Mujeres califican al gobierno de autoritario y dictatorial

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

En el marco del 25 aniversario del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, el 25 de noviembre, decretado por Naciones Unidas (ONU), en reconocimiento de sus derechos, Roxana Rodríguez, de la Asamblea Feminista, lamentó que El Salvador se encuentre en plena regresión en materia de derechos humanos.

“Este día conmemoramos el legado de dignidad y valentía de las tres hermanas Mirabal (Minerva, Patria y María Teresa) asesinadas en República Dominicana por la dictadura de Rafael Trujillo, el 25 de noviembre de 1960”, recordó.

“Y lastimosamente, después de estos 25 años, El Salvador también tiene un gobierno autoritario, de tinte dictatorial, en donde las mujeres estamos siendo fuertemente afectadas y violentadas”, prosiguió Rodríguez.

La Resistencia Feminista, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, las Católicas por el Derecho a Decidir, la Red Feminista contra la Violencia (RED FEM), y la Asamblea Feminista de El Salvador, realizaron una marcha este 25 de noviembre, para alzar sus voces y exigir del gobierno “¡No más Violencia!”

Las mujeres partieron desde la Plaza Minerva, de la Universidad de El Salvador (UES), en donde se instaló un “altar emblemático a las víctimas de feminicidios en el país”, con énfasis en el caso de Beatriz, y desde el cual, reclamaron al Estado salvadoreño, que se encuentra en deuda con los derechos de las mujeres salvadoreñas.

“Este día conmemoramos 25 años de haber hecho realidad que cada 25 de noviembre se reconozca el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, gracias al activismo e incidencia de las organizaciones feministas y organizaciones de mujeres latinoamericanas”, afirmó Rodríguez.

“Aclaramos, que no es cierto que estemos más seguras, no es cierto tampoco que ese discurso impuesto de -cero homicidios- impacte positivamente en la vida, la dignidad y seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas de este país”, añadió.

El Salvador retrocede en materia de derechos humanos

Azucena Ortiz, de Las Mélidas, afirmó que la violencia contra las mujeres es una realidad palpable en donde se han registrados 36 feminicidios (de enero a noviembre 2024), registros por el Observatorio de ORMUSA.

Los registros de CONAPINA resportaron 4 mil 430  casos de víctimas de violencia sexual (abril a diciembre 2023), datos reportados por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), de los cuales, el 90% de esos casos las víctimas fueron mujeres, niñas y adolescentes.

La Fiscalía General de la República, en su informe de labores de junio 2023 a mayo 2024, registró 20 mil 950 hechos, clasificados en violencia feminicida, violencia sexual, violencia física, violencia psicológica y violencia patrimonial, datos que evidencian un incremento del 15% (18 mil 178) de hechos de violencia, señaló.

El Salvador sigue siendo una fosa clandestina, como dijo el OUDH, dijo Ortiz, al referirse a los 10 mil 144 casos de mujeres desaparecidas en los últimos 8 años en el país.

Las cifras de UNIDECH, que compartió Ortiz, dan cuenta de 7 mil 742 casos de mujeres capturadas, de las cuales, 17 mujeres fueron asesinadas en los centros penitenciarios bajo el Régimen de Excepción y cuatro niñas fallecidas en el mismo contexto. Así como muchas mujeres han dejado en orfandad a sus hijas e hijos.

“El régimen de excepción sólo ha servido para esconder la violencia contra las mujeres y perpetrarlas con los cuerpos uniformados (PNC/FAES/CAM), además de generar una crisis económica en las familias, depresión y suicidios. Y las mujeres lesbianas siguen enfrentando escenarios que atentan contra su vida, despojándolas de sus puestos de trabajo y detenidas en el régimen de excepción”, reafirmó Ortiz.

Sobre otras denuncias, están la vulneración de derechos de las mujeres desde su diversidad como el respeto a su derecho a decidir sobre sus cuerpos y el aumento de los discursos de odio a mujeres defensoras de derechos.

Familiares de desaparecidos claman por justicia

Eneyda Abarca, es “madre buscadora”, su hijo Carlos Santos Abarca desapareció el 1 de enero de 2022, y desde ese entonces lo busca de manera incansable.

En este espacio del 25 de noviembre, elevó su voz, exigiendo justicia ante el gobierno del presidente Nayib Bukele, tras señalar que tiene 34 meses de estar buscando a Carlos, con sus propios medios y sin recibir ayuda de las autoridades de seguridad pública.

“La falta de la verdad es una de las manifestaciones que enfrentamos y sufrimos las mujeres en El Salvador, es obligación jurídica del Estado cumplir con su mandato y reconocer que tenemos el derecho de acceso a la  justicia y la verdad”, reafirmó.

“Por tanto, las 21 diligencias (Protocolo de Acción Urgente), implementadas en el gobierno de Bukele, son letra muerta y por eso exijo que el presidente y el gabinete de seguridad pública, dejen de dar falsas informaciones de cero homicidios,  cuando hay desapariciones diarias, exijo justicia por todos los desaparecidos”, aseveró Abarca.

Asimismo, Ana Cisneros, reclamó por la “retardación de justicia” en el caso de la desaparición forzada de su madre, Irma Cisneros, el 12 de septiembre de 1982, por Escuadrones de la Muerte en el municipio de Soyapango.

Irma Cisneros, tenía 44 años, y trabajaba como supervisora en el Hospital Psiquiátrico, y estaba afiliada a la Asociación Nacional de Enfermeras. Ese 12 de septiembre, cuando salió del hospital, fue interceptada por cinco hombres quienes la golpearon, detuvieron y la desaparecieron.

“El caso de mi madre ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y le pido a este organismo que agilice el estudio de fondo, porque ya son 43 años de espera de justicia. Y no voy a claudicar, sólo espero que antes de morir pueda atestiguar una condena contra el Estado de El Salvador por la retardación de justicia”, expresó Cisneros.

Justicia y no discriminación 

María Teresa Trejo, representante de Las Dignas, manifestó que parte de las demandas urgentes de las mujeres para el Estado de El Salvador, es un “alto a la reserva de datos de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres”. Por ser de naturaleza pública y deben estar al servicio de la investigación social y la formulación de programas, políticas o leyes en la prevención de la violencia hacia las mujeres.

“Exigimos una educación integral de la sexualidad, desde un enfoque laico y científico, así como la despenalización del aborto. Exigimos también información y justicia para las familias y víctimas de feminicidios, los casos de desaparecidos y cualquier tipo de violencia contra las mujeres”, acotó.

“Demandamos la libertad inmediata y medidas de reparación y no repetición para las víctimas directas e indirectas del régimen de excepción, y la liberación de Dina, justicia para su hija Karen y para todas las mujeres inocentes capturadas por el régimen”, demandó Trejo.

Las organizaciones de mujeres feministas exigieron a la Asamblea Legislativa, una revisión a profundidad del Presupuesto General de la Nación para el 2025, a fin de evitar condiciones de mayor vulnerabilidad en la que viven actualmente las mujeres.

Entre estas está la reducción del presupuesto del ISDEMU, por  4 millones de dólares menos  para operar. Y los 90.8 millones de dólares menos para el MINSAL.  Mientras que hay aumento de 53 millones de dólares para el Ministerio de la Defensa, y 16 millones de dólares más para la presidencia.

Asimismo, denuncian que dejan sin financiamiento las políticas de juventud o impactan en la desaparición de programas y políticas orientadas a la prevención de la violencia hacia las mujeres desde las municipalidades y a nivel nacional.

“Este 25 de noviembre exigimos también al gobierno salvadoreño que pare de perseguir a defensoras de derechos humanos y garantice el derecho a defender derechos”, puntualizó Trejo.