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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“ Advertimos que en el año 2017 se mantienen los hechos de violencia contra las mujeres, según los datos de la Policía Nacional Civil. Existe reporte de 416 feminicidios, 11.3% menos respecto al 2016. Y tenemos mil 498 denuncias por diferentes delitos contra la libertad sexual”, dijo Delia Cornejo, de Las Mélidas.
La Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres (RED FEM), que integran la Mesa Sectorial de Salud Sexual y Reproductiva del Foro Nacional de Salud, Las Dignas, Las Mélidas y ORMUSA, expresaron su condena frente a las múltiples formas de violencia contra la mujer salvadoreña.
Delia Cornejo reiteró que la vulnerabilidad de las mujeres pueden revelarse en el ámbito privado y público, lo que se traduce posteriormente en formas y prácticas de discriminación y violencia para la mujer salvadoreña.
“Es una cultura de irrespeto e identificamos a los actores estatales que no perciben, como responsables directos, la garantía de no vulneración de derechos de las mujeres y las leyes, así como políticas públicas aprobadas que funcionan como un régimen de excepción, que perpetúa el problema”, acotó. Silvia Juárez de ORMUSA explicó que todas las instituciones de Estado deberán de realizar una contraloría y evaluación del cumplimiento de leyes, tales como la Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), Ley Especial Contra la Trata de Personas y el Decreto de creación de Tribunales Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.
“Hemos venido desde 2012, de un 15% a un 50% de tipificación, que todas las muertes violentas sean feminicidios porque la ley es clara, cuando afirma que si existe contra odio y menosprecio, relaciones de poder desigual, aprovechamiento de la vulnerabilidad de las mujeres, niñas o mujeres con discapacidad y toda la violencia sexual”, argumentó.
Morena Murillo de la Mesa Sectorial de Salud Sexual y Reproductiva instó al Estado en su conjunto a cumplir los mandatos de la función pública, como el irrestricto respeto a los derechos humanos de las mujeres y garantizar condiciones para la participación de participación ciudadana, políticas públicas y presupuestos estratégicos.
