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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Gloria ha llegado a la Plaza Cívica junto a otras personas que integran el Movimiento de Víctimas del Régimen El Salvador (MOVIR), con la petición a la Iglesia Católica, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y al presidente Nayib Bukele, para que liberen a sus familiares que fueron capturados de forma arbitraria durante el Régimen de Excepción.
“Yo me uní a este movimiento porque mi hermano ya tiene dos meses de estar detenido, creo que aún está en el penal de Mariona (La Esperanza), luego que una llamada anónima y ahora la Policía Nacional Civil, lo involucraron en asociaciones ilícitas con pandillas”, relató.
Su hermano -comentó Gloria- tiene un apartamento en la Residencial Modelo, en el Barrio Modelo, que fue alquilado por su hija sin consultarle, este forcejeo por el inmueble llevó a su hermano a interponer un desalojo de su vivienda y cuando logró recuperarlo llegó a hacer limpieza para establecerse, cuando llegó la PNC y lo capturó.
“Fue por una llamada anónima y llegó la policía y lo capturó acusándolo de asociaciones ilícitas, mi hermano tiene 68 años, y es injusta su captura. Es un adulto mayor, todo sucedió por el desalojo del apartamento”, manifestó.
“Hemos llevado un Habeas Corpus a la Corte Suprema de Justicia, hemos presentado denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) y hasta hace poco la PDDH me pidieron información. Lo que quiero es que liberen a mi hermano porque es injusto lo que han hecho con él y las demás personas que son inocentes y las han involucrado”, acotó Gloria.
Al grito de “libertad a nuestros familiares inocentes”, y en el marco del Día Internacional del Reo, el MOVIR realizó un plantón frente a Catedral Metropolitana, para demandar de la Iglesia Católica pronunciarse por las personas que guardan actualmente prisión, luego de ser capturados de forma arbitraria por la Policía Nacional Civil o el ejército.
“No queremos dejar pasar esta fecha sin decirle al (presidente) Bukele y población salvadoreña, que abra los ojos porque se está criminalizando a los jóvenes solo por vivir en comunidades asediadas por pandillas y acusan a todo el mundo que es delincuente y no hay investigación científica y real para identificar a los asesinos y se llevan a gente inocente”, señaló Samuel Ramírez, del MOVIR.
“Queremos que la Iglesia se pronuncie públicamente, porque hemos observado cierta tolerancia hacia la violación sistemática de derechos humanos de la población y no vemos que alcen la voz a favor de las víctimas, entonces, queremos saber a favor de quién está el Arzobispo Escobar Alas, si está a favor de los victimarios o las víctimas”, sostuvo.
En cuanto a las exigencias que van desde la libertad a las personas inocentes que han sido encarceladas injustamente, el MOVIR exigió el respeto a los derechos humanos de sus familiares en las cárceles, la derogatoria inmediata del Régimen de Excepción que lleva su sexta prórroga aprobada por el partido Nuevas Ideas, en la Asamblea Legislativa.
Así también demandaron un alto a las capturas arbitrarias, las torturas en los centros penales, como han denunciado algunos liberados y el resarcimiento por los daños a su integridad y moral.
Con siete meses de Régimen de Excepción, Samuel Ramírez agregó que el gobierno ha reportado alrededor de 50 mil detenidos y tratado de ocultar las 87 personas fallecidas en los centros penitenciarios dispuestos por el Estado salvadoreño.
Asimismo, criticó la posición del procurador Apolonio Tobar, por considerar que “estaba al servicio de la dictadura”, invitándolo a tomar un papel más decoroso y denunciar estas arbitrariedades, acotó Ramírez, que deje el “temor al gobierno”, “ o quizás hay compromisos adquiridos con el régimen, expresó.
“Aquí nadie habla de los más de 80 asesinados dentro de los centros penales, unos han sido asesinados y otros murieron, simplimente porque no les brindaron atención médica. La gente ha empeñado su casita o tomado los pocos recursos para andar buscando información, contratar abogados privados porque los de oficio (PGR) no funcionan”, agregó.
“Es que no toman las pruebas de descargo que presentan los abogados, solo toman las acusaciones de la Fiscalía (General de la República), lo que quieren es condenarlos. Ya lo dijo el presidente que tiene a 50 mil terroristas, cuando no es justo porque hay un buen porcentaje de personas inocentes y por esto damos la cara nosotros como MOVIR”, indicó Ramírez.
“Entre esos 52 mil detenidos está mi hija y puedo ponerle en la mano a cualquier juez especializado los documentos de inocencia de ella, aunque los abogados digan que no sirve de nada presentar la constancia que no tiene antecedentes penales, porque lo que quieren es condenar a todos, eso es injusto señores”, señaló Alfredo Mejía, del MOVIR.
“Y es triste y lamentable que la Asamblea Legislativa, haya tomado el rol de juzgado especializado, afirmando que esos 52 mil presos son culpables, cuando ellos no jueces y cómo pueden declarar eso. El procurador Lenis Abarca, que dio un número con servicio 24/7, y quiero comentarles que no ha respondido hasta ahora”, manifestó.
Para el Movimiento de Víctimas del Régimen El Salvador, el pronunciamiento del Arzobispo José Luis Escobar Alas y el procurador Apolonio Tobar es importante porque ambas instituciones están vinculadas con el respeto de los derechos humanos y la defensa ética de las personas inocentes que han sido capturadas.
“Es triste cuando vemos que por el temporal se desprende la tierra y deja soterrados a siete personas en Nueva Cuscatlán, entre ellos dos niños, ¿Dónde están sus padres?, presos en un centro penal acusados ilegalmente de tener asociaciones ilícitas con pandillas ¿Es justo esto?, no hemos visto ningún pronunciamiento sobre esto”, reiteró Mejía.
El MOVIR hizo un llamado al gobierno y autoridades de justicia a seguridad a dejar de criminalizar a las personas pobres que viven en comunidades vulnerables y asediadas por pandillas.
“Hay una jovencita en Ahuachapán que busca a su hermano desde hace seis meses, y no le dan datos de su hermano y fue remitido ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la República que estaba detenido y ella está de Mariona para Izalco y viceversa, pero no le dan razón de dónde está, eso es grave”, acotó.
“No estamos en contra que capturen criminales, como MOVIR estamos en contra que se digan que hay 52 mil detenidos criminales, porque allí está un 50% de ciudadanos inocentes. Por favor ya basta, y le pedimos a las organizaciones internacionales de derechos humanos que velen por esto, porque es demasiado”, concluyó Alfredo Mejía.
