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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Cientos de mujeres se tomaron las principales calles y plazas públicas de San Salvador con mensajes, manifiestos, testimonios, fotos y cifras de mujeres que han sido vulneradas en sus derechos en diversos espacios, ya sean familiares, públicos o laborales, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
“Nos preocupa el desmontaje que ha hecho el actual Gobierno de instituciones que permitían el diálogo y la participación”, dijo América Romualdo, de Las Dignas, que integra la RED-FEM, al expresar la preocupación de que la administración del presidente, Nayib Bukele aún no de muestras de la participación social de la población.
“Nosotras como mujeres tenemos espacios por ley en algunas instituciones, como sería el ISDEMU o el Sistema Nacional de Igualdad Sustantiva, que son mecanismos que estamos viendo debilitados, que no se le está dando la importancia que nosotras deseamos; por eso decimos que se debe gobernar pero escuchando a las personas y nos alarma por las problemáticas que tenemos. Pedimos al nuevo gobierno que instale esos mecanismos de participación”, sostuvo Romualdo.
Con un minuto de silencio, La Red Feminista a la Violencia contra las Mujeres (RED-FEM) presentó el “Balance del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de toda forma de Violencia”, denominado “Nosotras reclamamos las vidas arrebatadas por el patriarcado”, en memoria de las mujeres asesinadas en El Salvador.
Las cifras son abrumadoras, según la RED-FEM, pues señalan que pese a los avances alcanzados como el resultado de un trabajo de décadas y sostenido de estas organizaciones, aún persiste la violencia; solo en el 2018 se reportaron 6,142 casos, y hasta junio de 2019 se lleva un registro de 2,131 hechos de violencia sexual.
“Entre enero y septiembre de 2019 se contabilizan 11,907 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años de edad, lo que muestra el impacto de la persistente violencia sexual. En el sondeo de ORMUSA tenemos un total de 1.090 mujeres trabajadoras encuestadas, el 25.9 % ha sido víctima de maltrato físico y psicológico, y de este grupo solo un 3.3 % interpuso una denuncia ante las instituciones competentes y solo un 7.5 % de las trabajadoras reconocieron haber sido víctimas de acoso sexual en su trabajo; de este segmento, solo una víctima interpuso denuncia”, explicó Silvia Juárez, abogada de ORMUSA, que integra la RED-FEM.
En cuanto al registro de inscripciones de embarazadas atendidas en la red de establecimientos del Ministerio de Salud (MINSAL), entre enero a septiembre del presente año, la RED-FEM las calificó de “graves”, por la edad y el número de casos de las inscritas: 10 a 14 años sumaban 427 embarazos y del rango entre 15 a 19 años eran 11,480 casos, un total de 11,907 casos, solo en ese período.
Asimismo, Silvia Juárez hizo un conteo de nuevas denuncias sobre la vulnerabilidad de derechos laborales y acoso sexual en ámbitos como los medios de comunicación, donde son “deshumanizadas”, para aplicarles criterios sexistas en relación a una investigación periodística, presentada por un agencia internacional de noticias, sobre el acoso sexual de un director de un canal contra un grupo de periodistas pasantes.
“Preocupa la práctica de funcionarios y personas con poder mediático contrarias al estándar de respeto a los derechos humanos de las mujeres y propias de los mandatos que establece la masculinidad hegemónica, representando un grave factor de peligrosidad”, afirmó Juárez.
Mientras, en la marcha hacia Casa Presidencial, Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto reafirmó que ante la violencia del Estado solo quedaba la autodefensa feminista, que enfatizó es una medida ante la violencia que a diario se ejerce contra las mujeres con los feminicidios, los crímenes de odio contra personas LGBTIQ+, los embarazos impuestos a niñas y adolescentes luego de sufrir la agresión sexual, la penalización absoluta del aborto y la persecusión, así como la criminalización a personas defensoras de derechos humanos.
“Por un lado, es necesario que se declare la Alerta de Género y Anti-impunidad” para enviar un mensaje a la sociedad, que se deben tomar medidas contundentes para que la impunidad no sea parte de las instituciones; es decir, que si las mujeres ponemos denuncias por acoso, por violencia, que sean escuchadas, no revictimizadas; para esto deben estas instituciones contar con presupuestos para ejercer su trabajo”, explicó.
Sobre el impulso y apoyo a diversos marcos normativos, que consideran estratégicas para un Estado democrático, consideró la despenalización del aborto por las cuatro causales, la ley de identidad para reconocer a las personas trans y la ley por el derecho a defender derechos humanos, con el fin de que el Estado en su conjunto permita una vida libre de violencia.
“Queremos una inmediata depuración del sistema Judicial y todos los órganos del Estado, desde los miembros del gabinete de Gobierno que han expresado mensajes de odio y discriminación a mujeres y personas LGBTIQ+, a través de las redes sociales, y nadie puede estar por encima de la ley. Sabemos de ataques a mujeres periodistas desde cuentas que pertenecen al grupo más cercano del presidente Nayib Bukele”, sentenció.
