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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) que aglutina a organizaciones de trabajadores del sector público, privado, municipal e independiente, manifestó que el país enfrenta una coyuntura difícil. A cinco años del gobierno de Nayib Bukele se han dado medidas anti laborales, que atentan la libertad sindical y antidemocráticas.
En los primeros meses de 2022 durante la implantación del Régimen de Excepción el ministro de trabajo, Rolando Castro, dijo a la Policía Nacional Civil (PNC) proceder en contra de las personas que salieran a las calles a manifestarse, para conmemorar el 1º de mayo acusándoles de ser colaboradores de pandillas.
“El Estado ha violado los derechos laborales y ha centrado su ataque en la organización sindical, la imposición de Rolando Castro como ministro de Trabajo ocasionó que muchos sindicatos caigan en la ilegalidad al no otorgar personería jurídica a organizaciones no oficialistas, o retrasa la entrega de credenciales a las juntas directivas hasta nueve meses, se ha apoderado de grandes sindicatos como el histórico STISSS”, expresó la MPJL.
Asimismo, el funcionario ha promovido la creación de la Unidad Sindical Salvadoreña que agrupa a todas las organizaciones sindicales controladas por el gobierno, las cuales respaldan cada medida gubernamental impuesta, aunque perjudique a la clase trabajadora. Lo más grave es la violación al fuero y libertad sindical, directivas sindicales debidamente acreditadas han sido despedidas y removidas de su puesto de trabajo.
La MPJL denunció que el ministro de Trabajo es el gran ausente ante las graves violaciones a los derechos laborales cometidas a diario, principalmente en el sector privado, beneficiando de esta manera a las patronales; así como los 21 mil trabajadores despedidos del sector público.
“El ministro ha guardado silencio ante la criminalización de la actividad sindical, no se ha promovido el incremento al salario mínimo significativo y el Consejo Nacional del Salario Mínimo que depende del Ministerio de Trabajo solo existe de nombre”, recalcó.
A la vez, externó que el Ejecutivo ha quebrantado el Estado de Derecho, desde dar datos falsos a la población, hasta destituir magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de forma ilegal.
