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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Haydeé Recinos, coordinadora del Instituto de Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU), y presidenta de la Alianza de Mujeres Rurales, reiteró la preocupación por el retroceso en materia de derechos humanos en el país.
En el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, Recinos hizo un llamado al Estado salvadoreño a dialogar y buscar acuerdos que beneficien a la población, y en especial a implementar y dar presupuesto a la Política Nacional para el Desarrollo Integral de las Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas.
La Alianza por la Defensa de las Mujeres Rurales se pronunció sobre la realidad nacional en aspectos sociales, económicos, jurídicos, políticos, y sobre el seguimiento a los compromisos adquiridos por diferentes instancias nacionales de gobierno y organismo internacionales de cara al cumplimiento de normativas y acuerdos con los que se han comprometido.
“Cada 10 de diciembre, la Comunidad Internacional conmemora el Día de los Derechos Humanos (ONU), un ideal común por el todos los pueblos y naciones esforzarse a fin de adoptar medidas progresivas nacionales e internacionales para lograr su reconocimiento”, dijo.
“Paradójicamente, nuestro país está en franco retroceso en relación a los derechos y libertades fundamentales consignados en dicha Declaración, pues tenemos cifras de violencia contra las mujeres que son cada vez más alarmantes, entre otras vulneraciones”, agregó Recinos.
En cuanto al rompimiento de la legalidad constitucional, Recinos mencionó la Ley Bitcoin, Ley de Expropiaciones de Tierra por Utilidad Pública, Ley de Agentes Extranjeros y el enfoque privatizador de la Ley General de Recursos Hídricos, entre otros marcos normativos.
“Parece que el Gobierno está haciendo movimientos para blindarse y ser intocable con la mayoría en la Asamblea Legislativa, puede aprobar leyes a su beneficio. Comenzó con el órgano Judicial, por ser quienes determinar lo que es legal o no, y luego de la marcha del 15 de septiembre en donde hubo un fuerte pronunciamiento de todos los sectores sociales se hizo ver que no estamos de acuerdo con sus medidas”, sostuvo Recinos.
Sobre la violencia contra las mujeres expresaron su preocupación porque según registros oficiales, 8 de cada 10 mujeres han sufrido violencia a lo largo de su vida, que la mayoría de las agresiones son ejercidas hacia el cuerpo y la autonomía de las mujeres, en donde sus victimarios forman parte de sus círculos de confianza o familiares.
Al citar registros de la Fiscalía General de la República, reportó más de 2 mil denuncias por delitos de violencia sexual entre enero a septiembre del presente año, que significaría 8 agresiones sexuales diarias, que la población afectada en su mayoría son niñas y adolescente (75%). Y que entre enero a abril, se reportaron 306 mujeres desaparecidas siendo el 45% menores de 17 años.
Cristina Mira, del Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM), se refirió al “retroceso económico” al señalar que los grandes Capitales guardan silencio porque están en alianza con el Gobierno, para realizar negocios millonarios con leyes como la Ley del Bitcoin, Chivo Wallet y la propuesta de construcción de paraísos fiscales para altos inversionistas sin pagar impuestos y en detrimento de las mayorías. “Las economías familiares y las población en mayor condición de vulnerabilidad y exclusión social, sufren el incremento del costo de la Canasta Básica (34%/Defensoría del Consumidor), lo cual representa un mayor impacto en las mujeres rurales que son quienes deben resolver y garantizar que en su cada haya comida a diario”, explicó.
“Y la reacción del Gobierno antes los señalamientos o interpelaciones que hacemos las organizaciones sociales sobre este tipo de situaciones difíciles, responde con una Ley de Agentes Extranjeros, para limitarnos nuestro trabajo por su enfoque confiscatorio. Así como, el allanamiento a organizaciones hermanas violentando las garantías del Estado de Derecho”, indicó Mira.
Sobre los precios de la Canasta Básica en la zona rural, afirmaron que la libra de azúcar cuesta entre 0.70 a 0.75 centavos de dólar, que es el doble a su reciente precio. Y que el monto de la Canasta Básica, alcanzaba los 500 dólares, ahora serán alrededor de 700 dólares, el monto para comprar lo esencial de los alimentos de consumo diario. Al que se une bajos salarios mínimos, desempleo y sin ningún control de precios.
Guadalupe Esquivel, integrante de la Federación de Cooperativas de la Región Central (FECORACEN), demandó al Estado salvadoreño, en nombre de las mujeres rurales, indígenas y campesinas, a retomar la Política Nacional para el Desarrollo Integral de las Mujeres Rurales, con asignación de presupuesto digno y el reconocimiento a las mujeres como productoras agropecuarias.
“Queremos que se tomen acciones para frenar el alza de los productos de la Canasta Básica y las importaciones de productos sensibles como maíz y frijol. Que apoyen decididamente a las mujeres agricultoras salvadoreñas, mediante acceso a la tierra, servicios de salud y educación, así como protección frente a la violencia de género”, reiteró.
“A la Asamblea Legislativa, le exigimos que retome con urgencia la discusión abierta y transparente para ratificar la reforma a la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y también la discusión de la Ley General de Aguas para asignarle un enfoque de derechos humanos y de Cuenca”, reafirmó Esquivel.
La Alianza por al Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, declaró a la Comunidad Internacional y organismos internacionales de derechos humanos, a estar pendientes del constante bloqueo a las expresiones organizadas de la sociedad civil, el desmontaje del marco jurídico de la Constitución de la República y la persecución, criminalización y censura a los actores que no son afines al proyecto político oficialista del presidente Nayib Bukele.
