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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Creemos que el agua, las semillas y la tierra están relacionadas con el quehacer de las mujeres rurales, porque la mayoría de las mujeres nos dedicamos a producir los alimentos”, dijo Sulma Hernández, vicepresidenta de CRIPDES.
El Movimiento de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas en Resistencia ante la Crisis Social y Climática demandó del Gobierno del presidente, Nayib Bukele, un verdadero compromiso con la población mayoritaria (53 %), de la cual un 37 % reside en las zonas rurales del país.
La demanda surge desde los aportes en materia de Soberanía Alimentaria, cuido de los bienes naturales y el aporte a la economía nacional; no obstante, se encuentran invisibilizadas y en situación de vulnerabilidad en sus derechos humanos.
Mhaydeé Recinos, presidenta del IMU y coordinadora política de la Alianza de Mujeres Rurales, explicó que, del total de la Población Económicamente Activa (PEI), las mujeres representan un 76 %, porque están categorizadas desde el “trabajo reproductivo” y, por tanto, no aportan al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Las mujeres en la zona rural se encuentran dentro de una realidad donde solo un 12 % es propietaria de la tierra y reciben un 16 % menos de salario que los hombres al realizar el mismo trabajo asignado.
“Durante este año y en el marco del COVID-19, las mujeres hemos estado activas en múltiples tareas relacionadas al trabajo de cuido familiar, trabajo remunerado y tareas comunitarias de prevención al virus, lo que ha ocasionado estrés, depresión y angustia. Asimismo, las condiciones de salud se han agravado, dado que el Ministerio de Salud no ha dado consultas, por volcar los esfuerzos a la emergencia, dejando desatendida las enfermedades crónicas y terminales”, dijo Recinos.
Guadalupe Esquivel (FECORACEN) reconoció los esfuerzos de las organizaciones de mujeres rurales, campesinas e indígenas, que se aglutinan en alianza por los Derechos de las Mujeres Rurales, expresando la preocupación colectiva por el cierre de programas sociales estratégicos o leyes a las cuales no han dado seguimiento, por lo que demandaron al gobierno del presidente, Nayib Bukele, a tomar medidas a corto y mediano plazo, dentro de su administración para garantizar los derechos de las mujeres.
“El presupuesto 2021 debe contar con fondos para la Política Pública de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas y reconocer a la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, como interlocutor de su implementación y fiscalización social. Así como, retome los programas de Desarrollo Productivo Rural como PAF, PRODEMOR, Amanecer Rural y PRODEI, que tiene a la base asistencia técnica y otros beneficios”, señaló Esquivel.
En cuanto a realidades históricas relacionadas con la tenencia de la tierra, acceso a créditos para las mujeres y un Código Agrario con enfoque de género, Esquivel consideró que el Gobierno central, junto a los municipales en el territorio nacional, deberán trabajar en “mesas agrícolas”, para discutir todos estos temas de manera inclusiva y transparente.
“Se debe fortalecer -también- el sistema nacional de Salud, para la atención especializada y con pertinencia cultural en salud sexual y reproductiva y asegurar la construcción y equipamiento de dos hospitales especializados para la Mujer en Occidente y Oriente. Y, en educación, garantizar los programas de aprendizaje dirigidos a personas adultas y jóvenes, para contar con mayor educación para las mujeres en la zona rural y, por ahora, no vemos nada en el presupuesto general para el próximo año”, agregó.
Sulma Hernández -vicepresidenta de CRIPDES- demandó de la Asamblea Legislativa la discusión y aprobación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional; así como, la Ley de Aguas y Saneamiento, que son básicas para garantizar derechos como la vida, la salud y protección del medioambiente.
“Pedimos la reforma al artículo 69, que garantiza el derecho humano al agua y reformar la Ley de Protección Civil, tomando en cuenta las propuestas construidas y presentadas por las mujeres desde los espacios de gestión integral y el riesgo a nivel nacional, que vendría a fortalecer una visión de género y derechos”, sostuvo Hernández.
Las representantes de la Alianza pro la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales hicieron un llamado al Estado salvadoreño a trabajar unidos, para garantizar una vida digna a toda la población salvadoreña, antes de los intereses de poder económicos y políticos.
“Nos preocupa que la discusión de los anteproyectos de ley, dentro de la Asamblea Legislativa, no avancen como deberían y lo dejen para la legislatura entrante. Lo que significa comenzar de cero, nuevamente porque van a argumentar que deben conocer y discutir cada artículo y así es la tendencia; lamentablemente, es terrible un país como el nuestro que es pobre y que, pese a los altos niveles de desnutrición y pobreza, no haya avances. Y la CEPAL ha dicho que habrá un 20 % más de pobreza y aquí en el país, ya pobre, llegaríamos al 40 %; no se puede seguir así”, puntualizó Mhaydeé Recinos, presidenta del IMU y coordinadora política de la Alianza de Mujeres Rurales.
