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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El reciente aviso de ingreso de los 175 expedientes en las oficinas del comisionado presidencial de derechos humanos y libertad de expresión, Andrés Guzmán Caballero, ha generado esperanza para igual número de familias, quienes reiteran que las detenciones de sus seres queridos, realizadas en el marco del estado de excepción, son arbitrarias.
Los familiares que integran el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y la Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDECH) anunciaron en su red social X, que luego de presentar los expedientes el pasado 18 de diciembre, el comisionado presidencial de derechos humanos les avisó oficialmente que fueron admitidos en su totalidad.
“Les informamos que el escrito presentado ha sido admitido y en este momento la solicitud se encuentra en trámite”, dice el aviso dirigido a los familiares, con fecha del 3 de enero de 2025.
El aviso añade: “tan pronto como se registren avances significativos se les notificará por esta misma vía, dándole el trámite institucional que es el del caso, de acuerdo a las competencias institucionales”, acotó el comsionado Guzmán.
El MOVIR y la UNIDECH también presentaron en julio de 2024, a la misma oficina de gobierno, un total de 83 expedientes, por capturas arbitrarias cometidas por agentes del Estado, en el marco del estado de excepción, que también son inocentes.
EPU podrá examinar detenidamente la situación del estado de excepción
La próxima audiencia del Estado de El Salvador, ante el Sistema de Naciones Unidas (ONU), el 20 de enero, en Ginebra, Suiza, a través del Examen Periódico Universal (EPU), puede ser una oportunidad para que la comunidad internacional evalúe con detenimiento la “situación real que vive el país”, señalaron los integrantes de la Plataforma por la Seguridad Ciudadana y organizaciones de derechos humanos.
Estas organizaciones que trabajan temas de seguridad y derechos humanos, presentaron a diversas comunidades y periodistas un resumen de este informe que presentarán ante el EPU, este 20 de enero, y que incluye los retrocesos en materia de derechos humanos y los rasgos de una política en contra de la democracia.
El Examen Periódico Universal o EPU es un monitoreo al que se someten todos los países que integran a Naciones Unidas, que evalúa las medidas que han adoptado los gobiernos para mejorar la situación de derechos humanos en sus países y que les fueron señaladas en EPUs anteriores.
El EPU en general es un “examen horizontal”, es decir, entre países miembros de Naciones Unidas, en donde analizan la información oficial y el informe alternativo procedente de la sociedad civil organizada, para ser debatido, cuestionado y culmina con recomendaciones de cumplimiento al Estado que ha sido evaluado.
Sobre el Informe Alternativo para El Salvador, son más de 15 organizaciones de la sociedad civil que han contribuido con la documentación, que incluye registros y recolección de testimonios de víctimas sobre lo que califican una “situación crítica” de los derechos humanos en los últimos 5 años.
Seguridad pública o derechos humanos
Del informe alternativo en el tema de seguridad y derechos humanos en El Salvador, señalaron, que sólo el Plan Control Territorial se constituye en la principal política de seguridad del Estado para combatir la violencia y el crimen, pero la información oficial de la ejecución y aplicación de estas medidas están bajo “reserva oficial”, lo que impide una fiscalización social y lo catalogan de “alta opacidad”.
Asimismo, reafirman las afectaciones del “estado de excepción” en la población con una cifra de 82 mil personas bajo capturas arbitrarias. Y una de las tasas más altas a escala mundial con 1,700 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes. El 2.5% de la población adulta salvadoreña se encuentre en prisión.
El informe suma también las más de 6 mil denuncias de violaciones a derechos humanos por detenciones arbitrarias, faltas al debido proceso, torturas, tratos crueles e inhumanos y al menos 313 muertes bajo custodia del Estado. Y más de 20 mil militares en apoyo de tareas de la Policía Nacional Civil (PNC).
Recomendaciones ante el EPU desde el Informe Alternativo
En el ámbito de las recomendaciones, la Plataforma de Organizaciones Sociales, que posee registros de casos y testimonios de víctimas en el marco del estado de excepción, sugieren garantizar la seguridad de la población dando prioridad a la judicialización de los responsables de crímenes violentos y la debida reparación a las víctimas.
Asimismo, pide proteger el debido proceso de las personas detenidas y liberar a quienes han sido detenidos sin evidencia creíble. Además del derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia, la representación legal de todas las personas detenidas y el acceso a servicios de defensa pública de calidad.
Esto se traduce en la “derogación” del estado de excepción y las reformas o normas contrarias a los estándares del derecho internacional, así como la aplicación de las “Reglas Mandela” (protección de derechos de personas detenidas), la salud y la alimentación adecuada. También el acceso a la información a través de un registro público único sobre personas detenidas y adoptar medidas de resguardo o alternativas a la detención.
La Plataforma por la Seguridad Ciudadana y Organizaciones recomendó también la “contraloría externa e independiente” que proporcionaría insumos para que se tomen medidas específicas en prevención de vulneración a los derechos humanos de las personas detenidas y sancionar a los responsables de abusos, que irá acompañado con la garantía de no repetición para las víctimas.
