Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“Estamos preocupados que la derecha llegue al (órgano) Ejecutivo, y permita que vuelvan las trasnacionales mineras, que esa ha sido la experiencia para desarrollar la economía”, reafirmó la presidenta de ADES, Santa Marta, Vidalina Morales.
“En la Asamblea Legislativa de El Salvador, la expresión política de los partidos de derecha está tomando decisiones con falta de un enfoque de derechos humanos”, agregó.
Las declaraciones de la activista salvadoreña las vertió en el encuentro regional ACAFREMIN, reunidos en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, Honduras. Con el lema “Consulta Previa y Participación Ciudadana en Centroamérica”, buscan integrar una lucha social contra proyectos extractivistas en Centroamérica.
La presidenta de ADES denunció así la ausencia o casi nulo accionar sobre la aprobación de la Ley General de Aguas y Saneamiento y su reconocimiento como derecho humano, ya que los partidos ARENA, GANA, PDC y PCN por el contrario aceptan la propuesta presentada por la ANEP.
Olman Varela, del Movimiento Nacional Centro Humboldt, señaló que las concesiones mineras están incidiendo en vulnerar a la población nicaragüense, junto a la crisis política con el gobierno sandinista.
“Se debe reiterar que la población donde existen concesiones mineras en la zona rural, no solo se trata de bienes comunes, son de su vivienda o de subsistencia. Por eso pido un pronunciamiento de condena como ACAFREMIN, contra lo que ocurre en Nicaragua”, manifestó.
Mientras, Luis González de Madre Tierra, Guatemala, consideró que la lógica de las élites centroamericanas está vinculada con la “corrupción” y que las aseguran a través de la compra de partidos políticos, para afianzar que sus planes se concreticen vía congresos nacionales o gobiernos locales y nacionales.
“Desde la época de los Acuerdos de Paz (1996) a la actualidad, las privatizaciones de los bienes del Estado continúan y el incumplimiento de esos acuerdos.
Y así van despojando de la tierra a los pueblos indígenas, de los bienes naturales, y serán alrededor de 19 millones de personas que serán expulsadas del campo, sin empleo, sin agua, sin vivienda, incidiendo en su estabilidad económica y social”, sostuvo.
Pedro Landa, de ERIC, Honduras, reseñó que el movimiento social se encuentra “movilizado”, pese a la persecución y criminalización a través de procesos judiciales, con el interés de deslegitimar sus luchas y generar temor a la participación.
“A cualquier demanda pública de la población le aplican la intimidación militar, llegan armados como si fueran a la guerra, aunque saben que es un derecho reconocido de los pueblos indígenas la consulta previa sobre proyectos en sus territorios y así impedir que autoridades nacionales o locales incidan en sus decisiones”, manifestó.
La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) nació en abril de 2017, en Nicaragua, con el objetivo de fortalecer lazos solidarios en la lucha por una Centroamérica libre de minería metálica. Y construir modelos alternativos de desarrollo, desde el ejercicio ciudadano de derechos humanos a elegir modelos sustentables, para no afectar los bienes naturales de la región.
