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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Las mujeres defensoras de la región mesoamericana se encuentra expuesto a agresiones de criminalización, amenazas, estigmatización y desprestigio, señaló Alejandra Burgos, de la Red Salvadoreña de Defensoras, al comentar el Informe (2012-2023) de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.
El informe publicado en octubre pasado por la Iniciativa Mesoamericana contiene “Datos que duelen, Redes que nos Salvan”, dijo.
El informe tiene como objetivo dar cuenta de un trabajo de sistematización de agresiones por más de 10 años, realizado a través del registro articulado de las redes de mujeres defensoras de la región.
Burgos señaló que el informe de la Iniciativa Mesoamericana da cuenta de al menos 35 mil 77 agresiones enfrentaron mujeres defensoras de derechos humanos en la región mesoamericana.
Así también, tienen registrados alrededor de 200 asesinatos de defensoras en la región y alrededor de 228 intentos de asesinatos en el período de 2012 a 2023.
“Estos son datos alarmantes, así como que sigan existiendo estos fenómenos de violencia de género para quienes defienden derechos humanos, pero además entendemos que esto se está dando en contextos en donde los Estados están retrocediendo en materia de democrática”, aludió.
“También hemos visto cómo los autoritarismos están a la orden del día, la tensión que generan los proyectos extractivos en la región, que siguen tan vigentes como hace varias décadas”, sostuvo Burgos.
Otro dato del informe de la Iniciativa Mesoamericana es la “cultura de impunidad” en materia de crímenes de odio contra población LGBTI, y la violencia de género contra las mujeres. Este tipo de situaciones se fortalece porque muchas veces los Estados “no documentan o carecen de datos oficiales”, lo que termina provocando que sea difícil que este tipo de hechos no reciban justicia y queden en impunidad y no cesen en la región.
“En este marco, presentamos esta información, como una forma de sensibilizar a algunos actores, y comenzamos con un grupo de periodistas, para que estos datos sean retomados y abonen en estrategias de seguimiento y prevención de violencia sobre el trabajo de las mujeres defensoras en el país y la región”, afirmó.
“Hemos tenido un espacio también con la academia para que esta información sea retomada en sus investigaciones y actividades sobre el tema. Y la ronda final con las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de compartir desde la confianza y fortalecer el trabajo en el territorio y que continúen respaldando el derecho a defender derechos y su labor en El Salvador”, reiteró Burgos.
En el informe también da cuenta de las agresiones contra mujeres defensoras salvadoreñas en el período 2012-2022, que egistra 524 de agresiones personales, en forma colectiva presenta 850, además de 165 denuncias. En total suman 1,539 agresiones en diferentes ámbitos
Desde la certeza de la información de estos “Datos que nos Duelen, Redes que nos Salvan, nos fortalece documentar la violencia que enfrentan las defensoras, porque implica identificar patrones de estos riesgos en la defensa de derechos humanos, así como generar mecanismo que nos permitan evitar que algunos hechos de violencia se concreten”, afirmó.
“El llamado también a los medios de comunicación de no dejar de poner el dedo sobre el renglón, cuando hay hechos de violencia contra una defensora, que una línea de investigación siempre sea la labor que realizan estas mujeres. Y no se naturalice la violencia que enfrentan las defensoras o el gremio periodístico como tal, en el territorio”, sostuvo Burgos.
Sobre estos “contextos de violencia” en diferentes ámbitos, Burgos agregó que la población no puede ignorar que existen en muchos países de la región, donde se han instalado escenarios de hostigamiento, campañas de desprestigio a personas que defienden derechos humanos o contra quienes elevan su voz crítica contra abusos de los Estados.
“Partimos que es una región que históricamente ha tenido una serie de impactos, que es colonial, patriarcal y que es capitalista, y luego cada país tiene toda una serie de expresiones de estos mecanismos de opresión a personas defensoras”, argumentó.
“Las consecuencias de agresión de defender derechos humanos no son responsabilidad de quienes defendemos derechos humanos, sino de los Estados, que deben garantizar la seguridad de las personas defensoras que contribuyen a la construcción de Estados democráticos, y en la defensa de sociedades más justas y solidarias”; reafirmó Burgos.
En cuanto a la protección de parte de los Estados a personas defensoras, Alejandra Burgos, señaló que existen diferentes mecanismos, unidades o instituciones que buscan garantizar los derechos de las mujeres defensoras en la región mesoamericana, como México, Honduras y Guatemala, que cuentan con dispositivos estatales para atender denuncias y dar protección.
“En el caso salvadoreño ni siquiera existe una ley que garantice el derecho a defender derechos, entonces, el llamado al Estado es a dotar al país de esa normativa jurídica”, indicó.
“Sabemos que en los Estados en donde no existe un mecanismo de protección o ni siquiera documenta las agresiones que enfrentan las defensoras les están violentando sus derechos. La institucionalidad debe asumir su responsabilidad de documentar y atender esta violencia que enfrentan las personas defensoras y dejar esa imagen de ineficiencia, ineficacia o inexistencia”, puntualizó Burgos.
