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Saúl Méndez
colaborador
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) presentó la investigación «Afectaciones de familiares de privados de libertad en el marco del régimen de excepción» con datos de los 1,000 casos recibidos por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), entre marzo de 2022 y septiembre de 2023.
El régimen de excepción se aprobó el 27 de marzo de 2022 como una respuesta del Gobierno para “combatir frontalmente” a las pandillas luego de un repunte de los homicidios.
El estudio determinó que el 62% de familiares son afectadas, principalmente mujeres.
En el informe se identifican afectaciones psicológicas, físicas y sociales entre familiares de las personas detenidas por el régimen de excepción. Además del impacto que han tenido las capturas en el grupo familiar.
Según el informe, el 51.7% de los familiares afectados mostraron síntomas de angustia, preocupación, tristeza, frustración y estrés.
En muchos de estos casos la ausencia de información ha provocado impactos psicológicos continuos y graves impactos económicos al asumir la manutención de los privados de libertad; además, de la labor de búsqueda sobre el paradero y el estado de salud de las personas detenidas.
La pérdida de apetito, disminución del sueño y el cansancio representaron el 75% de las principales afectaciones físicas entre los casos documentados.
Por otra parte, el 63.75% manifestó pérdida o deterioro en su red de apoyo social. Los impactos en el grupo familiar se destacan por la fragmentación del grupo familiar que representó un 38.69% de los casos. Mientras que otro 36.31% vio un deterioro en su proyecto de vida.
En el informe que ha presentado el OUDH se responsabiliza al Gobierno de El Salvador por las afectaciones a los familiares de personas privadas de libertad. El Observatorio considera que el Estado ha actuado con negligencia ante la urgencia de corregir los errores y tampoco ha dispuesto de programas para dar atención a las familias afectadas.
