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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
En el último año, cuatro mujeres fueron denunciadas después de buscar atención en el sistema de salud, tras sufrir emergencias obstétricas, estos hechos son similares al caso de Manuela, por el cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2021 condenó al Estado salvadoreño y le ordenó garantizar la atención integral en salud a las mujeres, quienes enfrentan emergencias obstétricas, evitar su denuncia y criminalización, y proteger el secreto profesional médico.
La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador y el Centro de Derechos Reproductivos, señalaron que estas cuatro mujeres enfrentan hoy la posibilidad de ir a prisión. A dos de ellas se les aplicaron los términos del Régimen de Excepción, que se imputa en delitos relacionados con el crimen organizado.
En los cuatro nuevos casos de emergencias obstétricas reportados, el personal de salud dio aviso a las autoridades policiales y judiciales antes de atender la urgencia médica en la que se encontraban las mujeres.
Incluso, dos de estos casos ocurrieron después de que el Estado publicara los Lineamientos Técnicos para el Cumplimiento del Secreto Profesional Médico, medida dirigida a cumplir supuestamente, con la Sentencia de Manuela, donde se prohíbe divulgar información confidencial de la paciente, y proteger de manera específica la información de casos asociados a salud sexual y reproductiva, en particular las emergencias obstétricas.
Las organizaciones también identificaron deficiencias en la implementación, que se reflejan en la falta de difusión y aplicación de los protocolos para la atención de emergencias obstétricas, así como en las inexistentes garantías para el secreto profesional médico. Tampoco se ha registrado ningún avance en la implementación de una currícula de educación sexual integral.
Manuela era una mujer de escasos recursos económicos, no sabía leer ni escribir, vivía en una zona rural junto con su familia en Cacaopera, Morazán, en febrero de 2008, estaba embarazada; el 27 de ese mismo mes sufrió una emergencia obstétrica y fue atendida en el Hospital de San Francisco Gotera. El personal médico concluyó que Manuela había tenido una preclamsia grave postparto, más anemia producida por pérdida de sangre importante.
La doctora que la atendió presentó una denuncia en contra de Manuela, ya que su cuadro médico mostraba la ocurrencia de un parto, sin embargo, no tenía producto; un día después de la emergencia obstétrica, la policía allanó su casa y encontraron al interior de una fosa séptica el cuerpo de un recién nacido muerto.
Manuela fue detenida ese mismo día por el delito de homicidio en perjuicio de su hijo recién nacido, y esposada a la camilla donde se encontraba. Entre marzo y agosto se llevó a cabo un proceso penal en contra de ella, y durante este tiempo permaneció detenida.
El 11 de agosto de 2008 el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera la condenó a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado. La sentencia quedó en firme el 26 de agosto del mismo año, porque no se presentó ningún recurso en su contra.
Estando detenida Manuela fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin y recibió tratamiento de forma tardía e irregular, falleciendo el 30 de abril de 2010.
Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto e integrante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, dijo que de acuerdo a la sentencia de Corte IDH, la criminalización de mujeres con emergencias obstétricas en El Salvador ocurre como parte de la penalización absoluta del aborto.
“El gobierno ha empezado a cumplir la sentencia, en este caso es un problema de voluntad política porque el personal médico sabe cómo atender a las mujeres y tiene herramientas, lo que necesita es formación para entender que no debe criminalizar a las mujeres y necesita una regulación clara que es prohibido para cualquier paciente que divulguen su historial clínico con fines punitivos”, externó.
Es fundamental que el acceso a la historia clínica se limite estrictamente a la información médica necesaria, aunque hasta la fecha, El Salvador no ha establecido mecanismos que garanticen este aspecto, el gobierno deja a la discreción del personal médico que pueda revelar la información.
Herrera explicó que en el caso de Manuela, el gobierno ha asumido una parte de la sentencia con respecto a la diversas medidas de reparación por parte del Estado, en cuanto a la salud y educación de los dos hijos que ahora ya son uno jóvenes.
Sin embargo, queda pendiente que el gobierno publique el resumen de la sentencia en el Diario Oficial y la sentencia completa en un periódico de mayor circulación y la página web de la Presidencia de la República.
Además, que el presidente en calidad de representante del Estado pida perdón a la familia, por la violación de derechos humanos a Manuela y hacer un reconocimiento público.
Hacen falta avances concretos en las medidas de no reparación, por ejemplo, la Corte le indicó al gobierno establecer un programa de educación integral en sexualidad reproductiva, el cual no ha cumplido sino hay retrocesos.
Desde septiembre de 2022 el Ministerio de Educación retiró los libros sobre violencia de género y educación sexual integral de los centros educativos, y eliminó las guías y demás materiales que existían en las plataformas web de dicho Ministerio.
