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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Ramón Pérez Gongora busca a su esposa que fue detenida injustamente por una denuncia anónima compartida en redes sociales, acusada de agrupaciones ilícitas con pandillas. “Eso es injusto porque tiene 40 años de trabajar en el mercado del desvío de San Vicente”, explicó su compañero de vida.
“La detuvieron el 30 de marzo de 2022, padece de diabetes y tensión alta, hace poco salió una señora y nos dijo que ella estaba bien mal de salud. Me da tristeza porque le llevo la insulina para que se la pongan todos los meses y no lo hacen, sólo sé que pedía algo de comer … pero nadie me resuelve nada”, expresó Ramón Pérez.
“La señalaron en 2017 de ser colaboradora de pandillas, junto a otras cien personas de la comunidad, que fueron señaladas por un pandillero que estaba preso y le habían ofrecido rebajar tiempo en prisión si entregaba a otros. A ella y a todos los demás capturados los dejaron libres porque eran inocentes, ahora la vuelven a capturar y no sabemos nada de ella, algún día ellos (autoridades) se van a arrepentir por toda la injusticia que han hecho”, dijo Pérez.
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), junto al Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos (COFAPES), presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 30 nuevos “Habeas Corpus”, que fueron presentados por familiares de los privados de libertad capturados de manera arbitraria.
Samuel Ramírez, dirigente del MOVIR, señaló que nuevamente estaban documentando los nuevos 30 Habeas Corpus, ante la Sala de lo Constitucional, a fin de “agotar el último recurso para las víctimas”, que han sido capturadas en el marco del régimen de excepción. Y para concluir el proceso judicial en las diferentes instancias del sistema de justicia del país.
“Parece que este país ha colapsado, parece que ha fracasado este sistema judicial, que no quiere escuchar a las víctimas y resolver a favor de ellos, porque al final tendría que resolver favorable a mucha gente inocente que ha sido capturada arbitrariamente”, afirmó.
“Simplemente, no encuentran como condenarlos, pero ya pasó un año y medio, sin encontrar delitos, entonces, ya deberían haber resuelto a favor. La Sala de lo Constitucional solo responde que hay que dar tiempo, que el sistema judicial resolverá porque tiene un proceso abierto, pero, mientras, siguen siendo torturados o mueren en los centros de detención”, indicó Ramírez.
El dirigente del MOVIR, cuestionó la ineficacia del sistema judicial, la Sala de lo Constitucional y entidades como la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), que no están resolviendo las denuncias de injusticia en estos procesos de captura arbitrarias dentro del régimen.
“¿Si no resuelven a dónde iremos?, esa es la pregunta que hacemos al pueblo salvadoreño y a la Comunidad Internacional. Nos están obligando a acudir a instancias internacionales para buscar justicia y tal vez allí, escuchen a las víctimas. Queremos verdad y justicia”, argumentó Ramírez.
En cuanto al número de capturas, Samuel Ramírez, afirmó, que dentro del régimen las autoridades penitenciarias y del Ejecutivo, no dan respuestas claras a la población afectada por estas medidas judiciales.
“Nosotros creemos que son 73 mil capturados, pero pueden ser más o pueden ser menos, pero lo que sí sabemos es del número de muertos porque nos hablan las familias y nos envían fotografías de sus familiares en sus ataúdes, y otras en donde muestran los golpes en sus cuerpos. Por esto sabemos que son 200 muertos a la fecha”, reafirmó Ramírez.
Ivania Cruz, abogada del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos (COFAPES), explicó que estaban acompañando al MOVIR, para la presentación de otro paquete de “Habeas Corpus”, señalando, que la Sala de lo Constitucional tomara en consideración que estos recursos estaban siendo presentados por los mismos familiares y no por un abogado. Y que valoraran la documentación anexa que ellos están incorporando.
“¿Por qué están presentando los Hábeas Corpus?, primero, es un recurso que permite la Constitución de la República, y, en segundo lugar, porque la mayoría de estas personas ya tuvo audiencias iniciales y no hubo una respuesta, pese a que existen documentos de arraigos”, manifestó.
Sobre el Habeas Corpus, indicó Cruz, es un “recurso constitucional que sirve para pedir la libertad ambulatoria de cualquier persona”, cuando las autoridades les están violentando cualquier derecho. Por esto, las argumentaciones de estos Habeas Corpus, les explican que han violentado el derecho a la defensa de estas personas.
Y en segunda instancia porque fueron capturas masivas y no hubo defensa individualizada, así también la acción de los jueces que han hecho “un solo atarrayazo en sus resoluciones y no individualizan a cada una de las personas”, observó Cruz.
Ivania Cruz lamentó que de las respuestas que recibieron de la Sala de lo Constitucional, en otros casos las respuestas son “vagas y repetitivas”, como el de procesos abiertos y esperar que finalice el proceso, pero las víctimas llevan prácticamente 2 años, a la espera de justicia.
“Las personas no pueden más estar así, y con las últimas reformas penales van a estar 3 o 4 años, detenidos de forma injusta. Están prácticamente cumpliendo una pena sin haber sido sentenciados, esas son las injusticias, por eso la Sala debería examinar la información anexa de los Habeas Corpus porque allí verán claro que son personas injustamente detenidas”, recalcó Cruz.
El MOVIR y COFAPES denunciaron que mientras la Sala de lo Constitucional incumple con sus obligaciones constitucionales, miles de personas siguen injustamente detenidos.
Con este nuevo paquete de 30 Habeas Corpus suman más de 500 presentadas desde la instauración del régimen.
