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Luis Colato
Educador
Una investigación sobre el estado de excepción en nuestro país realizada por Al Jazeera apenas semanas atrás, develo no sólo los alcances que éste ha tenido en la población, como otras situaciones que en principio no se esperaron los periodistas encontrar.
Los periodistas acompañaron en sus pesquisas a las patrullas, en zonas populosas de la capital, donde fueron testigos de cómo estas acceden a los hogares de las personas, amparadas en un marco legal que les permite esto como la detención de ciudadanos, bajo premisas que van desde la apariencia hasta la impresión que les cause la persona bajo vigilancia.
Es decir, fueron testigos de cómo no es la evidencia sino los prejuicios y las arbitrariedades las que se imponen en el marco de los nebulosos parámetros que se aplican contra la criminalidad.
Pero además pudieron apreciar y confirmar lo que sabemos casi desde iniciado el estado de excepción: la detención de ciudadanos inocentes, la tortura a la que han sido sometidos, y la consecuente muerte de centenares de estos.
Peor aún, descubrieron una de las mutaciones en las que ha degenerado la pandilla.
En el devenir de la investigación, estos periodistas ubicaron a algunos testigos que señalaron como la detención de sus familiares, fuera consecuencia de ser directamente implicados por pandilleros, y dentro de una aparente relación con el estado para el cual habrían asumido el papel de colaboradores.
La colaboración reside en precisamente denunciar a sus antiguos compinches, así como a aliados de las pandillas, por lo cual habrían sido beneficiados asignándoles el rol de testigos criteriados y conmutada su pena.
En tal papel estos habrían recurrido de nuevo a la extorsión, exigiendo dinero a cambio de no denunciar a sus vecinos ante las autoridades.
En este punto debemos acotar cuán vulnerable es la población por simplemente desconocer sus derechos, desconocer la ley, por lo que cualquiera puede manipularlos dentro del marco del régimen de excepción.
La investigación supone entonces la muerte de varios ciudadanos que bajo esta modalidad habrían sido detenidas en los centros penales, donde las torturas habrían terminado con ellas, siendo recuperados sus cuerpos solo después de varios meses.
Un detalle más es que las víctimas de ese tipo de extorsión, al mostrar a los fiscales las grabaciones telefónicas de estos pandilleros, donde estos incluso se auto inculpan abiertamente, no habrían sido atendidas por estos, negándose así la investigación.
Entonces nos encontramos ante una nueva modalidad de colaboración entre el estado y el terrorismo doméstico, donde ambos suponen beneficios al igual que antes.
Lo verdaderamente grave es que además el régimen de excepción es una propuesta electorera, sin desviar la atención a las causales del fenómeno de la violencia social, por lo que llanamente continuará en formas como la descrita y otras, en total menoscabo de los intereses del estado o de los recursos tanto humanos como materiales dedicados a la erradicación supuesta de ellas, lo que se patenta en esta investigación, pues la evidencia apunta que no es un interés real del régimen, y si asegurar el poder.
