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@SilviaCoLatino
“Estamos preocupados por el ahogamiento económico contra el gobierno, porque afecta directamente a la población”, dijo Gil Pintín, de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo, al demandar mayor compromiso social de las fuerzas económicas y políticas en beneficio de la población salvadoreña.
“Creo que es importante hacernos sentir nuestra opinión con lo que está ocurriendo, pero es mucho más vulnerable cuando grandes poderes oligárquicos tienen secuestrado al gobierno y preocupa mucho más, que estos sectores lleguen hasta prohibir la existencia de estos movimientos sociales”, explicó. En el “Día Internacional de Reducción de Riesgo a Desastre”, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) hizo su pronunciamiento en favor, a discutir la Ley de Gestión Integral de Riesgos, con una visión correctiva, reactiva y en búsqueda de formas participativas. Moisés Batres, de la MPGR, señaló que este año el “Día Internacional de Reducción de Riego a Desastre” fue denominado por la ONU “Vivir para Contarlo”, que se enmarca en la Campaña de Sendai Siete, que lo componen una serie de principios o metas que deben adoptar los Estados. “Sendai Siete” tiene a la base reducir de manera significativa para el año 2030, según decisiones tomadas en la Tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas (ONU) la reducción de riesgos de desastres en países vulnerables con urgente disposición para anticipar, planificar y reducir el riesgo además de dar protección eficiente a las poblaciones, comunidades y países vulnerables.
“No olvidemos que el 10 de octubre se cumplieron 30 años del terremoto de 1986, uno de tantos desastres en el cual mil 500 personas perdieron sus vidas; se registraron 10 mil heridos y 60 mil familias perdieron sus viviendas, lo que evidencia que somos un país altamente vulnerable y expuesto a múltiples amenazas; lo que demanda una Política Nacional de Gestión de Riesgo Integral de Riesgo”, aseguró.
Asimismo, Rubén Quintanilla, de FunsalProdese en la MPGR, reiteró la importancia que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo tomen la decisión de prohibir toda forma de exploración y explotación minera para minimizar y reducir las vulnerabilidades que tendría la población al contaminarse el agua, suelo y aire del territorio nacional.
“Tenemos claro que la vulnerabilidad no solo tienen que ver con los riesgos naturales, pero ahora tenemos sumada a esta condición vulnerable social, la vulnerabilidad jurídica(Sala de lo Constitucional) – porque además de los fenómenos naturales- al que está expuesto el país, también estamos en manos de grupos de poder con intereses económicos y políticos que defienden sectores tanto a nivel nacional, como internacional, que lo hacen a través, del ahogamiento de las finanzas del gobierno y es por esto, que llamamos a la gente porque el pueblo es el soberano”, sentenció.
