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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Miembros del Movimiento Social y Sindical Salvadoreño llegaron este miércoles a la Asamblea Legislativa para presentar una pieza de correspondencia para que el Estado brinde una compensación económica para aquellas personas que se han visto afectadas por los despidos injustificados en el Gobierno de Nayib Bukele.
Según reveló Sonia Urrutia, representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, en el primer año de gestión Nayib Bukele despidió a más de 10 mil personas de 43 dependencias de Gobierno, sin seguir el debido proceso, ni el derecho de audiencia y sin una indemnización por los servicios prestados. En septiembre del año pasado la Asamblea Legislativa emitió legislación sobre la disolución del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), con ello afectó a más de 500 personas.
En este año, también han promovido despidos forzosos, por ejemplo, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, notificó a agentes policiales que cumplieron 60 años o más, que se retirarían de la institución, con ello, se afectarían a 3 mil personas. También, en mayo de este año, se disolvió el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), lo que significó que sus trabajadores se quedaran sin un sustento hacia sus hogares, detalló el movimiento en las afueras de la Asamblea Legislativa.
Samuel Alfaro, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, aseguró que a los empleados públicos que fueron cesados forzosamente, a través de decretos, en su mayoría no han recibido las indemnizaciones que les corresponde. “Estas personas que fueron cesadas forzosamente hasta hoy no se le ha cumplido su compensación económica”.
Según dijo Alfaro, en algunas instituciones se ha aplicado el retiro forzoso sin ningún criterio de igualdad, ya que “en algunas instituciones se ha dado la situación de que la compensación económica es muy baja”, a pesar de los años de servicio que los empleados han dado a las instituciones.
“Desde su inicio, el régimen de Bukele ha sido indolente para resolver de manera justa y solidaria el problema de las bajas pensiones, no se ha ocupado de brindar una compensación justa y equitativa a personas en edad de retiro”, comentó el bloque en su postura oficial.Sonia Urrutia detalló que desde junio de 2019, los despidos han ido en aumento, pues hasta junio de 2022 se han contabilizado un estimado de 14 mil personas en el Ejecutivo y autónomas. En la Asamblea Legislativa se estima que fueron despedidos alrededor de 2,500 personas con la actual legislatura. Mientras que en las alcaldías que tomaron posesión el primero de mayo del año pasado son aproximadamente 3 mil. En ese contexto pidieron a la Asamblea Legislativa que apruebe un decreto para brindar una compensación “justa y equitativa”, calculada con base al último salario devengado, multiplicado por cada año o fracción mayor a seis meses. Pidieron que Nuevas Ideas estudie la propuesta. Para dar trámite a la pieza, las diputadas Dina Argueta y Anabel Belloso del FMLN recibieron al movimiento y dieron iniciativa de ley.
