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Los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, unidades especializadas del Ejército, entrenadas por Estados Unidos y bajo el mando del coronel Domingo Monterrosa Barrios, realizaron una intensa operación de “limpieza de reductos guerrilleros” en la zona norte del departamento de Morazán, que hoy conocemos como la masacre de El Mozote.
Las tropas del Ejército entrenadas y financiadas por Estados Unidos sacaron de sus casas a hombres, mujeres y niños, y tras encerrarlos por separado, bien en las mezquitas o viviendas particulares, comenzó la matanza.
Más de un millar de hombres, mujeres y niños de los cantones El Mozote, La Joya y Los Toriles, de los municipios de Arambala y Meanguera, del departamento de Morazán, fueron asesinados.
El caso de El Mozote llegó hasta organismos internacionales, los que condenaron al Estado salvadoreño y ordenaron acciones de reparación.
Fue en el primer gobierno del FMLN, bajo el liderazgo de Mauricio Funes, no solo se pidió perdón en nombre del Estado, sino que se ofreció cumplir lo ordenado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Y ha sido en el gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén que se han ejecutado las obras prometidas, con la participación de la comunidad de El Mozote, a través de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, ha reconocido, pese a los altibajos, el cumplimiento de parte del Gobierno.
“Aún falta camino que andar, hay temas inconclusos, pero seguimos en el proceso de diálogo para que se cumplan”, manifestó Dorila Márquez, presidente de la Asociación Promotora arriba señalada.
La Secretaría Técnica de la Presidencia aseguró el sábado que el 74% de las medidas contempladas en el Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote, en cumplimiento a la sentencia de la CIDH, se han ejecutado. Para esto, el Gobierno ha invertido cerca de diez millones de dólares.
Que distinto lo que sucede en el sector judicial, donde los abogados defensores de los militares demandados por la masacre aseguran que no hubo tal masacre, y si hay más de 500 osamentas de niños y niños es porque estos eran guerrilleros. Estos abogados no explican a la población si un niño de dos, tres, o cuatro años puede ser guerrillero, y por lo tanto, justificar que murieron en un enfrentamiento.
Otro abogado dijo que el lugar “era un cementerio clandestino”. Que el pueblo juzgue.
