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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) denunció que el gobierno continúa con los despidos de empleados públicos. Cerca de 300 empleados de la Procuraduría General de la República (FGR), fueron notificados que a partir del 1 de octubre serán cesados de sus plazas.
El MTD indicó que este tipo de despidos es por medio del retiro forzoso, ya que a partir del 19 de septiembre deben presentar una carta de renuncia. Para los despidos han tomado en cuenta la edad y que los empleados estén jubilados.
“Hay compañeros que nunca se van a poder jubilarse, porque ingresaron tarde a la empresa pública, y ellos también han sido despedidos. Hay un compañero que tiene 58 años, pero está jubilado en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y también fue notificado de despido”, sostuvo uno de los afectados.
Asimismo, dijo que la mayoría de despidos son abogados, quienes daban asesoría penal y a familiares de privados de libertad bajo el Régimen de Excepción; las autoridades no dieron detalles a los afectados sobre la indemnización, bonos y otras prestaciones que por ley deben recibir.
El MTD exigió al titular de la PGR el respeto a la estabilidad laboral y el debido proceso a todo el personal de la institución; así como el inmediato reinstalo de los aproximadamente 300 empleados notificados del cese de sus plazas.
A la vez, consideró que esta es una medida del plan económico y “medicina amarga” anunciada por Nayib Bukele en su discurso de toma de posesión del pasado 1 de junio. “Ahí está el ajuste que dijo y falta, esto es aplicar dolor a las familias afectadas por los despidos, para quedar bien con incautos e ingenuos y que crean puede administrar”, es uno de los muchos comentarios en redes sociales.
En lo que va del año, 2,550 empleados públicos han sido despedidos, de los cuales 900 corresponden al Ministerio de Cultura, 900 en la Asamblea Legislativa y 450 en alcaldías.
El MTD señaló que durante el gobierno de Nayib Bukele más de 20,000 trabajadores públicos han sido despedidos de forma ilegal e injustificada, de estos 13,536 son de 45 dependencias gubernamentales, 4,444 de 60 alcaldías y 2,550 de la Asamblea Legislativa.
Algunas plazas de las personas cesadas en las instituciones del gobierno son cubiertas, principalmente con personas jóvenes y con poca experiencia, a quienes se les paga un salario inferior al establecido en el presupuesto institucional.
