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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“Un elemento que falta es la cultura de prevención, como Mesa Permanente de Gestión de Riesgo, hemos insistido en este tema desde una visión integral entre todas las carteras de Estado, para que la población sepa el entorno en el cual viven”, dijo Magdalena Cortez, al demandar una Ley de Prevención de Riesgos con enfoque integral.
La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo (MPGR) es una red de organizaciones de la sociedad civil, que se articulan en la temática de la gestión de riesgo. Las cuales desde hace quince años han venido reiterando la necesidad de marcos legales de última generación para atender a la población en momentos de emergencia. Así como una reforma a la Ley de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Mitigación de Desastres.
Magdalena Cortez explicó que la política que se está planteando considera los tres momentos en una emergencia, que inicia con la fase Reactiva que resume todas las acciones que se desarrollan en el momento de la emergencia y respuesta a la población, más allá de evacuación y refugio.
Consecutivamente, se transita a la fase Correctiva que son acciones posteriores a los desastres y la emergencia en los lugares afectados, lo que concluye con las operaciones más vinculadas a la etapa Prospectiva, que se enfoca en actividades a futuro, sobre planificación y conocimiento del territorio y aplicaciones de marcos jurídicos para respetar el medioambiente.
Las organizaciones que integran la MPGR siguen demandando también de la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgos una visión inclusiva, participativa y con enfoque de género, señaló Breni Herrera del IMU.
“Como MPGR sabemos que la Comisión Nacional de Protección Civil ha aprobado ya una política de gobierno de este tipo, que recoge insumos de la propuesta trabajada por la sociedad civil, por tanto esperamos que el Ejecutivo oficialice dicha política, a la brevedad posible y trabaje en un plan de acción que ayude a dinamizar la ejecución de esa normativa, a fin de mejorar el accionar de las diferentes instancias gubernamentales en una emergencia”, subrayó.
Rubén Quintanilla consideró que un factor determinante en la vulnerabilidad de amplios sectores de la sociedad está ligado al modelo económico que genera movilidad y marginación social, económica y cultural.
Y son quienes reciben el impacto severo cuando ocurren los desastres.
“Hay gente viviendo a las orillas de los ríos y no deberían estar allí, se están construyendo urbanizaciones en lugares no adecuados. Recordemos el terremoto de enero de 2001, en Las Colinas (Santa Tecla), sno hubiera pasado esa tragedia, les aseguro que esa pequeña cordillera estaría llena de residenciales. Esto tiene que ver en el ¿desarrollo para qué o desarrollo para quiénes?, no ponemos en el centro de todo esto a la persona humana y eso provoca que la sociedad sea más vulnerable”, sostuvo.
Como MPGR, también exigieron del Órgano Judicial mayor apoyo en presupuesto y recursos humanos a los tribunales ambientales, para que puedan ejercer su labor de manera integral y transparente ante las demandas de la población.
