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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo en El Salvador se pronunció en contra las intenciones de la empresa Sensunapán S.A. de C. V. que busca, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la obtención de un nuevo permiso ambiental para construir la octava hidroeléctrica en el río Sensunapán, Sonsonate. Consideran que esto expone al riesgo los ecosistemas del afluente, los medios de vida de las comunidades indígenas e incluso la salud.
El rechazo a la construcción de una nueva represa no se encuentra alejado de los mismos informes de “Gestión del Recurso Hídrico”, del MARN, que el año 2019 señaló que para el año 2022 habrá “estrés hídrico en las tres zonas hidrográficas del país”. Y en Sonsonate destaca que la demanda del agua sobrepasa a la que tiene actualmente en sus acuíferos.
“Es de recordar que a la misma empresa ya le fue rechazado este proyecto en el año 2014, luego de una fuerte defensa de las poblaciones locales y porque la empresa no pudo sostener el argumento de que la hidroeléctrica no afectaría los medios de vida de las comunidades. Sin embargo, desde el año 2019, Sensunapán S.A. de C.V. ha emprendido un nuevo intento para obtener el permiso ambiental”, alega el comunicado.
Asimismo, ven como amenaza las declaraciones del presidente, Nayib Bukele, quien ordenó ese mismo año al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, que agilizara los permisos ambientales por tener “entrampados miles de millones de dólares en proyectos”, que consideraron los representantes de la MPGR ha generado que actualmente se manipule la “consulta pública” que debe realizar dicha instancia de Gobierno, aprovechándose de que la población debe estar resguardada por la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, que no se encuentra con transporte colectivo para movilizarse, y cuya preocupación crece por la incertidumbre que generan los actos de corrupción señalados por medios de comunicación sobre el uso de los recursos del Estado.
“Entre los riesgos que generaría la construcción de la represa se encuentran el que se sequen varios kilómetros del afluente, lo que tendría impactos negativos en la biodiversidad del río y ocasionando consecuencias subyacentes como falta de vital líquido, mermados sus medios de vida, daños irreversibles a los ecosistema, entre otras. Lo anterior afectaría de forma negativa en la población que depende de esa agua y cuyo acceso les sería restringido a consecuencia de la obra, es lo que llamamos privatización de un bien natural”, reafirmaron.
La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo en El Salvador (MPGR) -como sociedad- extendió su apoyo a las comunidades indígenas del territorio nacional y recordó al Estado salvadoreño su obligación de velar por la protección de pueblos que históricamente han sido marginados y violentados, así como el rechazo al intento de anteponer el valor de los intereses económicos por sobre los derechos humanos y el medio ambiente, que se encuentran en una situación precaria.
“Exigimos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) rechazar lo más pronto posible el permiso ambiental para la construcción de la octava represa a la empresa Sensunapán S.A. de C.V. El MARN debe detener la consulta púbica, la cual en el contexto de la pandemia del COVID-19 no debe proceder, en su lugar debe trabajar en un estudio integral, que permita identificar la capacidad hídrica, el caudal y otros elementos que repercuten en el río Sensunapán”, indicaron.
La MPGR reiteró, además, el cumplimiento de los planes, políticas y programas que darán cobertura a la preservación, conservación y protección de biosfera que demanda este cuerpo de agua, que se constituye en uno de los afluentes más importantes de Sonsonate, y que la empresa deje las prácticas de coaccionar a los sectores de la población.
“Hacemos un llamado especial al Tribunal Ambiental, a que esté vigilante a la concesión de este tipo de permisos, ya que violentan y destruyen ecosistemas y vidas. Al Estado salvadoreño, proteger los derechos de las poblaciones indígenas que, una vez más, están en peligro de ser vulneradas. Y expresamos que nos mantendremos vigilantes ante el accionar de las entidades correspondientes, para denunciar este tipo de acciones que van en contra de la vida de los ecosistemas y la población”, aseguraron.
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