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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este próximo 25 de noviembre, Ariana Osorio (representante de Las Dignas) afirmó que el trabajo institucional para erradicar las expresiones de violencia e invisibilización de las mujeres continúa siendo una deuda permanente del Estado salvadoreño.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde 1977, aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; posteriormente, emite en 1993 una resolución con la Declaración sobre la erradicación de la violencia contra la Mujer. Y en el año 2000, designó el 25 de noviembre como “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”, en reconocimiento a la memoria de las hermanas Mirabal, ejecutadas por el Gobierno de Leónidas Trujillo, República Dominicana en 1960.
Las Dignas, junto a la Red de Mujeres por la Igualdad y una Vida Libre de Violencia, realizarán tres caravanas bajo el lema “¡Las Mujeres Exigimos Vivir Libres de Violencia!”, con el objetivo de entregar un pliego de demandas de respeto a los derechos de las mujeres salvadoreñas, población mayoritaria con un 53.11 % de habitantes en el país.
La caravana de este lunes 23 se dirigió a las delegaciones de UNIMUJER-ODAC, en San Salvador. La segunda caravana saldrá el próximo 25 de noviembre, hacia la Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General de la República, y la tercera el 30 de noviembre, está dispuesta a los Centros de Atención de Mujeres ISDEMU y Procuraduría General de la República.
Ariana explicó que uno de los objetivos de estas caravanas es señalar el aumento y la invisibilización de casos de violencia contra las mujeres, así como la omisión del actual Gobierno a esta situación que ha cobrado la vida de 84 mujeres en el presente año.
“Esto se hizo evidente durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19, en el país no tenemos estadísticas certeras porque han sido invisibilizadas; por lo cual, exigimos al Gobierno que actualice el sistema de datos, para que haga una presentación, hagan una evaluación y presenten estrategias para erradicar la violencia. Así como, acciones de prevención, las cuales hemos visto muy pocas”, argumentó.
Mientras, Maritza Aurora Ascencio -representante de la Red de Mujeres por la Igualdad y una Vida Libre de Violencia- manifestó su preocupación por el incremento de casos de violencia contra las mujeres, que se registran en sus hogares, sitios públicos o lugares de trabajo.
“Todos los años y en este día denunciamos la violencia que se ejerce sobre las mujeres en nuestro país y reclamamos políticas públicas para su erradicación. El Estado salvadoreño, ya sea por acción u omisión, se constituye en uno de los principales violentadores de las mujeres, negando la seguridad, la justicia y privándolas de derechos fundamentales como trabajo, educación, salud y acceso a oportunidades de una vida digna”, afirmó.
En cuanto a las cifras de casos de violencia, Ascencio señaló que tienen conocimiento de 878 casos de violencia familiar que se han dado en la actual coyuntura de la COVID-19, desmejorando la calidad de vida de las mujeres, y solo ha venido a aumentar casos de violencia, feminicidios y violencia institucional.
Sobre la ausencia de la institucionalidad del Estado o políticas de Gobierno, para fortalecer los derechos de las mujeres, Ascencio declaró que en administraciones pasadas hubo algunas iniciativas dispersas para mujeres; pero, actualmente, consideró que no existe ninguna política o programa consensuado con mujeres sobre el bienestar y su desarrollo.
“No hay nada estipulado para las mujeres. No somos tomadas en cuenta por el Gobierno e, incluso, estamos siendo invisibilizadas en cuanto a la violencia, que se maquilla u oculta, para que no sepamos cuántos feminicidios han ocurrido. Nosotras contabilizamos 84 feminicidios; pero, en realidad, ¿cuántas son, si estas son las de estadísticas, pero los casos que ocultan? Y, claro, la pandemia ha venido a dificultar las cosas, porque en las comunidades se ha visto el incremento en los casos de violencia. Y sé, por fuentes judiciales, -que ellos- no han parado de registrar casos de este tipo de violencia, que hasta horas extras han tenido que realizar para procesarlas”, observó.
La RED también exigió al Estado Salvadoreño adoptar políticas públicas que permitan a las mujeres el pleno ejercicio de los derechos básicos fundamentales de las mujeres. Así como, crear los mecanismos para que puedan tener acceso a oportunidades laborales y permitir así una vida digna.
Sobre las instituciones de Seguridad Pública, demandaron la garantía de una vida libre de violencia, tanto al interior de las instituciones como las que perpetran contra las mujeres, y, al órgano Judicial y Fiscalía General de la República, el cese a la obstaculización de justicia a las mujeres.
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