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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) realizó este martes en la Plaza Libertad una jornada de recolección de arraigos que comprueban la inocencia de los capturados injustamente bajo el régimen de excepción.
El representante de MOVIR, Samuel Ramírez, dijo que las autoridades no quieren tomar en serio los arraigos, “dicen que no sirven de nada, mientras que la FGR no encuentra como condenarlos; no sabemos qué es lo que pasa, no quieren que demostremos la inocencia, pero tampoco liberan a las personas inocentes”.
Ramírez sostuvo que hay una crisis humanitaria en El Salvador y especialmente en las cárceles, las familias de los inocentes capturados no saben en qué condiciones se encuentra su detenido, si están vivos o muertos.
MOVIR también lanzó la campaña para exigir las visitas a sus detenidos; anunciaron que en los próximos días presentarán peticiones y propuestas concretas a las autoridades para normalizar las visitas a familiares y cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
MOVIR inicia con estas actividades en espacios públicos porque no tiene un local que funcione como oficina. De hecho, agentes del CAM y agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a la zona donde MOVIR estaba para preguntar si contaban con los permisos.
En la jornada de recolección de arraigos colaboraron el equipo de parte del equipo de Cristosal y Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDECH). Trabajo que le corresponde a la Procuraduría General de la República, pero que no lo realiza
A la actividad llegaron decenas de familiares víctimas del régimen de excepción quienes pidieron al Estado frente a los medios que liberen a sus inocentes. “Estamos presentes como víctimas del régimen, porque no solamente nuestros familiares que están detenidos son víctimas, sino que nosotros también, ya que hemos incurrido en gastos que no teníamos, es una medicina amarga, como el presidente (Bukele) lo dijo, lo que nosotros estamos tragando en estos momentos, porque son personas inocentes las que están detenidas”, comentó Luisa Hernández, quien tiene a su hija detenida desde hace 20 meses.
“Yo no digo que mi hija es inocente solamente porque yo la parí, es porque yo tengo documentos para comprobar su inocencia. No nos vamos a cansar en seguir exigiendo visitas, en seguir exigiendo que liberen a esos inocentes. Ya sirvieron para estadística, ya sirvieron para fama y para popularidad, ya estamos cansados”, comentó Hernández.
En ese sentido, reiteraron el llamado a las autoridades para solicitar las visitas familiares, “nuestros seres queridos tienen derecho a saber cómo estamos nosotros acá afuera y nosotros saber cómo están ellos allá dentro”, agregó Luisa Hernández
“No podemos confiar en lo que el sistema nos diga, cuántas personas han resultado muertas (detenidos) y todavía les están recibiendo paquetes porque las están haciendo pasar que están con vida”, concluyó.
Otra de las personas afectadas es Ana Josefa Romero, quien llegó la mañana de este martes para presentar documentación que respalda la inocencia de sus 2 hijos detenidos en el régimen. Ellos eran mecánicos y en el día de su captura estaban trabajando.
Ha solicitado apoyo de la Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero no ha tenido respuesta. “Nosotros no sabemos nada de nuestros hijos desde que los han agarrado. Nosotros tenemos derecho a saber de nuestros hijos y que a ellos le den salud.
PNC amenaza a periodista de EDH con denuncia si publicaba material
Durante el desarrollo de esta actividad por parte de MOVIR, un agente policial amenazó con poner una denuncia a una fotoperiodista de El Diario de Hoy si publicaba un video donde se ve al agente policial platicar con un representante de MOVIR sobre los permisos y controles para hacer uso de la plaza pública.
La prensa nacional, incluido Diario Co Latino, documentó cuando el agente de apellido “Acevedo” (según su uniforme) anotó el nombre de la fotoperiodista en un papel. Anotó el nombre tanto del carnet institucional del medio como el carnet de deporte; luego amenazó con denunciarla si lo publicaba. Le pidió a la comunicadora que incluso borrara el material.
Diario Co Latino habló con el agente policial luego de ese incidente para conocer las razones de la posible denuncia hacia la profesional: “Una denuncia cualquiera la puede hacer (Periodista: ¿y la hará?) si ella hace lo que yo le dije, sí”, comentó el oficial a este medio.
“Es como que yo lo viniera a grabar a usted sin su consentimiento (…) imagine que ahorita, yo me siento acosado porque públicamente yo voy a salir en esas cuestiones”, comentó el oficial sin argumentar la razón real del porque no se podría grabar; esto tomando en cuenta que el oficial, es un agente público.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Sergio Arauz, enfatizó que los periodistas pueden dar cobertura “irrestricta” a cualquier actividad pública al igual que al accionar de servidores públicos en dichos eventos. “¿Por qué un agente policial puede frenar el registro de actividades públicas y reservar su identidad y accionar en ellas?”.
Mientras que la APES hizo un llamado a la Policía Nacional Civil “a no normalizar el abuso. No es normal presionar a una periodista para que borre información registrada en un evento público. Eso es censura”, concluyó.
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