Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) denunció que en estos cinco años de la presidencia de Nayib Bukele, más de 20 mil personas fueron despedidas en 45 instituciones públicas, la Asamblea Legislativa y 25 alcaldías gobernadas por Nuevas Ideas. Estos despedidos ilegalmente siguen esperando la pronta y cumplida justicia, la cual ha sido cooptada por el régimen de Bukele.
El MTD señaló que continúa el “silencio administrativo” frente a las demandas de nulidad de despidos y amparo interpuestas ante el Tribunal del Servicio Civil, Sala de lo Constitucional, Contencioso Administrativo y Juzgados de lo Laboral, quienes violentan los derechos laborales consagrados en la Constitución de la República, leyes secundarias y Tratados y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Asimismo, enfatizó que tres alcaldes oficialistas, Mario Durán, de San Salvador Centro; Mario Vásquez, de San Salvador Sur y Marcela Pineda, de La Paz Este han despedido de manera arbitraria e ilegal a más de 200 trabajadores municipales, incurriendo en posibles delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, sin que la fiscalía promueva investigaciones de oficio, y sin la garantía del respeto al derecho del trabajo, estabilidad laboral y debido proceso.
“Demandamos de Nayib Bukele la pronta libertad de los sindicalistas Sabino Ramos, Giovanni Aguirre y Misael Itamar Gómez, criminalizados y encarcelados desde hace más de dos años bajo el régimen de excepción por el delito de defender los derechos de la clase trabajadora”, reiteró el Movimiento de Trabajadores Despedidos.
A la vez, hizo un llamado a la comunidad internacional a desconocer el gobierno inconstitucional de Nayib Bukele para el quinquenio 2024-2029, que además de ser ilegal, violenta los derechos humanos de las personas defensoras de derechos, sindicalistas, trabajadores públicos y del sector informal.
“Niega el derecho a la educación de las juventudes, persigue y criminaliza a los pobres sin respetar el debido proceso, acumula centenares de muertes en las cárceles que deben investigarse cómo crímenes de lesa humanidad, como el caso del sindicalista José Leónidas Bonilla Torres”, indicó el MTD.
Exhortó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolver con prontitud las quejas, avisos y demandas interpuestas por sindicalistas y trabajadores, a los que el Estado salvadoreño les ha negado el derecho a la pronta y cumplida justicia, libertad y fuero sindical.
