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Gloria Silvia Orellana
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“Queremos que se revisen las condiciones de cárcel de las mujeres, porque no sabemos la situación en la que se encuentran, sobre todo, las que están en estado de embarazo y privadas de libertad bajo el régimen de excepción”, pidió Alejandra Burgos, de la Red de Defensoras y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, quien además rechazó el discurso del presidente Nayib Bukele en la ONU.
“Y tampoco sabemos en que situación están los menores que están con sus madres en situación de cárcel. Sabemos que toda esta información reservada es violatoria de derechos humanos y significa que no se están respetando los derechos de niños y niñas ”, acotó Burgos.
La reacción de la defensora de derechos humanos se da en el marco del sexto discurso del presidente Nayib Bukele, ante la ONU, quien mencionó que la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y el respeto de los derechos humanos eran principios respetados en el país.
“Estamos a la puertas del Exámen Periódico Universal (EPU) El Salvador estará en el 4to período de sesiones ante al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) y en reiteradas ocasiones, ya se le ha dicho, que revise su legislación en materia de la absoluta penalización del aborto”, agregó.
“Queremos también que se ratifique el Protocolo contra la Tortura, porque de hecho, la prohibición absoluta del aborto ha sido calificada por el Relator de Naciones Unidas como una tortura, en donde las mujeres reciben tratos crueles, inhumanos y degradantes cuando las obligan a llevar un embarzo de alto riesgo a término poniendo en riesgo su salud y vida”, indicó Burgos.
Mientras, el Sistema de Naciones Unidas, conmemoró los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) que mantiene su fin primordial de fortalecer la dignidad, la libertad y la justicia para los pueblos, aplicando y cumpliendo leyes y políticas internacionales, nacionales y locales.
En la misma línea la ONU recordó que en diciembre de 1998, se adoptó la Declaración de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, que definen como mujeres y hombres que se movilizan por el respeto de la libertad de expresión, los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas o la población LGBTI.
Estas personas defensoras pueden ejercer esta labor de forma individual o colectiva. Y los Estados están en la obligación de proteger y garantizar todos los derechos humanos, señaló la ONU.
“Aquí en El Salvador está pendiente la ratificación de varios protocolos y Convenios Internacionales, como la CEDAW, que desde 1995 no toman esa decisión. Y, realmente, si el país respetara los derechos humanos ese protocolo de la CEDAW, como otros ya estarían ratificados”, alegó.
“Estas son deudas de El Salvador, con la población las que son históricas porque no comenzaron en 2019 este tipo de omisiones, pero estamos claras y enfáticas en decir que esta situación se ha agravado en el marco del régimen de excepción”, expresó Burgos.
Alejandra Burgos hizo un llamado al Estado salvadoreño, a permitir la visita “in situ” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que la última que se registró fue en diciembre de 2019, para que los magistrados de la Comisión realicen visitas a los centros penales donde se encuentra la población civil, y no en el CECOT.
Gobierno debe brindar un mínimo de justicia y libertad
El 30 de mayo de 2022, Sonia Vásquez vivió el momento más “grave” que ha marcado su vida y su familia, tras la captura de un familiar en el marco del régimen de excepción, que la llevó a buscar justicia y a momentos depresivos por la impotencia por la falta de acceso al debido proceso.
No obstante, desde su integración al Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción de El Salvador (MOVIR), esperan encontrar no sólo a sus seres queridos sino también su libertad inmediata.
Ahora, como defensora y apoyando a otras miles de madres, esposas, hermanas y familiares de los detenidos arbitrariamente, esperan un cambio desde las autoridades que las estigmatizan por vivir en zonas periféricas sometidas a la pobreza por faltas de empleo, salud y estudios.
“Siendo consecuentes con cada paso que hemos dado como MOVIR, desde el principio de este régimen de excepción, hemos avanzado y vamos a seguir en la línea y observaciones que hizo la CIDH, sobre los centros penales”, añadió Vásquez.
Vásquez explicó que se encuentran trabajando con los familiares de víctimas del régimen para documentar casos y lograr la visita a sus seres queridos, que consideró eran “mínimos para las víctimas” que fueron detenidos de forma arbitraria siendo inocentes.
“Hemos comprobado que todo el trabajo que estamos haciendo como MOVIR, es porque las instituciones del Estado no lo están haciendo, por eso decidimos atender a la población a la intemperie para documentar los casos”, afirmó.
“Es lamentable, que en nuestra reciente actividad, cuando comenzamos a recolectar datos y documentar casos en el parque Libertad, las autoridades llegaron a intimidarnos. Luego llovió y muchas mujeres se mojaron, algunas ahora están enfermas, porque no tenemos un local en donde estar, entonces, pedimos que respeten nuestros derechos, sino estas acciones de la autoridad son una revictimización más”, dijo Vásquez.
Organismos de derechos humanos regionales y mundiales como la CIDH y la ONU, han reiterado en infinidad de informes que las “personas defensoras de derechos humanos”, deben gozar del reconocimiento a su labor, la libertad de reunirse y manifestarse pacíficamente, de formar asociaciones y ongs.
Así como, la libertad de presentar críticas y propuestas a las autoridades de sus países, con el fin de alertar sobre cualquier vulneración a los derechos humanos de la población entre otros principios.
