Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Queremos el cese de la estigmatizaciones, persecución y criminalización de las comunidades organizadas”, dijo Morena Murillo del Foro Nacional de Salud (FNS), en representación de diversos espacios colectivos que integran la sociedad civil organizada en apoyo y solidaridad con la comunidad Santa Marta y ADES, luego de la captura de seis de sus líderes.
A los capturados la Fiscalía les acusa de cometer un asesinato durante la guerra civil y por asociaciones ilícitas, este último delito -señalan- está dentro de la “narrativa del actual estado de excepción” lo que consideran está fuera de lugar porque los detenidos no pertenecen o tienen relación con grupos pandilleriles.
“Le pedimos a la Comunidad Internacional y organismos de Derechos Humanos, a estar atentos a lo que ocurre en el país. Porque nuestro único propósito es contribuir a una mejor calidad de vida de la población desde el desarrollo integral. Este caso pretende desligitimar, descalificar e intimidar su trabajo comunitario”, acotó Murillo.
Los colectivos que respaldan a la comunidad Santa Marta y ADES son ACAFREMIN, Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador, Alianza contra la Privatización del Agua, Asamblea Feminista, BRP, Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, FNS, Foro del Agua, Juventudes Antifacistas, la Mesa Nacional contra la Minería Metálica.
Así como también la Mesa por la Soberanía Alimentaria, Mesa por el Derecho a Defender Derechos, MPGR, Movimiento Ecofeminista de El Salvador, MTD, REVERDES, MODES, Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico , Plataforma de Seguridad Ciudadana y Red Juventudes, quienes demandaron que el proceso judicial contra los miembros de la comunidad Santa Marta y ADES sea transparente y que se respeten sus derechos humanos.
Murillo agregó que no están opuestos a una investigación sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado de la década de los años ochenta, al señalar que muchas organizaciones que integran los colectivos de derechos humanos vienen exigiendo justicia por más de tres décadas por el conocimiento de la verdad y del cual, la Fiscalía no ha dado una respuesta contundente.
“Lo actuado contra los miembros de Santa Marta y ADES no parece una acción genuina de hacer justicia, sino un acto de persecución y venganza política, en el marco de una ofensiva estatal contra organizaciones comunitarias y de la sociedad civil”, reprochó.
“Y en el caso de ADES, podría estar relacionando con las intenciones del actual gobierno de retomar proyectos de explotación minera metálica. Esta acusación contra Santa Marta y ADES evidencia claramente la doble moral de este régimen frente a los delitos de la guerra civil y su selectividad en la aplicación de justicia”, argumentó Murillo.
Sobre la lucha ambiental realizada por ADES, en el marco de la explotación de la minería metálica, Luis González, de la UNES, reconoció el trabajo de este colectivo dentro de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en Cabañas cuando Pacific Rim /Oceana Gold trató de instalarse y explotar los metales preciosos de la zona.
“Recordemos que este colectivo ofrendó vidas, sufrieron amenazas para enfrentar este reto que se ganó hace casi 6 años, y por lo cual ADES y la comunidad Santa Marta fueron premiadas porque salvó a El Salvador de la contaminación ambiental y el daño a sus fuentes de agua. Esto es algo, que el gobierno debe reconocer y premiarlos pero lo que vemos es una criminalización”, manifestó González.
Al señalar, que al acosar a estas personas que trabajan en defensa de los bienes comunes y el medio ambiente solo confirma la “lógica extractivista” a la que actualmente apuesta el gobierno.
“Ha creado una nueva Dirección de Minas e Hidrocarburos, discute un Tratado Comercial con China que incluye el tema de minería metálica y se plantea participar en un Foro Intergubernamental de Minería y Metales, todo esto es un retroceso en materia ambiental y, por tanto, tiene un interés de quitar cualquier obstáculo en cuanto a la seguridad ambiental del país”, sostuvo González.
Alejandra Burgos, de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos Humanos, pidió a la Comunidad Internacional a estar vigilantes y denunciar los atropellos a los derechos humanos de la población salvadoreña, “una vez más el pasado nos alcanzó y ante este “continuum de impunidad” , demandó un acompañamiento como sucedió en la década del conflicto armado. “La historia se está repitiendo y estas voces que no han callado, que no han renunciado a los derechos humanos y que han acompañado a los que más sufrieron por la violencia desde el Estado, son precisamente esas voces a las que se quiere acallar en este momento”, manifestó.
“Debemos crear redes de solidaridad y construir redes de resistencia, de resiliencia frente a un Estado indolente, antidemocrático, dictatorial que a través de la militarización ha implementado un sistema digital y comunicacional de un mensaje hegemónico, entonces, debemos construir esa resistencia internacional con El Salvador”, opinó Burgos.
El colectivo de organizaciones sociales descalificó la lógica de “criminalizar a las víctimas” que impulsa el gobierno, frente a la negativa que ha manifestado de enjuiciar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad que impactaron a la población civil durante el conflicto armado.
“El sistema trata a las víctimas como victimarios y a los victimarios como víctimas, esto es una justicia al revés. Demandamos, por esto un procedimiento judicial transparente con los miembros de Santa Marta -ADES, y se respeten sus derechos humanos. Sobre todo, por las graves dudas que genera la falta de independencia judicial, la institucionalidad y el Estado de derecho”, puntualizaron.