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Mujeres periodistas y libertad de expresión: retos por la igualdad de condiciones

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“El 50% de las encuestadas ha enfrentado la violencia en su lugar de trabajo, siendo la violencia psicológica laboral y económica las que más reciben las mujeres periodistas en el ejercicio de su profesión”, dijo Mónica Rodríguez, integrante de la Colectiva de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información (MPCTI ), al compartir la encuesta realizada a periodistas y comunicadoras que trabajan en medios radiales, instituciones, prensa escrita, comunitarios, freelance y consultoras independientes.

En el marco del Día Nacional del Periodista, la Colectiva de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información, ORMUSA y la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, realizaron el Conversatorio “Condiciones Laborales de las Mujeres Periodistas: Realidades y Demandas”.

Sobre el estudio, compartió que un 90% de las encuestadas dieron cuenta que conocieron a alguna colega que había enfrentado “algún tipo de violencia”, y de estas las más reiteradas fueron la violencia laboral, psicológica y sexual.

“Los principales agresores de las mujeres periodistas son las jefaturas, los funcionarios públicos, compañeros de trabajo y colegas de otros medios. Además, de otras fuentes de información, autoridades de seguridad y empleados públicos”, explicó.

Otro de los hallazgos importantes con respecto a los derechos laborales, es que sólo un 40% de las periodistas cuenta con un contrato laboral formal y un 26% no tiene prestaciones laborales. A lo que suma, las “horas dedicadas al ámbito laboral” que arrojó que el 56% dedica 8 horas de trabajo, y un 34% le dedica 12 horas a su fuente de trabajo.

“De estas cifras, un 36% considera que ha aumentado su carga laboral. Y entre las razones más destacadas del aumento de carga laboral se debe al despido de personal en los medios, poco personal contratado, incremento de proyectos en los medios y el aumento de asignaciones diversas por las que fueron contratadas, sumando redacción, fotografía, video, multimedia y redes sociales”, argumentó Rodríguez.

Sobre las prestaciones laborales, señaló que sólo 34 de las encuestadas son derechohabientes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que sólo 26 cotizan al Fondo de Pensiones y 28 periodistas de la muestra cuentan con pago de vacaciones y aguinaldo.

“De las 50 mujeres encuestadas, 10 no cuentan con ningún tipo de prestación laboral. En ese sentido también consultados sobre cuáles consideraban que son los derechos que más les han sido violentados en sus centros de trabajo y señalan el pago de horas extras, cobertura del ISSS y cotizar los fondos de pensiones”, indicó Rodríguez.

Sobre los derechos de las mujeres y mujeres periodistas, Rihna Juárez, experta en derecho laboral de ORMUSA, señaló que era importante compartir espacios de debate en temas tan importantes como la igualdad de condiciones y la estabilidad laboral.

“Sobre la estabilidad laboral es importante -por ejemplo- un contrato de trabajo en donde la persona tenga claro por las funciones que realiza va a recibir un salario. Y no pueden asignar funciones que no te están pagando en el contrato, este es un tema del mundo de trabajo libre de violencia y acoso”, sostuvo.

“Hay otros temas como la discriminación laboral por motivos de sexo o edad, que son algunos de los principales derechos que se violan en los ámbitos periodísticos, sobre todo, cuando está relacionado a la industria de la comunicación y la información, a través de la labor del periodismo, que no es la misma situación con los periodistas, sobre todo, en temas de sexo o edad”, expresó.

“A esto se suma el tema salarial en donde era muy fácil percibir los salarios que ganan las mujeres periodistas o trabajadoras de la información que podrían ser similares al salario mínimo del comercio e industria (365 dólares) pero, también, había personas que cobran menos de ese mínimo. Y está el tema de la contratación que son modalidades diferentes y muchas de las mujeres que trabajan en el periodismo no cuentan con un contrato regular”, acotó Juárez.

En cuanto al tema de los contratos, Juárez, agregó que un “contrato regular” es en el cual una persona está contratada por un tiempo indefinido y jornada completa (8 horas diarias) . Y está también el “contrato atípico o irregular”, cuyas características es que tienen otras modalidades en cuanto a su organización, tiempo de trabajo que pueden ser trabajos a domicilio, de tiempo parcial y no hay dependencia laboral.

“Este tema es importante porque la dependencia laboral o subordinación laboral, son características que se cumplen en unos lugares de trabajo y determina el goce de derechos como las prestaciones laborales, licencias por maternidad, la seguridad social, vacaciones, asuetos, aguinaldos y pago de horas extraordinarias”, manifestó Juárez.

Asimismo, lamentó, que según la encuesta presentada por la Colectiva de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información, la mayoría de mujeres periodistas entrevistadas no cuenten con contratos regulares, porque esta práctica lo que provoca es la pérdida de derechos laborales tan elementales como una jornada laboral que no sea extensa o excesiva al pedir resultados, así como falta de reconocimiento de “horas extraordinarias” a esas horas más de trabajo.

“En lo regular hay una práctica de no pago de horas extraordinarias para las personas que no tienen un contrato individual de trabajo y las mujeres trabajadoras que no tienen contrato regular, es mucho más difícil porque pueden estar contratadas sólo para un evento en específico y no justamente jornada completa”, afirmó.

“Sobre el pago de las jornadas diurnas y nocturnas reglamentarias, cuando se pasa del horario normal, hay un pago adicional si la personas trabaja horas extraordinarias en turno diurno.

Y los que realizan jornadas nocturnas se les debe pagar las horas extraordinarias más un 25%, eso dice el Código de Trabajo, pero no se cumple”, acotó Juárez.

Mientras, Alejandra Burgos, de la Red Salvadoreña de Defensoras, señaló que era importante analizar y estudiar el origen de la violencia a las mujeres periodistas y mujeres defensoras y que junto a los nuevos datos presentados por la MPCTI , esta recopilación de información puede convertirse en un banco de datos que permita documentar y denunciar atropellos a las mujeres en el país. “En el marco de la Iniciativa Mesoamericana contar con un sistema de registro significa -documentar, denunciar y defendernos- , entonces, creo que esta informe de esta encuesta es súper importante. Y quiero cruzar esta información con el informe que presentamos por la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, que recoge algunos elementos de la APES, que son cifras que coinciden cuando las mujeres alzan su voz, para denunciar algo que les está pasando a ellas, su comunidad o denunciar situaciones del contexto socio político”, indicó.

“Y tenemos también, que el principal perpetuador de las violaciones que se dan contra mujeres, defensoras de derechos humanos, periodistas y personas sexo disidentes que son las 3 categorías que nosotros empleamos, tenemos a representantes del Estado y el funcionariado público (55%); las fuerzas de seguridad FAES y PNC (40%) y un 15% proviene de diputados de la Asamblea Legislativa del partido Oficial Nuevas Ideas (NI)”, reiteró Burgos.

Burgos añadió que desde el 2019 se iniciaron los “ataques a periodistas” como Mariana Belloso y Claudia Espinoza, casos que fueron documentados y presentados en el informe especial ante la CIDH, luego de analizar que el discurso presidencial era “catalizador de violencia” contra periodistas o mujeres que alzaban su voz en redes sociales.

“Eso creo que hay que mencionarlo porque desde esa fecha (2019) el espacio digital es un espacio propicio para agredir a personas que se atreven a denunciar. Y para el 2022 teníamos que de cada 10 agresiones 4 se dan en el espacio digital y que de cada 10 agresiones 6 se dan en el espacio físico o público y en su mayoría la agresión se da de manera directa contra las personas”, sostuvo.

“Nosotras documentamos 182 casos de los cuales derivan 244 agresiones, si hay un alto porcentaje contra mujeres periodistas y esto nos debe llevar a pensar cuáles son los desafíos que tenemos para entender esta violencia de género”, puntualizó Burgos.

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