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Por Leonel Herrera*
El “Colectivo Libertad” pidió la semana pasada a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) crear una comisión de seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Paz y verificar la situación de los veteranos, veteranas y ex combatientes del conflicto armado.
Dicha solicitud está motivada por el desmontaje de la institucionalidad propiciada por los Acuerdos de Paz y la persecución judicial contra veteranos y ex combatientes impulsadas por el régimen de Nayib Bukele, frente a lo cual los solicitantes sostienen que Naciones Unidas debe intervenir.
“Como instancia mediadora, facilitadora y garante de los Acuerdos de Paz, la ONU no debe ser indiferente ante este atropello sistemático contra los derechos, la dignidad y la memoria de quienes fuimos partícipes de estos históricos acuerdos que ahora son violentados flagrantemente por esta política de persecución”, dice la carta dirigida a Raúl Salazar, el representante residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador.
El “Colectivo Libertad” señala que esta estrategia de persecución efectuada por la Fiscalía y el Sistema Judicial cooptados por el gobierno “tiene entre sus grupos objetivos claramente definidos a los veteranos, veteranas y ex combatientes del conflicto armado”.
Según la denuncia de esta agrupación de veteranos y ex combatientes, la descalificación, estigmatización y criminalización de este sector “coincide con la narrativa gubernamental que niega o resta importancia a los Acuerdos de Paz y a todo lo que éstos significaron en materia de desmontaje del militarismo y de apertura democrática en el país”.
Entre los casos de persecución política contra veteranos y ex combatientes mencionan la captura y encarcelamiento de los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, la criminalización de los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES y el doble proceso judicial contra el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas.
La Fiscalía acusa a los directivos de la Alianza El Salvador en Paz de planificar supuestos “actos terroristas” durante la toma de posesión inconstitucional de Bukele en junio de 2024; a los activistas ambientales los vincula un supuesto asesinto en 1989; y al ex presidente del TSE lo ha procesado por supuesto “enriquecimiento ilícito”.
Según el “Colectivo Libertad”, la verdad es otra: los dirigentes de la Alianza y al ex presidente del TSE son perseguidos por sus posturas críticas contra el gobierno, y los activistas ambientales de Cabañas están criminalizados por denunciar y alertar al país sobre la reactivación de la minería metálica.
La misiva denuncia que entre los procesados hay dos firmantes de los Acuerdos de Paz: Fermán Cienfuegos, en el caso “Santa Marta”; y Atilio Montalvo, en el proceso contra la Alianza. Advierte que Montalvo enfrenta una grave situación de salud y podría morir en prisión si no es excarcelado para recibir la atención médica que necesita de manera urgente.
Por eso califica como urgente la petición, “antes de que algún firmante de la paz muera en prisión y que otros veteranos o ex combatientes sean criminalizados y encarcelados”. Otro prisionero político que también sufre una situación delicada de salud es José Santos Melara, ex jefe guerrillero, ex diputado y dirigente social conocido como “Pepe”.
En la acusación contra Montalvo, “Pepe” y los demás veteranos de la Alianza El Salvador en Paz ha sido incluido injustificadamente el joven Luis Alberto Menjívar, líder comunitario y comunitador de organizaciones sociales.
Entre los aspectos graves de la persecución contra los veteranos y ex combatientes, la carta destaca que, en la acusación penal contra los activistas antimineros, la Fiscalía define como “asociaciones ilícitas” a las organizaciones beligerantes del conflicto armado, lo cual violenta la Declaración Franco-Mexicana, la Ley de Reconciliación Nacional y los Acuerdos de Paz que reconocieron y legitimaron a dichas organizaciones.
En tal sentido, advierte que “una condena contra los activistas ambientales de Cabañas sentaría un nefasto y temerario precedente jurídico que criminalizaría automáticamente a todas las personas que pertenecieron o colaboraron con dichas organizaciones”.
Los veteranos y ex combatientes señalan que la persecución judicial en su contra también se realiza en el marco del “régimen de excepción” que, con tres años de implementación, se ha convertido en un estado permanente de suspensión de garantías constitucionales para toda la población salvadoreña.
Al respecto denuncian que en este marco “se han cometido graves violaciones de derechos humanos contra personas inocentes o que no tienen ninguna relación con los referidos grupos criminales”. Recuerdan que “estos abusos también han sido señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por instancias de la propia ONU”.
“Organizaciones como Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA y el Socorro Jurídico Humanitario han documentado miles de capturas arbitrarias, cientos de asesinatos en las cárceles y numerosos casos de torturas, violaciones sexuales y otros vejámenes cometidos al interior de los centros penitenciarios”, señala la misiva.
Los veteranos y ex combatientes denuncian que el régimen de excepción “es utilizado para mantener un clima de miedo e intimidación hacia la población, especialmente contra quienes denuncian injusticias y violaciones de derechos humanos o contra quienes el gobierno considera “opositores”.
“A estas voces críticas o disidentes del relato oficial se les criminaliza y persigue judicialmente, procesándoles con disposiciones del régimen y otras normativas aplicables a grupos criminales”, reza la nota entregada a Naciones Unidas.
La ONU presentó los Acuerdos de Paz y la democratización del país como un ejemplo para el mundo. Sin embargo, ahora guarda silencio ante los graves retrocesos democráticos y la persecución contra los veteranos y ex combatientes.
La ONU sólo se ha pronunciado contra la criminalización de los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES, a través de la Relatoría Especial sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. La relatora Mary Lawlor ha pedido en varias ocasiones al Estado salvadoreño que retire los cargos y los libere definitivamente.
Esperemos, pues, que la petición de los veteranos, veteranas y ex combatientes salvadoreños sea atendida de manera oportuna por las Naciones Unidas.
Ojalá que así sea.
*Periodista y activista social.
