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Santiago/AFP
Con el saldo de dos jóvenes muertos culminaron el jueves en Chile multitudinarias marchas estudiantiles que reclaman cambios en la reforma educativa impulsada por Michelle Bachelet, and uno de los frentes que golpean a la mandataria en medio de una crisis política y de popularidad.
Los estudiantes, click de 18 y 24 años, murieron tras recibir disparos por parte de otro joven de 22 años, hijo de los dueños de una casa en la que un grupo de manifestantes intentaba rayar y colgar panfletos cuando finalizaba la manifestación en Valparaíso, a 120 km al oeste de Santiago.
El supuesto autor de los disparos fue detenido, confirmó la policía que añadió que el hombre tiene antecedentes policiales.
«Condenamos todo tipo de violencia y lamentamos el deceso de estos dos jóvenes», dijo el ministro del Interior, Jorge Burgos, en una declaración en el palacio de gobierno, y calificó al incidente como un «hecho delictual».
Los fallecidos fueron identificados por las autoridad como Exequiel Borvarán de 18 años, estudiante de primer año de psicología y Diego Guzmán de 25 años estudiante de Previsión de Riesgos e integrante de las Juventudes Comunistas, ambos alumnos de un centro universitario de Viña del Mar (a unos 134 kilómetros de Santiago de Chile).
A esta hora en varias plazas del país se encienden velas en honor a los fallecidos.
En Santiago marcharon unos 150.000 estudiantes, de acuerdo a los organizadores, y 50.000 según la policía. Al finalizar la manifestación, encapuchados protagonizaron enfrentamientos con la policía, como es habitual en este tipo de protestas en Chile.
Con el rostro cubierto, manifestantes se enfrentaron con piedras y palos a los agentes policiales, que en gran número resguardaban desde temprano el centro de Santiago, constató una periodista de la AFP. Iguales choques se repitieron en otras ciudades de Chile, como Valparaíso y Concepción, en el sur.
«No nos están considerando para hacer la reforma, queremos ser escuchados. Estamos muy desilusionados, siempre es igual y las reformas se trancan antes de lograr algo bueno de verdad», dijo a la AFP María José, una estudiante de 17 años que marchaba junto a su novio, por la céntrica avenida Alameda, en Santiago.
Al ritmo de los tambores y en medio de un clima festivo, los estudiantes salieron a las calles cuatro días después del cambio de gabinete en el que la presidenta cambió a gran parte de su gabinete, entre ellos a su jefe de ministros y al titular de la cartera de Hacienda.
Con este golpe de timón, Bachelet buscó tomar las riendas de su gobierno, después de semanas de inactividad por los ecos de sonados casos de presunta corrupción política, uno de los cuales tiene a su propio hijo como protagonista y que derrumbó la popularidad de la mandataria a un mínimo histórico del 29%.
Presión estudiantil
Los estudiantes buscan apurar el tranco de la ambiciosa reforma educativa, cuya promesa le valió la reelección a Bachelet.
Los estudiantes, que por años reclaman acabar con el segregado sistema educativo legado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), buscan tener ahora una mayor participación en los proyectos de ley en revisión en el Congreso.
Los profesores reclaman, por su parte, mayores beneficios en la ley docente que Bachelet acaba de enviar al Congreso y que establece un aumento salarial de 28% para los profesores nuevos que se acojan a este régimen, que incluye evaluaciones constantes al desempeño, cuestión que el gremio de maestros rechaza.
Y los plazos apuran.
En enero, fue aprobada la primera parte de la reforma educativa, poniendo fin a la selección de estudiantes y la obtención de ganancias en las escuelas con aportes del Estado.
Aún, sin embargo, no está claro cómo Bachelet responderá a su promesa de establecer la gratuidad en la educación universitaria para el 70% más pobre de la población a partir de 2016.
La nueva normativa debería estar aprobada en los próximos meses, para su aplicación a partir de marzo de 2016.
«La educación está enferma de mercado, luchar es el remedio», rezaba uno de los cientos de carteles alzados por los manifestantes este jueves en Santiago.
«Que se vayan todos», pedía otro enorme cartel que cruzaba la avenida Alameda, en un reflejo de que los estudiantes también están hastiados por los casos de corrupción destapados.
El hijo mayor de Bachelet, Sebastián Dávalos, y su esposa Natalia Compagnon, son investigados por la justicia por el uso de información privilegiada y tráfico de influencias, tras un millonario negocio de especulación inmobiliaria que reportó casi 5 millones de dólares en ganancias.
En paralelo, decenas de políticos y asesores son investigados por el financiamiento irregular de campañas políticas por medio de boletas por servicios no prestados. De momento, el caso involucra a dos de los conglomerados económicos más importantes del país, el grupo Penta y la minera Soquimich, uno de cuyos dueños es un exyerno de Pinochet.
