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Julia Evelyn Martínez
La austeridad fiscal mata. Esta es la principal conclusión de una investigación de 10 años realizada por los profesores David Stuckler (economista, Universidad de Oxford) y Sanjay Basu (epidemiólogo, Universidad de Stanford) titulada “¿Por qué la austeridad mata?. El costo humano de los recortes” (Editorial Taurus, 2013).
A partir de la utilización del método científico clínico y del análisis estadístico de los resultados de la aplicación de políticas de recortes en el gasto público durante casi un siglo, los profesores Stuckler y Basu concluyen que sí las políticas económicas de austeridad fiscal se consideran un medicamento, éstas tendrían que haberse prohibido desde hace mucho tiempo, debido a la acumulación de masivas e irrefutables evidencias de sus mortíferos efectos secundarios.
En todos los países analizados (Rusia, Grecia, España, Gran Bretaña, Portugal y otros) siempre que los gobiernos aplicaron medidas de austeridad ante una crisis, sus efectos fueron devastadores para la salud pública, causando decenas de miles de muertes y no ayudaron en absoluto a la recuperación económica ni a la disminución de las brechas fiscales y/o los índices de endeudamiento público… más bien la evidencia sugiere el efecto contrario.
Estos hallazgos son consistentes con las conclusiones del ensayo “El neoliberalismo: ¿un espejismo?” elaborado por Jonathan Ostry, Prakash Loungani y Davide Fircerio (economistas del FMI) que sostiene que algunas políticas neoliberales, como la apertura comercial y la consolidación fiscal (imposición de topes al déficit fiscal y al endeudamiento público) en lugar de promover el crecimiento, han aumentado la desigualdad, a la vez que han puesto en peligro la expansión duradera de las economías.
En consecuencia, estos economistas recomiendan a quienes toman decisiones de política pública, “no dejarse llevar la fe sino por la evidencia de lo que ha funcionado”(Revista Finanzas y Desarrollo, FMI, junio 2016, página 41).
Pese a todo lo anterior, el FMI y las élites económicas nativas continúan insistiendo en aplicar la receta de la austeridad fiscal para solucionar la crisis de las finanzas públicas de nuestro país. Incluso, FUSADES, con todo el cinismo que caracteriza al más inmoral de los gansterismos económicos se atreve a sugerir que el recorte en el gasto público en los próximos tres años debería ser de $420 millones anuales, y no de $300 como lo recomienda el FMI, ya que existe “margen suficiente” para disminuir salarios, gasto corriente y focalizar subsidios.
La salud de una economía se mide a partir de la salud de sus miembros más necesitados de cuidados y de protección social: los niños y las niñas, las personas adultas mayores, las personas enfermas, las personas con discapacidad y las mujeres embarazadas. No se puede aprobar una política de recortes de gastos y de contención al endeudamiento público que comprometa la salud y los cuidados a estas personas. Quizá llegó el momento de dejar de escuchar a los tanques de pensamiento económico y a los analistas de ocasión, y de ceder la palabra al Colegio Médico y a las escuelas de medicina de nuestras universidades.
