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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Estamos conscientes de que las mujeres representamos el 43% de la mano de obra agrícola del mundo, sin embargo, enfrentamos una profunda desigualdad en el acceso a la propiedad de la tierra, de medios de vida y una remuneración justa por nuestro trabajo”, dijo Breni Herrera, del IMU, que integra la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales.
En el marco del XII Congreso Nacional de Mujeres Rurales, que celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales, las organizaciones: FECORACEN, MSM, IMU, CCR, CRIPDES y LAS MÉLIDAS presentaron una serie de demandas al Estado salvadoreño y exigieron la erradicación de las desigualdades y exclusión social.
Herrera consideró como una brecha social, que las mujeres rurales aún no participen en la toma de decisiones ni el acceso a créditos, y tener acceso a servicios financieros y técnicos. No obstante, producen el 50% de alimentos en el mundo.
“En la actualidad, enfrentamos un franco retroceso y deterioro de la democracia salvadoreña, imposición de leyes que menoscaban la dignidad y derechos humanos, tendiendo un impacto más significativo en la vida de las mujeres, y aún más profundo en la ruralidad”, indicó.
Herrera agregó que “Desde marzo 2022, un régimen de excepción sin enfoque de derechos humanos, en el que no existe el debido proceso y las garantía a la defensa, que impacta a la población sin ningún vínculo con el Crimen Organizado. Régimen que ha sido prorrogado durante 18 meses por la bancada oficialista y sus aliados que controlan la Asamblea Legislativa”.
Sobre el sistema nacional de Salud, la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales denunció que desde la pandemia COVID-19, ha quedado en “evidencia la vulnerabilidad del sistema de salud”, y la carencia de personal médico idóneo para brindar atención médica integral.
A lo anterior se suma el costo de la vida, como el costo de la Canasta Básica Alimentaria, que ha llegado a 49.48 dólares (rural) y 54.68 dólares (urbano), es decir, un aumento del 25%, desde el costo que tuvo en el año 2019, lo que afecta la situación de nutrición y salud de la población más vulnerable.
Vera Bonilla, de la Movimiento Salvadoreño de Mujeres, exigió al órgano Ejecutivo una “revisión exhaustiva de las políticas públicas” que ha implementado a la fecha sobre desarrollo humano y protección de bienes naturales.
“Queremos que el MAG cumpla con lo establecido en la Política Pública para el Desarrollo Integral de las Mujeres Rurales, Campesinas e Indígenas, y reconozca a las mujeres campesinas e indígenas como productoras, y sean incorporadas al padrón de agricultores para tener acceso a proyectos productivos que incentiven la agricultura”, reiteró Bonilla.
En ese mismo orden, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le demandaron que “centre su trabajo en defensa de los bienes naturales”, y cese de entregar “permisos ambientales” al sector privado. “Sólo en el período de junio 2022 a mayo 2023 han sumado 1 mil 399 permisos”, alegó Bonilla.
Tatiana Oliva, de FECORACEN, invitó a la Asamblea Legislativa “a legislar para las grandes mayorías empobrecidas”, ya que estos grupos de la población se encuentran en una situación precaria por lo que debe ser atendida de manera urgente. “Lejos de atender los problemas reales de la población, siguen aprobando leyes por mandato de CAPRES, sin ningún análisis, discusión y consulta con la sociedad civil. Queremos que retomen la propuesta de una Política para impulsar la Agroecología y la Política para el Desarrollo Integral de Mujeres Rurales”, reiteró.
“De cara a la crisis alimentaria que vive la población y en donde el gobierno está dando la alternativa de solución de comprar alimentos a extranjeros, que son situaciones que agudizan la corrupción y falta de transparencia, le exhortamos a un compromiso real con los productores locales para poder comprar alimentos sensibles como son el maíz y el arroz”, reiteró Oliva.
En igual forma, pidieron al órgano Judicial retomar la jurisprudencia aprobada y vigente en el país, y que legisle bajo principios de “pronta y asistida jusiticia”, que cumpla con el debido proceso y que su independencia judicial le permite extender resoluciones apegadas a derecho.
“Lo de pronta y cumplida justicia y el debido proceso, lo decimos por las mujeres que han sido encarceladas y criminalizadas y que dentro de esos espacios están sufriendo diversas afectaciones de salud, que no son las mismas que puede sufrir un hombre”, acotó.
“Muchas mujeres privadas de libertad han tenido que dar a luz a sus hijos e hijas en condiciones de hacinamiento e insalubridad que ponen en riesgo tanto la vida de la madre como de la hija o hijo. Es por esto, que exigimos la aplicación de la Ley Nacer con Cariño y Ley Crecer Juntos, que promueve el despacho de la primera dama (Gabriela de Bukele”, subrayó Oliva.
La Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, demandó también que ISDEMU retome su papel como ente rector de las políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres. Y lanzaron un llamado a todas la mujeres y en especial del área rural para unificar esfuerzos que les permitan garantizar sus derechos y terminar con la exclusión social.
