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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
“La reforma del poder judicial será una de las grandes consignas para todo el progresismo en América Latina. Estamos observando en casi todos los países de la región una deformación en las funciones del poder judicial, muchas veces no es independiente ni imparcial, no hay igualdad ante la ley y el poder judicial termina siendo muchas veces cómplice de la violación de derechos”, señaló el reconocido abogado argentino, Guido Leonardo Croxatto.
Diario Co Latino conversó con el abogado y vespecialista en Derechos Humanos, quien manifestó que el “poder judicial” no da respuesta a muchas problemáticas sociales y económicas relacionadas con la justicia. El diseño establecido entre el poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo en la modernidad ya no funcionan, y es necesario buscar uno nuevo.
Es claro que hay una crisis del poder judicial en América Latina, sin embargo, cada país deberá pensar cuáles son sus problemáticas específicas y tratar de llevar a través del poder legislativo una reforma del poder judicial, para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía,
Es un tema general y debe ser abordado críticamente desde la vía académica y también por parte de los abogados de toda la región, así en México, el presidente Manuel López Obrador propuso una reforma al poder judicial, en Bolivia también hubo una reforma del poder judicial, Argentina tiene propuestas de reforma del poder judicial, y en Colombia hay cuestionamientos del funcionamiento del poder judicial.
“Es un problema que se ve en todas las democracias de América Latina, incluso, es un problema que trasciende a la vía política particular de cada país y tiene que ver con el diseño institucional, con la ingeniería del sistema de pesos y contrapesos que son la doctrina de la modernidad, está en crisis porque cada poder funciona como una burocracia separada, y ninguno controla a nadie, muchos dicen que compiten entre sí”, afirmó.
Según Croxatto, los jueces en América Latina no parecen muy preocupados por defender la justicia a pesar de vivir en la región más desigual del mundo, sin embargo, el poder judicial no hace nada para revertir esto, como si la pobreza o subdesarrollo no estuvieran relacionados con el poder judicial.
El experto ejemplificó que en Argentina hay cuestionamiento al poder judicial, porque son personas quienes cobran sumas millonarias en países pobres y le dan la espalda a la ciudadanía, cuando en realidad su rol es administrar justicia. El poder judicial en este país es de los tres poderes del Estado que tiene menor apoyo, o peor imagen y en otros países sucede exactamente lo mismo, dijo.
El poder Ejecutivo y Legislativo tienen origen democrático y la mayoría elige a sus miembros. La idea de un poder judicial no democrático estaba relacionado con contrarrestar estas mayorías, pero no para ir en contra de ellas, sino resguardar los derechos de las minorías.
“Ha existido una deformación de esta objeción contra mayoritaria o antidemocrática del poder judicial, este carácter conservador del poder judicial hace 200 años sí tenía sentido, y de una manera resguardaba a las minorías de la voluntad de las mayorías, que eran quienes elegían a los legisladores y presidentes”, detalló.
Hoy en día, el poder judicial ha invertido o deformado esta misión de contrapeso de la mayoría, no para defender a minorías vulnerables, sino para resguardar a los poderes económicos concentrados que son “minorías privilegiadas”, añadió.
A través del poder judicial, se criminaliza a los liderazgos políticos progresistas en América Latina. Así en Brasil el poder judicial estuvo en contra de Lula, en Ecuador contra Correa, en Argentina contra Cristina, en Perú contra Pedro Castillo, en México contra Obrador, en Colombia contra Petro, es decir, siempre la misma instrumentalización antipopular del poder judicial.
En Bolivia reformaron el poder judicial y propuso que los jueces sean elegidos por la ciudadanía. Es una manera de evitar que el poder judicial se cierre sobre sí mismo y termine siendo funcional a los grupos privilegiados, en algunas provincias de Argentina como La Rioja, se está proponiendo la periodicidad de los jueces, que no sea un cargo vitalicio, sino, estar seis o siete años como en los tribunales internacionales.
Guido Leonardo Croxatto, también director de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (ECAE) en Argentina, sostiene que la periodicidad de los jueces ya existe en Francia, Chile, Uruguay, en algunas provincias de Argentina están avanzando. Hace 200 años el poder Judicial era un contrapeso del poder Legislativo y Ejecutivo de la mayoría que se expresaba democráticamente en las elecciones.
“Los jueces resguardaban los derechos de las minorías que habían perdido en las elecciones, para que se les respeten los derechos inherentes. Se decía que el poder Judicial era un poder conservador y de no origen democrático, lo que hace 200 años tenía sentido hoy ya no, se utiliza ese origen antidemocrático no para resguardar minorías vulneradas, sino para resguardar minorías privilegiadas contra de cualquier avance popular, colectivo o mayoritario”, externó Croxatto.
Asimismo, comentó que el poder judicial en Argentina ha sido cómplice del empobrecimiento de la población, así como que no avance la ley de medios, la cual democratizaba la estructura de comunicación, es decir, termina favoreciendo no a las minorías vulneradas, sino a las minorías privilegiadas, ahí terminan aunándose el poder económico y judicial.
Ese poder judicial que es antidemocrático y antipopular termina siendo funcional en toda América Latina para la persecución de los líderes populares, quienes toman decisiones que no son eficientes en los términos de libre mercado, pero si son buenas para el pueblo y la sociedad, por ello siempre se criminaliza a los líderes progresistas.
Estos dos aspectos deben ser analizados en conjunto, por un lado, la deformación de los poderes judiciales en los últimos 30 años, y el lawfare que es la persecución judicial de los líderes populares quienes a pesar de la persecución pueden ganar las elecciones en sus países.
“La ciudadanía, el pueblo, sepa o no de leyes y derechos, percibe con claridad cuando se cometen injusticias y puede avalar democráticamente a sus líderes, más allá que el poder judicial los quiera criminalizar, en general porque van en contra de los intereses concentrados de libre mercado y las finanzas”, dijo el abogado.
Enfatizó que en general las cárceles en América Latina son para pobres, sin excepción la población carcelaria son los jóvenes, pobres y menores 35 años, porque en la región no hay genuinas políticas criminales, sino políticas “anti pobres”, que criminaliza la pobreza y el subdesarrollo, en vez de atacar las raíces del empobrecimiento y las necesidades de cada país.
“El verdadero flagelo de América Latina es el subdesarrollo y la pobreza de la población por eso las cárceles están llenas de gente pobre, no están los grandes empresarios y banqueros que hacen grandes negocios con nuestros países, ellos nunca van presos, los que van presos son siempre los jóvenes pobres que cometen delitos en general contra la propiedad”, explicó.
En términos de política criminal todos los países de América Latina tienen un problema parecido, es cómo erradicar la pobreza y subdesarrollo, cómo garantizar derechos económicos y la dignidad. Esto puede estar relacionado con el colonialismo del siglo XXI, todos los países siguen siendo víctimas de la colonización económica, financiera y extractivismo y la guerra por los recursos naturales.
La gente vive en países ricos siendo pobre, el resultado es la delincuencia y los Estados criminalizan a los jóvenes pobres, los encierran en prisión, como si eso solucionara algo a futuro.
Pero cuando aparecen líderes políticos progresistas que ponen el dedo en la llaga y mencionan el verdadero problema, que en vez de criminalizar la pobreza atacan las causas, el poder económico, a través del poder judicial, persigue esos líderes políticos, porque van en contra del colonialismo financiero e intereses de determinados grupos económicos, como pasó con Zelaya en Hondura, Lula en Brasil y Evo Morales en Bolivia.
“Los poderes judiciales de América Latina son cómplices del poder económico y atacan a los líderes que defienden los recursos de y para los latinoamericanos, cuando se encuentran con líderes que defienden la soberanía, los criminalizan en el poder judicial para que en las elecciones pierdan, antes daban golpe de Estado directamente con los militares, era la estrategia de quienes no podían ganar elecciones”, recalcó el abogado y especialista en Derechos Humanos.
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