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Familiares de inocentes detenidos se concentran en los alrededores de Casa Presidencial para exponer sus casos. Foto: Diario Co Latino / Samuel Amaya.

MOVIR presenta en CAPRES expedientes de capturas ilegales

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

La mañana de este viernes, familiares de inocentes capturados, con el apoyo del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), se presentaron en Casa Presidencial para entregar un listado de casos de personas detenidas ilegalmente.

El objetivo del MOVIR y de los familiares de las víctimas era llegar a Casa Presidencial;, por ello se dividieron en dos grupos, uno concentrado en el Monumento al Divino Salvador del Mundo y el otro en los alrededores de la Plaza El Soldado, en las afueras de Casa Presidencial.

“Queríamos llegar a Casa Presidencial, nosotros ya visitamos casi todas las instituciones del Gobierno, pero nos faltaba Casa Presidencial y sabíamos que aquí no llegábamos tan fácilmente, siempre nos reciben con mallas; entonces, una parte se concentró en el Salvador del Mundo para que allí fuera toda la atención y otra parte nos bajamos en CAPRES para poder llegar rápido y para que no nos bloquearan”, comentó Samuel Ramírez, representante de MOVIR.

Entregaron al encargado de la recepción de Casa Presidencial, 90 expedientes de igual número de personas inocentes. “Bukele tiene que analizar esa información, le hemos dado 30 días para ello, si no tenemos que volver a denunciar”, agregó Ramírez.

Piden la liberación de sus detenidos injustamente tras más de 2 años se ser separados de sus familias. Foto: Diario Co Latino /Samuel Amaya.

Esos 90 casos tienen los arraigos, constancias laborales, constancia de estudios, títulos, constancias médicas, así como cartas de libertad. Fue el 27 de marzo de 2022 que la Asamblea Legislativa, a solicitud del Ejecutivo, impuso el régimen de excepción para combatir a las pandillas luego de un repunte de los homicidios.

La medida, si bien ha generado tranquilidad en la población salvadoreña por los arrestos masivos de pandilleros, también se ha llevado de encuentro, en esos arrestos a personas que nada tienen que ver con pandillas y ha dejado en zozobra a sus familiares, como es el caso de Teresa de Jesús Mélida Quijano, quien tiene detenido a tres de sus hijos, según ella, injustamente, ya que los tres no tenían vínculos con las pandillas.

El que lleva más tiempo detenido es Pedro Adalberto Cruz, con 27 meses, y le han informado que está enfermo, pero en el Penal de Izalco, donde está recluido, no le solicitan medicamentos.

Danilo Cruz, otro de los hijos fue capturado en noviembre del año pasado. De su vivienda lo sacaron y se lo llevaron por supuestas agrupaciones ilícitas. Su tercer hijo detenido es José Vidal Cruz, capturado en diciembre de 2022, frente a la vivienda de la madre. “Se lo llevaron porque atemorizaba a la gente”, ese fue el argumento que les dio el señor agente, dijo Mélida Quijano.

“Vengo de Arcatao para exigir la libertad de mi hijo Marvin Antonio Sosa, quien tiene 28 meses de estar detenido; no sabemos nada de él, no sabemos si está vivo o está muerto, y lo que le pedimos al presidente es que agilice la revisión de estos papeles para que ellos sean liberados (los inocentes detenidos)”, comentó otra de las tantas madres que marchó este viernes en las calles de San Salvador.

Según la madre, las autoridades lo sacaron de su vivienda cuando él estaba cuidando a su hijo, y lo acusaron de agrupaciones ilícitas, cuando no pertenece a ninguna estructura criminal.

El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción cumplió este 16 de agosto dos años de haberse conformado y de acompañar a los familiares de víctimas inocentes capturados en el Estado de Excepción.

Las autoridades han informado que mantendrán el régimen de excepción hasta que el último pandillero sea detenido. De momento, se han capturado a más de 80 mil presuntos pandilleros; pero entre ellos a miles de personas inocentes.

 

Organizaciones defensoras de derechos humanos han contabilizado más de 250 muertes dentro de los centros penales por torturas y negligencia estatal en lo que va del régimen de excepción.

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