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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
Diferentes movimientos sociales reiteraron al Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, su exigencia de veto a la reforma a la Ley de Asocio Público Privado (APP), aprobada por diputados de la Asamblea Legislativa la semana pasada.
Su exigencia se fundamenta en que la reforma “es una nueva estocada neoliberal que busca privatizar los servicios públicos”, principalmente la depuración de aguas residuales.
Con la reforma se obligaría a que todo proyecto que el Estado ejecute vinculado a la depuración de aguas residuales y, cuya inversión supere los $13.5 millones, obligatoriamente se desarrolle con un asocio público-privado.
Carlos Flores, de la Alianza contra la Privatización del Agua, afirmó que la ley también busca privatizar la salud y educación.
“Esa reforma no resuelve el problema de contaminación del agua en El Salvador. Exigimos al Presidente de la República que vete esta reforma a la Ley de Asocio Púbico-Privado porque consideramos que es inconveniente para los salvadoreños”, dijo Flores mientras se dirigía con miembros de otras organizaciones sociales hacia Casa Presidencial.
Flores indicó que la reforma promovería “más abusos, más costos para la población y mayor endeudamiento público”.
Además, que podría generar situaciones entre el Estado y los inversores privados, en los que el primero tome la obra y los segundos reciban los beneficios.
Los representantes de las organizaciones sociales fueron recibidos en CAPRES por el secretario de Transparencia y Participación Ciudadana Marcos Rodríguez, quien escuchó las exigencias de los protestantes que se enfocaban en exigir al Presidente que vete las reformas hechas a la Ley de Asocio Público Privado, aprobada la semana pasada en la Asamblea Legislativa.
