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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador, que aglutina una red de organizaciones de la sociedad civil, expresó su preocupación ante la eventual aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, enviada por el presidente de la república, Nayib Bukele, a la Asamblea Legislativa, que incluye a fundaciones y asociaciones sin fines de lucro.
“A la Comunidad Internacional pedimos estar atentos ante la reducción de derechos fundamentales en la población salvadoreña, mediante artilugios jurídicos y discrecionales del funcionario en turno. Y un posicionamiento ante leyes como la que se pretende aprobar que atenta contra la cooperación solidaria, dirigida a sectores en grave riesgo”, afirma.
Sobre la propuesta de Ley, señala en un comunicado, que si bien se plantea como un mecanismo de “rendición de cuentas”, indicaron que las organizaciones y fundaciones ya cumplen con una serie de normativas que son verificadas por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, y el Ministerio de Hacienda.
Asimismo, rinden cuentas al Banco Central de Reserva, cada tres meses, al cual le entrega información sobre el cooperante, el monto enviado y destino de los fondos (Formulario : E1-14 BCR: Encuesta Trimestral de Donaciones del Exterior), así como el acatamiento de la Ley de Asociaciones y Fundaciones que regulan el accionar de este sector. “En ese sentido destacamos los aportes en materia de gestión de riesgo, atención a desastres, ayuda humanitaria, salud, educación y otros rubros que las organizaciones hemos realizado en más de 30 años, ante la ausencia, lentitud e inoperancia del Estado salvadoreño”, señala la mesa.
Todo ello desde un enfoque de defensa y garantía de derechos de la población en mayor condición de vulnerabilidad, tal como se ha demostrado en las grandes emergencias que el país ha vivido, por ejemplo: terremotos, huracanes, tormentas, tormentas, sequías y la actual pandemia del Covid-19, lo anterior lo hemos realizado con mínimos recursos, usados de manera eficiente, con personal comprometido con la atención y prevención del desastre”, afirma en el comunicado.
En cuanto al artículo 10 de la ley de Agentes Extranjeros, que exige “por cada transacción financiera, desembolsos, transferencias o cualquier otro y que sean provenientes de fondos del mandante extranjero, sea a través de donaciones, pagos u otros se aplicará un impuesto del 40%”, que la MPGR consideró, provocaría la “disminución del impacto y alcance de la ayuda a las comunidades”, a quienes atienden por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad.
Ante esta situación, las organizaciones que integran la Mesa Permanente por la Gestión del Riesgo (MPGR) solicitó a la Asamblea Legislativa no aprobar esta propuesta de ley y al Ministerio de Hacienda rendir cuentas a la ciudadanía del dinero público tal como lo hacen las organizaciones de la sociedad civil.
“Siempre hemos cumplido con la Ley que nos rige como organizaciones sin fines de lucro, así como presentar los estados financieros a las instancias del Estado correspondientes”, señala.
La Mesa pide “generar una apertura y escuchar otras voces que buscan permanentemente la consolidación de derechos humanos fundamentales para construir un país capaz de prevenir riesgos. Y el cese a la estigmatización que somos oengés de fachada, cuando hemos demostrado a las comunidades y la cooperación internacional los resultados de nuestro trabajo”.
El CCINOC “alarmado” por Ley de Agentes Extranjeros
El Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC) manifestó en su comunicado a la sociedad en general, que de aprobarse la Ley de Agentes Extranjeros, se estaría “criminalizando” la defensa de derechos humanos y la lucha contra la corrupción estatal, con esquemas similares en Nicaragua y Guatemala. Las organizaciones que integran al CCINOC, calificaron de “preocupante”, la situación de las organizaciones y fundaciones frente a la propuesta de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador, que presento el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, el pasado 9 de noviembre 2021.
“De aprobar la ley, permitirá la suspensión inmediata de actividades de organizaciones sociales y medios de comunicación que reciben financiamiento de fuentes no salvadoreñas”, señala el CCINOC.
“Las organizaciones no podrán desarrollar sus actividades hasta que el Ministerio de Gobernación las registre, bajo la amenaza de imposición de multas o cancelación de su personería jurídica o imputación de responsabilidades penales”, opinaron.
Sobre el impuesto del 40% sobre todas las donaciones de fuentes extranjeras, el CCINOC las calificó de “confiscación encubierta”, además, de ser una “carga excesiva” que está prohibida en la Constitución Política de El Salvador.
“Ante estos riesgos y peligros el CCINOC solicita a la Asamblea Legislativa de El Salvador, no aprobar esta propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, y convocar a las organizaciones de la sociedad civil para dialogar de manera democrática y respetuosa sobre cómo fortalecer las herramientas de transparencia y el trabajo conjunto entre la sociedad civil organizada y el gobierno”, detallan en su comunicado.
