de habitantes de Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala.
De realizarse el proyecto minero afectaría también a la población salvadoreña por el drenaje ácido de la minería de metales que caería en la cuenca Río Ostúa-Lago de Güija.
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