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Oscar Campos Molina*
El acceso a la información pública es la obligación que tienen los servidores públicos para dar a conocer a la ciudadanía de manera clara y veraz la información relacionada al trabajo que se realiza dentro de la gestión pública. Todas las instituciones públicas y aquellas privadas que reciben fondos públicos, están obligados a permitir el acceso a dicha información. La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) aprobada hace poco más de cinco años, establece la obligación de dar acceso a esta información, sin embargo, no es el único cuerpo de Ley que obliga a transparentar la gestión pública; anteriormente las reformas aprobadas al Código Municipal que entraron en vigencia en el año 2006 modificaron el Título IX estableciendo la obligación directa a las municipalidades para permitir la participación ciudadana y la transparencia en la gestión municipal. El art. 125-A del referido Código, señala que “se entenderá por transparencia en la gestión municipal, a las políticas y mecanismos que permiten el acceso público a la información sobre la administración municipal“, siendo una obligación para las municipalidades y un derecho para los ciudadanos.
Pese a lo anterior, muchas de las municipalidades han mostrado a lo largo de los últimos años poco compromiso en cumplir con el Código Municipal y la LAIP, al punto que se han etiquetado como las instituciones públicas que menos acceso a la información pública permiten, esto según datos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que reflejan que entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de mayo de 2015, fueron 30 municipalidades las procesadas por recursos de apelación debido que no brindaron debidamente el acceso a la información a la ciudadanía.
Esta semana se conoció de la sanción impuesta por el IAIP al ex oficial de información de la Alcaldía Municipal de San Miguel en la gestión del ex alcalde Will Salgado, por no brindar acceso a información pública; así mismo se han conocido de diferentes señalamientos administrativos y hasta avisos legales en sede fiscal contra las Alcaldías de Concepción de Ataco y Tacuba ambas en Ahuachapán, la de Santa María en Usulután y San Alejo en La Unión.
A razón de números, cabe recordar una evaluación métrica en escala de 0 a 10 que se llevó a cabo en el mes de febrero de 2015 por Iniciativa Social para la Democracia (ISD), que verificó la publicación de información oficiosa a través de los portales web institucionales de 15 municipalidades a nivel nacional, encontrando que solamente 3 Alcaldías evaluadas alcanzaron un puntaje superior al 6, mientras que el restante 80% de las Alcaldías no lograron superar el 5 en la medición. En el mes de mayo de 2016, el IAIP realizó su “1er diagnóstico de 2016 sobre publicación de información oficiosa por parte de entes obligados”, evaluando en el cumplimiento de la LAIP a 9 Alcaldías de diferentes zonas del país, el resultado no fue muy alentador, pues el promedio de publicación fue bajo, 5.08 en la escala de 0 a 10. Posteriormente, en enero de 2017, ISD evaluó la publicación de información oficiosa en las 14 municipalidades del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), obteniendo como resultado que solamente dos municipalidades (Santa Tecla y San Salvador) nuevamente superaron el umbral de 6 en la escala.
Pero el dato más revelador de estas 3 mediciones, no es en si la cantidad de alcaldías que logran obtener un resultado más o menos aceptable; lo que más preocupa es que municipios emblema de desarrollo humano, catalogados como de los mejores para la inversión, con altos niveles de ingresos públicos a través de sus tributos municipales y con poblaciones altamente exigentes, no logren brindar el debido acceso a la información pública a sus ciudadanos, como es el caso de Antiguo Cuscatlán.
Éste municipio ubicado dentro del AMSS tiene una población estimada en más de 33 mil habitantes[1], y según el Informe 262 “Indicadores Municipales sobre Desarrollo Humano y Objetivos de Desarrollo del Milenio” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el año 2006, fue catalogado como el municipio con el más alto índice de desarrollo humano de El Salvador. Así mismo, el Índice de Competitividad Municipal (ICM) elaborado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) en el año 2010 ubicó al municipio como el más factible para establecer un negocio por su clima de inversión.
Pero nada de lo anterior es justificante para no dar información, y menos en materia de manejo de recursos públicos, donde la municipalidad de Antiguo Cuscatlán es una de las que mayor ingreso percibe en sus arcas municipales producto de la diversidad de la actividad económica que se realizan y la recaudación de los impuestos y tasas municipales. Según el Decreto N° 6 de fecha 23 de diciembre del 2009[2], la municipalidad de Antiguo Cuscatlán refleja en su presupuesto anual ingresos de más de $2.3 millones en concepto de impuestos municipales, $3.7 millones por tasas y $4 millones en empréstitos.
Otra fuente de ingresos para el municipio es también la asignación mediante las transferencias del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades de El Salvador (FODES), que para en el año 2016 superaba los $1.8 millones, siendo la 7ª asignación más alta de entre más de una veintena de alcaldías en el Departamento de La Libertad. Según datos oficiales, el presupuesto municipal de Antiguo Cuscatlán ronda los $22 millones anuales, sin embargo en su portal web, la información relacionada al manejo que se hace año con año de ese presupuesto no se encuentra disponible o se encuentra desactualizada. Los Informes contables de la ejecución presupuestaria que según la LAIP deben publicarse cada seis meses y deben detallar los ingresos, donaciones, financiamientos, egresos, modificaciones y transferencias externas que recibe la municipalidad; los informes finales de auditoria externa que se practican en el año, el registro de todas las contrataciones realizadas en los últimos diez años y de las contrataciones y adquisiciones formalizadas o adjudicadas durante el año fiscal tampoco se encuentran disponibles para su consulta y conocimiento de la ciudadanía.
Una de las obras más comentadas de esta gestión municipal fue la construcción del Palacio Municipal, al buscar la información presupuestaria concerniente a esta obra, en el Portal de Transparencia[3] Municipal de la Alcaldía, se encontró que el registro de obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos se encuentra desactualizado ya que únicamente están reportadas las obras del año 2011. Otro dato que llama poderosamente la atención es que al verificar la información del costo del proyecto, éste se incrementó en más de $1 Millón en relación al contrato original.
Genera mucha preocupación que un municipio con tantas virtudes, capacidades y recursos, sea uno de los menos transparentes, aún más preocupa cuando al hacer una revisión de los últimos casi 30 años, la alcaldía municipal ha sido gobernada por un único partido político que desde 1988 ha ganado todas las elecciones consecutivas convirtiéndose en el consejo municipal con mayor continuidad en el país.
Por esta razón no se concibe la idea que una administración municipal que cuenta con los recursos financieros, de capital humano y que goza de una gran estabilidad política debido a la permanencia de su titular al frente, no logro cumplir en plena forma el derecho de acceso a la información pública que tienen todos y cada uno de sus ciudadanos.
*Área de Transparencia de Iniciativa Social para la Democracia (ISD)
