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Por Nina Lamparski
Viena/AFP
Naciones Unidas y Colombia firmaron este viernes un gran acuerdo para erradicar el negocio de la cocaína en el país sudamericano, en el marco de los esfuerzos de paz entre el gobierno y las guerrillas.
El acuerdo prevé invertir 315 millones de dólares para alejar a los agricultores del cultivo de coca, con la que se elabora la cocaína, y orientarlos hacia otros tipos de cultivo, como el café o el cacao.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con sede en Viena y que lidera la iniciativa, indicó que se trata del «mayor intento» en el mundo de alejar a las comunidades rurales del negocio de la droga.
Según datos de Naciones Unidas, Colombia es el mayor productor de coca del mundo. El año pasado, las superficies cultivadas de coca en el país aumentaron un 52%, hasta 146.000 hectáreas.
«Este acuerdo histórico es una oportunidad única para cambiar el rumbo del cultivo de coca y ayudar a los agricultores a adoptar un desarrollo alternativo», dijo el director de la UNODC, Yury Fedotov, en un comunicado.
Por su parte, el alto consejero para el posconflicto en Colombia, Rafael Pardo, se congratuló por un paso «fundamental» para hacer efectivo el acuerdo de paz de junio entre el gobierno de Bogotá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Durante décadas, las FARC, el mayor grupo rebelde del país, financiaron el tráfico de droga gracias a su control de las zonas de cultivo. Según el acuerdo de paz, los rebeldes se comprometen a desarmarse y a alentar a los agricultores a buscar cultivos alternativos.
A cambio, la ONU estableció una nueva misión en Colombia para ayudar a miles de exguerrilleros de las FARC a volver a la vida civil. El Estado colombiano también prometió incentivos a los agricultores que abandonen el negocio de la coca.
Pero, hasta ahora los avances han sido lentos y algunos exguerrilleros están tentados de unirse a grupos disidentes, conservar sus armas y seguir traficando drogas.
El resultado es que mucho habitantes de los pueblos sufren amenazas de disidentes armados que siguen cultivando coca.
«La reducción de las áreas de cultivo de coca no es una tarea fácil en términos administrativos o logísticos, y tampoco lo es porque se trata de reducir los ingresos ilegales de un grupo ilegal», dijo a la AFP Rueda, que también es ministro de Trabajo del gobierno de Colombia.
Los cultivadores acusan por su parte al gobierno de incumplir sus promesas, mientras que los equipos que se dedican a erradicar cultivos se enfrentan al peligro de las numerosas minas que protegen los campos de coca.
